Por Antonio Rossi
La lista de funcionarios que abandonan el Gobierno de Javier Milei sigue subiendo. A la reciente salida de Fernando Vilella de la Secretaría de Bioeconomía se ha sumado ahora la renuncia del titular de Vialidad Nacional, Raúl Bertola, elevando a 52 la cantidad de funcionarios que se fueron de la administración libertaria en apenas siete meses de gestión.
Si bien la nota de renuncia alega motivos personales; la salida de Bértola--extitular de ente vial de la provincia de Córdoba durante la gestión de Juan Schiaretti—se debería al fuerte recorte de fondos que registra el organismo vial y a la imposibilidad de llevar adelante un plan mínimo de obras para atender los problemas más críticos que presenta la red vial nacional.
De acuerdo con las primeras versiones que circulan en el ámbito de Vialidad, el remplazante de Bértola que ha empezado a sonar sería un integrante de la familia Menem proveniente del entorno de Eduardo "Lule" Menem, el subsecretario de Gestión Institucional y hombre de confianza de Karina Milei que ejecuta las principales decisiones que se toman en la Secretaría General de la Presidencia.
La cancelación de las obras de infraestructura y el recorte en las partidas presupuestarias que viene aplicando el ministro de Economía, Toto Caputo dejaron a Vialidad Nacional sin margen de acción, ni capacidad económica para poder desempeñar sus tareas operativas básicas.
A comienzos de año, las autoridades de Vialidad habían solicitado una partida presupuestaria para 2024 de $ 730.000 millones para poder realizar las obras más urgentes de arreglo y mantenimiento de las rutas que están bajo su órbita. Pero en la práctica, la administración mileísta resolvió mantener vigente el mismo presupuesto de 2023 que establece una partida de $ 475.000 millones, la cual ni siquiera se ha estado girando de manera regular.
A eso se añadió el hecho de que Caputo también decidió bajar al mínimo las transferencias automáticas que Vialidad venía recibiendo de la recaudación del gravamen a los combustibles y del impuesto PAIS.
Con la asistencia económica que recibe mensualmente, solo puede afrontar el pago de sueldos, viáticos y trabajos menores de mantenimiento en las rutas más deterioradas.
En febrero, la petrolera YPF le había cortado el suministro de combustibles por falta de pago y durante dos semanas la mayor parte del parque móvil y de maquinarías de la repartición quedó fuera de servicio.
El organismo cuenta actualmente con un plantel de 5.600 agentes, entre personal jerárquico, técnico y operativo. Inicialmente, el ex Jefe de Gabinete, Nicolas Posse le había impuesto a Bertola que ejecute un primer ajuste laboral para desvincular a 355 empleados junto con la implementación de un plan de retiros voluntarios.
A raíz de la carencia de fondos y las demoras administrativas, la reducción de personal no superó los 200 despidos con “causa justificada” de personas que estaban procesadas, que iban a trabajar una vez por semana o que cobraban planes sociales en forma simultánea con sus funciones en la repartición.
Además de la falta de recursos económicos, otro motivo de la salida de Bertola sería la decisión tomada por la Casa Rosada de transferir varios tramos de rutas nacionales a las provincias para que se hagan cargo del mantenimiento y las obras de mejoras.
Por esa movida ajena al organismo, Bertola fue duramente cuestionado por la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AGPPSVN) que le advirtió que "avanzar con la provincialización de las rutas vulnera la esencia de la normativa vigente que dio origen a Vialidad y trae como consecuencia la desintegración de la red vial federal".
Esa entidad también puso sobre el tapete que la escasez de fondos dejó al organismo sin los recursos mínimos para poder afrontar dos tareas claves vinculadas con la seguridad vial y el cuidado de las rutas.
Por un lado, se interrumpió la inspección y relevamiento de los todos los puentes de la red vial nacional. Según denunció la AGPPSVN, "por la falta de partidas se ha visto paralizado el programa de gestión del mantenimiento de más de 4.000 puentes y obras de artes mayores, que totalizan unos 240 km. de estructuras distribuidas en todo el país equivalente a un patrimonio de US$ 5.500 millones".
Por otro lado, dejaron de funcionar alrededor del 70% de las estaciones de pesos y medidas que controlan los excesos de cargas de camiones y que deberían estar activas en forma permanente con la presencia de personal policial o de Gendarmería.
Nota Editada en LetraP
