Por Antonio Rossi
A menos que decida llevar el caso a una situación límite con la aprobación del DNU, el Gobierno de Javier Milei no cuenta con las herramientas legales para poder implementar las salidas extremas para Aerolíneas Argentinas que salieron a plantear el vocero presidencial, Manuel Adorni y el expresidente, Mauricio Macri.
En medio de una nueva escalada del conflicto salarial con los gremios aeronáuticos, la Casa Rosada y el líder del PRO tiraron sobre el tapete cuatro alternativas de alto impacto para doblegar a los sindicalistas del sector y normalizar el funcionamiento de la Aerolíneas Argentinas.
Sin admitir preguntas, ni brindar mayores precisiones; Adorni anunció que “el Gobierno inició conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de la operación Aerolíneas en caso de que continúen las extorsiones de los gremios”.
Por su parte, Macri salió reclamar un “plan de desarme urgente” de Aerolíneas Argentinos que incluya alguna de las siguientes opciones: un proceso de quiebra, la escisión en dos o más firmas nuevas o una rápida reducción y liquidación de activos.
Más allá del ruido político y el agravamiento de la disputa con los pilotos y aeronavegantes que generaron esos planteos de las filas libertaria y macrista; abogados del sector consultados por LetraP advirtieron que ninguna de las alternativas en danza podría llevarse a la práctica con el actual marco legal y las reglas de juego vigentes.
Aunque no haya hablado concretamente de una venta, la entrega de la “operación” de Aerolíneas a una compañía privada que propuso Adorni consistiría una suerte de “privatización” que el Gobierno solo podría concretar con una ley del Congreso.
La administración mileísta previó esa salida en el proyecto de la Ley Bases que había enviado al Parlamento. Pero ante la resistencia de la mayoría de los legisladores que amenazan con rechazarle esa megaley, el Gobierno decidió quitar a Aerolíneas de la lista de las empresas a privatizar.
En términos legales, la única transferencia accionaria de Aerolíneas que hoy podría concretar el Poder Ejecutivo es la que está prevista en DNU 70/23. Por medio de los artículos 246 y 248, Milei quedó autorizado para “ceder parcial o totalmente el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas, a los empleados de las respectivas empresas de conformidad con el Programa de Propiedad Participada”.
Ante una consulta de LetraP, desde un estudio especializado derecho administrativo y aerocomercial precisaron que, sin una ley específica, la única vía para ceder la empresa a manos privadas que tendría el Gobierno es un DNU que podría recibir numerosas demandas en contra en la Justicia.
La misma situación se registra con las variantes que impulsa Macri que también requieren de un sostén legislativo y respaldo del Congreso que hoy no existen.
En el escenario normativo actual, el que está en falta es el propio Gobierno al no cumplir dos artículos claves de la ley 26.466 que permanecen vigentes. Uno le ordena “garantizar la continuidad y seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga; el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes” de Aerolíneas Argentinas y sus empresas controladas”.
Y el otro establece que “para garantizar la prestación de los servicios, su ampliación y mejoramiento; el Poder Ejecutivo Nacional deberá instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras” de Aerolíneas y sus controladas.
Nota Editada en LetraP
