Por Antonio Rossi
Más allá del exagerado relato oficial que se atribuyó haber terminado con una serie de privilegios y la decisión gremial bajar los decibeles y cederle el protagonismo al Gobierno de Javier Milei; el acuerdo que alcanzaron Aerolíneas Argentinas y los sindicatos de pilotos (APLA), tripulantes de cabina (AAA) y personal aeronáutico (APA) dejó sobre el tapete tres cuestiones salientes.
En primer lugar, tanto la administración mileísta, como los dirigentes gremiales lograron destrabar un conflicto salarial iniciado en mayo que ya había acumulado varios problemas operativos y cancelaciones que generaron un marcado malestar de los pasajeros y un encono creciente de la gente contra los empleados de la aerolínea de bandera.
La empresa conducida por Fabián Lombardo y los sindicatos acordaron una especie de “paz social” hasta la finalización de la temporada veraniega durante la cual no habría medidas de fuerzas que entorpezcan los vuelos.
A la Casa Rosada, esa “tregua temporaria” le viene bien para mostrar que logró imponerles a los gremios la eliminación de supuestos “beneficios” y modalidades laborales que le impedían a la empresa reducir sus pérdidas operativas. Además, le otorga un mayor margen de tiempo para sondear en el mercado aerocomercial si es posible realmente llevar adelante un intento de venta que saque a la compañía de la órbita estatal.
Por el momento, el Gobierno no cuenta con la cantidad de votos a favor que necesita en el Congreso para aprobar el proyecto de ley que habilite la privatización de la empresa.
A su vez, la opción extrema de avanzar con un “Procedimiento Preventivo de Crisis” que plantearon desde el entorno de Milei para despedir personal y cerrar la compañía no ha pasado de ser una amenaza. Si bien ha servido para presionar a los gremios, su ejecución en la práctica resultaría sensiblemente negativa porque provocaría que varios destinos provinciales que atiende Aerolíneas sin queden sin servicios y que el Gobierno tenga que afrontar un elevado costo económico y social en materia de conectividad, transporte y turismo. Según un reciente trabajo de la Fundación Fundar –que preside Sebastián Ceria--, la quiebra de Aerolíneas implicaría para el Estado un desembolso de US$ 7.614 millones en indemnizaciones, pérdidas patrimoniales, pasivos comerciales, cancelación de leasing de aviones, devolución de pasajes y demandas de acreedores.
En tanto, para los gremios el hecho de haber encarrilado la cuestión salarial hasta marzo del próximo año equivale a seguir ganando tiempo para tratar de mantener en pie a la empresa bajo el paraguas estatal y, llegado el caso, estar en una posición de fuerza más sólida que la actual para sentarse a negociar los términos y condiciones de una posible privatización.
El segundo punto relevante del acuerdo de Aerolíneas con los gremios que ha quedado en la mira es el referido al aumento de sueldos. Según la empresa y la Secretaría de Transporte que comanda Franco Mogetta, la mejora otorgada llega solo a un 16%. Pero fuentes gremiales consultadas por LetraP admitieron que, por la actualización de viáticos y otros componentes salariales, los incrementos reales tienen un piso garantizado de 20% y en determinados casos pueden alcanzar hasta un 40% con respeto a los sueldos vigentes.
Junto con las nuevas escalas salariales que corren desde noviembre, los empleados de los tres gremios que tenían sus haberes congelados desde mayo también van a cobrar una suma retroactiva equivalente a los aumentos que no recibieron en los últimos seis meses. A diferencia de otras paritarias donde se suele “agrandar” para las subas logradas, en este caso los representantes sindicales optaron por mostrarse conformes en silencio y dejar que corra el relato oficial sobre el alcance de los aumentos.
El tercer aspecto del acuerdo en juego es el vinculado con las modificaciones de las “condiciones laborales” que según la gestión libertaria “se encontraban fuera de los estándares de la industria y no permitían mejorar la productividad de la empresa”.
Todos las adecuaciones y eliminación de restricciones laborales que anunció el Gobierno no son de aplicación inmediata. Para que entren en vigencia tienen que ser refrendadas en el ámbito de las “mesas técnicas” que debe convocar Aerolíneas y luego incorporadas a los convenios colectivos de cada gremio.
A priori, según especialistas del sector, habría algunos puntos que el Gobierno ya dio por hechos que no se encuadrarían dentro de los límites y protocolos de seguridad y condiciones de trabajo que marcan las normas internacionales.
En cuanto al supuesto “ahorro” o el ingreso adicional que tendría la empresa por los cambios en danza, los números oficiales indican que rondarían en US$ 10 millones anuales, algo menos del 10% del déficit operativo previsto para este año.
En la lista de los principales cambios que el Gobierno pregona como un gran triunfo figuran las cancelaciones de los pasajes bonificados a familiares y los traslados en remises a cargo de la empresa que en la práctica van camino a tener un impacto relativo.
En el caso de los pasajes vacacionales con tarifa mínima que tienen los pilotos, lo que se pactó es dar de baja la confirmación previa y automática de asientos. Ahora, ese beneficio queda sujeto a los espacios disponibles en cada vuelo. En cuanto a los remises, se acordó su eliminación después de verano, pero con el pago de un nuevo viático compensatorio para que los empleados puedan cubrir los costos de traslados entre sus hogares y las terminales aéreas.
Nota Editada en LetraP
