Por Antonio Rossi
El área de Vialidad Nacional (VN) volvió a quedar en la mira por una nueva disputa interna que involucra a autoridades y dirigencias gremiales del sector que conforman el gobernante Frente de Todos. Emulando el planteo extremo de Javier Milei, que apunta a cerrar las empresas estatales, el Sindicato de Trabajadores Viales -el más numeroso del sector- salió a exigirle al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y al titular de VN, Gustavo Arrieta que “disuelvan en forma urgente” la empresa Corredores Viales SA, a cargo de la operación de las estaciones de peaje de las principales rutas nacionales y la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas.
El reclamo de la representación gremial vial –que pilotea la kirchnerista Ana María Aleña y forma pate de la CATT, el conglomerado de sindicatos del transporte que comanda el clan Moyano- incluyó una denuncia por el manejo de los fondos y licitaciones de Corredores Viales (CV) y advirtió sobre un "plan de lucha" en caso de que no prospere el cierre de esa empresa que funciona como una sociedad anónima, pero con los recursos económicos que aporta el Estado y Vialidad Nacional.
Al fundamentar el pedido de eliminación de Corredores Viales, la dirigencia gremial recordó que se trata de “una sociedad comercial de derecho privado que asumió competencias que no le son propias y que fue creada como una Vialidad Nacional paralela para regir los contratos de concesión de obra pública con una legislación ajena que no se ajusta a ley de procedimientos administrativo, el régimen de contrataciones de la administración pública y la ley de obras pública”.
La agrupación sindical vial advirtió también que la empresa que encabeza el sciolista Gonzalo Atanasof no cubre sus costos operativos con la recaudación de las cabinas y necesita, cada vez más, el auxilio económico de Vialidad para pagar sueldos y las obras de mantenimiento que tiene a su cargo.
En 2021, CV recibió una asistencia gubernamental de $12.300 millones para afrontar su déficit operativo. El año pasado, la empresa tuvo un total de gastos operativos de casi $ 28.000 millones y con la recaudación por peajes e ingresos colaterales sólo alcanzó a cubrir el 51% de ese monto.
La embestida gremial se terminó de definir a fines de marzo cuando el organismo vial y la cartera de Obras Públicas deslizaron la intención de cederle a CV la operación y mantenimiento de las variantes y los tramos habilitados de la Autopista Presidente Perón; el tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que conecta 12 municipios bonaerenses y cuyos fondos para las obras salen del presupuesto de Vialidad.
“La Autopista Presidente Perón tendrá una función importantísima y se quieren entregar los nuevos tramos a una sociedad anónima burocrática y paralela a Vialidad que generará contratos millonarios de mantenimiento sobre una traza en la que solo tendrán que cortar el paso o hacer inversiones mínimas”, remarcó el documentó que la gremial elevó a las autoridades gubernamentales.
Herencia macrista y promesas incumplidas
Corredores Viales SA fue creada en octubre de 2017, durante la administración macrista, por iniciativa del entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Tenía como objetivo inicial hacerse cargo de estatización del acceso Riccheri-Ezeiza-Cañuelas que estaba en manos de un consorcio liderado por el empresario kirchnerista Cristóbal López. Pese a las promesas de disolución de quienes conformaban los equipos técnicos y de especialistas viales del FdT durante la campaña electoral de 2019, la administración de Alberto Fernández mantuvo en pie a Corredores Viales y, en los últimos tres años, convirtió a la compañía en una operadora clave del negocio de los peajes.
Bajo la figura de una sociedad anónima que tiene como accionistas al Ministerio de Obras Públicas (51%) y a Vialidad (49%), la empresa se hizo cargo de las concesiones de rutas nacionales que venían de la época menemista y de los PPP viales heredados de la gestión de Mauricio Macri.
Desde su nacimiento, la dirigencia de la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad salió a cuestionar CV por considerar que existía una superposición de funciones con el organismo vial y también por sus costos operativos y salariales elevados. Tras una primera actitud contemplativa, y luego de recibir el respaldo de todas las filiales provinciales en un congreso nacional, ahora es la conducción gremial de quienes trabajan en el sector vial la que lanzó una nueva ofensiva contra CV.
Conflicto colateral
Más allá del desafío político que implica para el oficialismo afrontar una campaña electoral jaqueado por la incertidumbre económica, la exclusión de CV que impulsan quienes trabajan en el organismo vial promete disparar un otro conflicto interno con el gremio de los peajistas que lidera Facundo Moyano.
A raíz de la incorporación de los planteles operativos de las concesionarias privadas que fue absorbiendo, Corredores Viales tiene actualmente cerca de 3.500 personas empleadas, en su gran mayoría afiliadas al Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA). Además de tener la representación gremial, el hijo de Hugo Moyano y exdiputado nacional logró colocar en la cúpula directiva de CV al vocal segundo de la representación sindical, Federico Sánchez.
A contramano de la jugada de la central sindical vial, Moyano, Sánchez y Atanosof vienen delineado una posible expansión de la empresa y, según fuentes del sector, podría concretarse antes de que llegue la nueva administración a la Casa Rosada. En tridente busca quedarse con las concesiones de la autovía mesopotámica y el puente Rosario-Victoria, que expiran en el segundo semestre, y también con los accesos Norte y Oeste, cuyos contratos enfrentan una doble demanda de nulidad en la Justicia impulsada por Arrieta y Katopodis.
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