Por Antonio Rossi
El combo de normas y resoluciones que dio paso a los recientes ajustes tarifarios destinados a mejorar los ingresos específicos de las distribuidoras de gas vino acompañado de un conjunto de cláusulas operativas que regirán el desempeño de las empresas hasta fin de año y dejarán en manos del próximo gobierno que asuma en diciembre la adopción las medidas de fondo para la regularización definitiva de las bases y condiciones contractuales de las concesiones.
A diferencia del trámite más directo y acotado que tiene el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) a la hora de aprobar los incrementos tarifarios de las distribuidoras y transportistas eléctricas, las recomposiciones de tarifas para las operadoras del servicio gasífero deben pasar por un largo y engorroso proceso administrativo y regulatorio en el cual intervienen el Enargas, el Ministerio de Economía, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Procuración del Tesoro de la Nación.
Esta vez, el cumplimiento de todos los pasos y la obtención de las distintas firmas que debían convalidar las subas tarifarias demandaron casi cuatro meses de tiempo tras la realización de la audiencia pública que había tenido lugar a principios de año.
Luego del informe final de la audiencia pública que elaboró la intervención del Enargas que conduce Osvaldo Pitrau, cada una de las distribuidoras -Metrogas, Naturgy, Gasnor, Litoral Gas, Gasnea, Gas Cuyana, Gas del Centro, Camuzzi Pampeana y Camuzzi del Sur- tuvo que suscribir y ratificar con el organismo de control y el ministerio de Economía una nueva "Addenda del Acuerdo Transitorio de Renegociación Tarifario".
A continuación, entraron a tallar las autoridades de la Sigen y la Procuración que, tras una serie correcciones y aclaraciones, terminaron de darle el visto bueno a esos convenios transitorios.
Cuáles son los aumentos en la tarifa de gas
El siguiente paso fue la ratificación definitiva de todas las addendas por medio del decreto 250/23, el cual fue firmado el último día hábil de abril junto con las resoluciones específicas del Enargas que aprobaron los nuevos valores de los cargos fijos de las facturas que irán a engrosar las cajas de las distribuidoras.
Para los clientes residenciales de bajos ingresos encuadrados en el Nivel 2, el aumento del cargo fijo llegará al 56,2%. En tanto, para los hogares de clase media que quedaron agrupados en el Nivel 3, el incremento será del 70,9%. Y en el caso de los usuarios de mayores ingresos del Nivel 1, la suba prevista en el cargo fijo de la factura trepará al 114,6%.
Más allá de esos aumentos -que tendrán un impacto final en las boletas del 18% al 37%-, el esquema operativo con las gasíferas que delineó la administración de Alberto Fernández para lo que resta de su gestión presenta cuatro aspectos llamativos.
En primer lugar, determina que las distribuidoras tienen que seguir prestando el servicio "en condiciones de calidad y seguridad", pero sin la obligación contractual de ejecutar nuevas inversiones para modernizar las redes y extender el servicio.
En segundo lugar, establece que sólo hasta los últimos meses de 2023 las empresas deberán mantener la suspensión de las acciones y demandas legales que tengan en curso contra el Estado. Si para antes de diciembre no llega a estar aprobado y firmado el "Acuerdo Definitivo de Renegociación Contractual y Tarifaria", tanto la empresa como los accionistas controlantes "quedarán en libertad de retomar todas las acciones judiciales suspendidas e iniciar las que considere apropiadas".
En tercer lugar, las nuevas addendas morigeraron parcialmente las prohibiciones vigentes que impiden a las gasíferas "distribuir dividendos, adquirir otras empesas y cancelar en forma anticipada deudas financieras y comerciales con accionistas".
A partir de ahora, si las compañías quieren repartir ganancias pueden solicitar al Enargas que eleve a Economía un informe de estado de situación para que el ministerio de Sergio Massa desapruebe o autorice el modo y la forma de esos desembolsos.
Por último, la cuarta cláusula operativa incluye un compromiso de las distribuidoras de empezar a regularizar los pagos de las facturas de gas de este año que tienen atrasadas con las petroleras -y fundamentalmente con la empresa estatal Enarsa-, de acuerdo con "los ingresos disponibles y priorizando la prestación del servicio en condiciones de seguridad".
Si bien todavía no alcanzan la magnitud del rojo que acumulan las distribuidoras y cooperativas eléctricas con Cammesa, las deudas que mantienen las gasíferas con Enarsa constituye un dato relevante que genera ruido en el sector.
Según los datos oficiales, el monto total de esas deudas trepaba en marzo a cerca de $47.000 millones, casi un 50% más que la cifra registrada a principios de 2022.
La lista de las principales morosas por este concepto está encabezada por Metrogas y las dos distribuidoras de Camuzzi (Gas Pampeana y Gas del Sur) que, ante la falta de ingresos tarifarios suficientes, han optado por financiar sus costos operativos y pagos salariales con lo que dejan de abonarle a Enarsa por el gas que ésta importa desde Bolivia y el GNL que llega por medio de barcos metaneros a las plantas regasificadoras de Escobar y Bahía Blanca.
La principal deudora de Enarsa es Metrogas, cuya principal accionista es YPF, con una factura impaga que roza los $27.000 millones, casi cinco veces más que el monto que tenía atrasado de pago en 2021. Le siguen, Gas del Sur con un rojo de $13.511 millones; Gas Pampeana, con una deuda de casi $4.100 millones; Gas Cuyana ($1.033 millones); Gas del Centro ($957 millones) y Litoral Gas ($ 228 millones).
Fuente: iProfesional
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