Por Antonio Rossi
En medio de la campaña electoral y a menos de cinco meses de traspasar el mando, el Gobierno salió a acelerar la normalización del directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con una sorpresiva movida que generó rechazo y desaprobación en los principales referentes energéticos de la oposición.
Tras haber mantenido el organismo intervenido más de tres años y medio y sin que se diera a conocer el informe final de las supuestas irregularidades que habían disparado la defenestración del anterior directorio nombrado durante la gestión macrista, la administración de Alberto Fernández busca ahora regularizar contrarreloj la conducción del ENRE con el fin de elegir a la nueva conducción antes del desembarco de las próximas autoridades nacionales que asumirán el 10 de diciembre.
Con un acotado y ultrarrápido procedimiento de selección y un comité de evaluación integrado por funcionarios provinciales afines y un gremialista oficialista, el Gobierno apuesta a dejar encaminada y resuelta la selección de los nuevos reguladores eléctricos a mediados de noviembre. De esta manera, la administración que viene se verá impedida de poder nombrar al frente del organismo a los expertos energéticos de su confianza.
Una resolución relámpago
Por medio de la resolución 607/23, la Secretaría de Energía que comanda la massista salteña, Flavia Royón dispuso el llamado a “concurso abierto de antecedentes y oposición para la designación de los cargos de presidente, vicepresidente y vocal primero del Directorio del ENRE”.
Los interesados tendrán sólo 30 días corridos para presentar sus currículum vitae. Después, los miembros del comité de selección procederán a evaluar a cada postulante tomando en cuenta cuatro aspectos: antecedentes técnicos y/o profesionales en cuestiones atinentes a la industria de la energía eléctrica y su regulación; antecedentes académicos vinculados al sector energético; antigüedad en el sector y los cargos desempeñados y por último las habilidades de gerenciamiento comprobables según los resultados obtenidos en las tareas desarrolladas.
Para analizar y evaluar los pergaminos y capacidades de los postulantes, Energía creó un “comité de selección” integrado por hombres cercanos al Gobierno y sin la presencia de académicos y representantes de los usuarios. Los encargados de pasar el filtro y seleccionar a los candidatos que llegarán a la instancia final son: Pablo Cuenca, titular del Ente Regulador Eléctrico de Corrientes; Gastón Ghioni, subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires; Jorge Horacio Guibergia, director de Energía Eléctrica de Salta; Gustavo Monesterolo, titular del Ente Regulador de Servicios Públicos de Chubut; Guillermo Moser, titular de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza; Luciano Paulin, director del Ente Regulador Eléctrico de Entre Ríos; y Victor Sinagra, gerente de Estudios Eléctricos de la Cammesa. A ellos podrán sumarse un representante de la Cámara de Diputados y otro del Senado de la Nación.
Tras los 30 días que tendrán los interesados para presentar sus antecedentes, correrá otro plazo similar de 30 días para que el Comité de Selección concrete las entrevistas y eleve una propuesta de ternas por cada uno de los cargos a cubrir.
Luego, la Secretaría de Energía tendrá cinco días para remitir al ministerio de Economía las ternas por cada uno de los cargos junto con los nombres de los dos otros vocales del ENRE que deben elegir los representantes provinciales que integran el Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE).
A continuación, el titular de Economía deberá aprobar la propuesta final de candidatos a integrar cada uno de los cargos, la cual será elevada al Poder Ejecutivo Nacional para que proceda a sacar los nombramientos por decreto.
De acuerdo con lo que establece la ley 24.065, la Casa Rosada tiene que cumplir con el trámite adicional de remitir los nombres de los elegidos a una comisión especial del Congreso para que emita su opinión en el plazo de un mes. Si no se expide dentro de ese tiempo, el Ejecutivo queda habilitado para poner en funciones a las nuevas autoridades regulatorias. Desde la oposición, no descartan que el Gobierno, en sus últimos días de gestión, decida avanzar directamente con las designaciones sin esperar la intervención del Congreso con el fin de dar por cerrado el asunto antes de la entrega del mando.
Intervención, normalización y cortocircuito
El ENRE fue intervenido a principios de 2020 bajo el paraguas de la ley 27.541 que declaró la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”. La intervención iba a durar solo de 180 días, pero se fue prorrogando varias veces sin que se diera cumplimiento a la instrucción de normalizar el directorio.
El primer interventor el ENRE fue el kirchnerista Federico Basualdo, quien a los pocos meses le pasó la posta a la camporista Soledad Manín. Tras el desembarco de Sergio Massa en la cartera de Economía en agosto del año pasado, Manín fue remplazada por el massista bonaerense, Walter Martello, quien hasta ahora se mantiene en el puesto de interventor.
Para el exsecretario de Energía y titular del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, Jorge Lapeña el llamado a concurso para el ENRE “se trata de otra medida oportunista del Gobierno para dejar instalado un elenco de funcionarios de su color político y tratar de tapar el marcado fracaso de su política energética”.
Agregó que “constituye un procedimiento irregular que el próximo Gobierno podrá anular para poder encarar una normalización transparente y objetiva del ente regulador que se enmarque dentro los desafíos que se deberán afrontar para solucionar los graves problemas operativos y económicos que quedarán como herencia de esta administración”.
Por su parte, el extitular de Energía e YPF, Daniel Montamat advirtió que “con esta resolución, el Gobierno, que carece de credibilidad, busca asegurarse un manejo político del ente ante el claro temor de que va a perder las elecciones y de que van a ser revisadas todas las decisiones tomadas en los últimos cuatro años”.
Según Montamat, las próximas autoridades que asuman en diciembre “van a tener que reconsiderar esta medida para avanzar hacia un nuevo esquema que contemple la fusión del ENRE y el Enargas, la selección de las autoridades por concursos claros y transparentes y un mecanismo que garantice la estabilidad de los reguladores más allá de los cambios de gobiernos”.
Nota Editada en LetraP
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