Por Antonio Rossi
El ex procurador del Tesoro Carlos Zannini le dejó un regalo de bienvenida a la administración de Javier Milei que le ahorrará al país el pago de una indemnización de 667 millones de dólares. Es a raíz de que un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor del Estado argentino, al rechazar íntegramente el resarcimiento económico que había reclamado Orazul Energy.
La concesionaria privada de la central hidroeléctrica Planicie Banderita - Cerros Colorados exigió el pago de una indemnización por supuestos daños y perjuicios económicos que había sufrido por una serie de medidas que desde 2003 modificaron las reglas de juego del negocio eléctrico.
La generadora, que pertenece al grupo de inversiones Inkia Energy de exejecutivos de Morgan Stanley había acudido al CIADI en agosto de 2019 con el argumento de que las autoridades argentinas habían violado el tratado de protección recíproca de inversiones de empresas extranjeras (TBI). Según los abogados de Orazul, Argentina había incumplido sus obligaciones “al no brindar tratamiento justo y equitativo, no proteger sus expectativas legítimas y no proporcionar un entorno legal estable y previsible”.
El arbitraje favorable al Estado argentino quedó firme este jueves, tras la defensa local que llevaron adelante los abogados de la Procuración del Tesoro durante la gestión de Zannini. Estas responsabilidades las asumirá ahora el exjuez de la Corte Suprema de Justicia Rodolfo Barra, a quien Milei puso al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Un problema menos
Con este fallo, Zannini le deja un problema menos a Milei. El exfuncionario kirchnerista revierte, en parte, los cuestionamientos que recibió por la actuación de la Procuración en el juicio por la expropiación de las acciones de YPF impulsado por el fondo buitre Burford, en el que la jueza de Nueva York Loretta Preska condenó al Estado a pagar una indemnización de 16.000 millones dólares.
Tras rechazar la afirmación de Orazul de que “Argentina no protegió sus expectativas legítimas y no proporcionó un entorno legal estable y previsible en violación de Tratado de Protección de Inversiones”, el fallo destacó que la empresa “no ha aportado pruebas acerca de la presunta omisión de Argentina de garantizar el debido proceso y no ha demostrado de qué manera el sistema judicial local no le habría otorgado un tratamiento justo y equitativo”.
El tribunal integrado por Inka Hanefeld, David Haigh y Alain Pellet rechazó el planteo de que las autoridades argentinas “sancionaron medidas administrativas erráticas en violación de la legislación vigente”; y puntualizó que “no se encuentran indicios de que la conducta de Argentina fuera arbitraria o irrazonable”.
Al desestimar los argumentos principales de la empresa, los árbitros del CIADI indicaron que no pudo demostrar que “recibiera un tratamiento diferente al de otros generadores y tampoco ningún tipo de hostigamiento, coerción, abuso de poder u otra conducta de mala fe por parte del Estado argentino”.
Argentina en el podio
Argentina lidera el podio de los países que enfrentan más demandas internacionales de inversores privados que argumentan sentirse afectados y perjudicados por decisiones gubernamentales. Acumula 63 causas ante el CIADI, seguida por España con 51 demandas, Venezuela con 48, República Checa con 38 y Egipto con 34.
Según cálculos privados, las demandas en trámite ante el tribunal que depende del Banco Mundial ascienden a 3.800 millones de dólares. Uno de los últimos fallos adversos fue por la estatización de Aerolíneas Argentinas, donde el Estado fue condenado a pagar 320 millones de dólares al grupo Marsans.
Entre 2016 y 2019, la administración de Mauricio Macri desembolsó un total de 1.036 millones de dólares por los arbitrajes ganados por British Gas, Gasoducto del Pacífico, Central Puerto, Piedra del Águila, Edemsa y Suez.
Nota Editada en LetraP
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