Por Antonio Rossi
En medio del ataque y cuestionamientos del oficialismo al líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei por sus planes de recortes de las compensaciones económicas en los servicios públicos; el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa y el reelecto gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof aprobaron dos nuevas clases de subsidios para las tarifas eléctricas.
En el caso del Gobierno nacional, lo que hizo Massa fue extender el beneficio que había otorgado a los productores agrícolas y frigoríficos de Neuquén afectados por las inclemencias climáticas a otros 2.100 productores hortícolas, vitivinícolas y ganadores de la provincia de Río Negro que pasarán a pagar durante siete meses la tarifa más baja del esquema de segmentación residencial que cubre solo el 13% del precio real de la energía eléctrica.
En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, lo que entró a correr es una "bonificación tarifaria del servicio eléctrico de hasta el 100% sobre los conceptos eléctricos facturados, antes de impuestos, para las personas víctimas de violencia por razones de género". Este nuevo subsidio -que, en principio, será afrontado con recursos presupuestarios de la administración bonaerense- regirá para todas las víctimas en situación de violencia de género que habitan en el ámbito provincial y son usuarias del servicio eléctrico de Edenor y Edesur, de las cooperativas del interior y de las cuatro eléctricas privadas que dependen de la provincia: Edelap, EDEA, EDES y EDEN.
Una semana antes de las elecciones del 22 de octubre, la Secretaría de Energía que conduce Flavia Royón había dispuesto –a través de la resolución 830/23-- la entrada en vigencia de un nuevo subsidio tarifario destinado a reducir los montos de las facturas eléctricas de los productores agrícolas de la provincia de Neuquén que sufrieron daños económicos por el granizo y las heladas tardías.
Ahora, a escasos días del balotaje y tras dos actos electorales en Cipolletti y General Roca, Masa amplió ese subsidio a los productores de la provincia de Río Negro que "no solo han sido afectados por la pérdida de producción, sino también por el incremento de los costos fijos asociados a la tarifa de energía eléctrica para el funcionamiento de su estructura productiva".
Por medio de la resolución 935/23, Energía estableció que, entre el 1° de noviembre pasado y el 31 de mayo de 2024, los "productores hortícolas, frutícolas, vitivinícolas, de frutos secos, ganaderos bovinos, ovinos y caprinos" de Rio Negro abonarán la misma tarifa bonificada de los usuarios residenciales de bajos ingresos del nivel 2 (N2) que cuenta con un subsidio nacional equivalente al 87% del precio real de la energía eléctrica.
Al igual que en el caso neuquino, el pago de nuevo subsidio direccionado a los productores rionegrinos recaerá sobre las cuentas de la CAMMESA, cuyos déficits operativos son cubiertos desde hace varios años con aportes del Tesoro Nacional.
Según el relevamiento efectuado por las autoridades rionegrinos los que están en condiciones de recibir el subsidio son 1.500 productores ganaderos y 600 productores de frutas, hortalizas y vinos de los departamentos de Avellaneda, General Conesa, Pichi Mahuida, General Roca, El Cuy y Adolfo Alsina que fueron declarados en estado de emergencia y desastre agropecuario.
Nuevo subsidio bonaerense
Lanzado a fines de setiembre, el nuevo subsidio eléctrico bonaerense para las personas víctimas de violencia por razones de género comenzó a tomar forma la semana pasada tras una reunión de coordinación operativa que mantuvieron el interventor del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), Walter Martello, y el subsecretario de Energía de la provincia, Gastón Ghioni.
La nueva bonificación tarifaria fue aprobada por medio de la resolución conjunta número 5 de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos, que conduce Leonardo Nardini, y del ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual a cargo de Estela Elvira Díaz.
La norma establece el "reconocimiento de una bonificación de hasta el 100% sobre los conceptos eléctricos facturados antes de impuestos a víctimas de violencia de género, por un plazo inicial de seis meses prorrogables por igual período o hasta tanto persista la situación crítica verificada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires".
El subsidio cubre el precio mayorista de la energía suministrada y el valor del transporte, pero no el componente del "costo propio de distribución" que queda en manos de las empresas eléctricas.
El artículo 4 de la resolución estipula que la bonificación "estará a cargo del Estado Provincial mediante régimen similar al instituido para el pago de la tarifa social, para lo cual los distribuidores deberán informar mensualmente en carácter de declaración jurada los conceptos y cantidades en forma discriminada al Organismo de Control de Energía de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y ENRE".
En tanto, por medio del artículo 6, la administración de Kicillof busca comprometer las cooperativas y operadas privadas del servicio eléctrico planteando que "podrán contribuir a complementar el beneficio tarifario bonificando adicionalmente el componente de la tarifa que refleja los costos propios de distribución".
Según los alcances de la medida, el subsidio regirá para las personas anotadas en el "Registro Único de Casos de las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires" (RUCVG)" que está bajo la órbita de la Subsecretaría de Políticas contras las Violencias por Razones de Géneros.
Las personas beneficiarias accederán automáticamente a la bonificación en juego. Tomando como base los datos del RUCVG, el Ministerio de las Mujeres elaborará un padrón con los números de suministro y de cliente de cada persona inscripta que luego será remitido a los entes reguladores para que éstos procedan a notificar a las empresas distribuidoras el listado de los medidores que pasarán a tener la tarifa subsidiada.
Fuente: iProfesional
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