Por Antonio Rossi
En medio de la definición de los ajustes tarifarios de luz y gas que regirán a lo largo de 2023, el área energética piloteada por la salteña Flavía Royón que depende directamente del ministro de Economía, Sergio Massa, se topó con el primer cortocircuito serio del año por el lado del negocio de la explotación de litio, el denominado nuevo “oro blanco”. El motivo que disparó las alertas entre las empresas mineras y puso en guardia al funcionariado nacional y a las autoridades provinciales de Jujuy, Salta y Catamarca fue la decisión del gobernador riojano Ricardo Quintela de darle curso a una ley que declara al litio y sus derivados como un “recurso estratégico” y permite dejar en suspenso los permisos exploratorios y concesiones de explotación que hayan sido otorgados previamente.
El nuevo marco legal fue aprobado en el parlamento provincial a mediados de diciembre y ahora Quintela se apresta a promulgarlo para que entre en vigencia en los próximos días. La movida del gobernador de La Rioja —uno de los más fervientes impulsores, junto con su colega chaqueño Jorge Capitanich del juicio político a la Corte Suprema de Justicia— se enmarca en la línea trazada recientemente por el senador nacional kirchnerista Oscar Parrilli.
Por medio de una nota de opinión, el principal vocero de la vicepresidenta Cristina Kirchner abogó para que el litio pase a integrar la lista de los “recursos estratégicos” con el fin de “ordenar la actividad para que las provincias y la Nación recauden lo que corresponde, se agregue valor en territorio nacional, se genere empleo y las empresas privadas tengan una ganancia razonable”.
Pese a que aún tiene la actividad exploratoria del litio en pañales, la provincia de La Rioja decidió sacudir el tablero con un esquema regulatorio que busca seguir los pasos del modelo aplicado en Bolivia, donde se encuentran las mayores reservas del mundo. Allí el Estado es el dueño del recurso y las empresas privadas solo pueden explotarlo mediante un acuerdo previo con la compañía estatal Yacimientos de Litio de Bolivia.
Aunque no ha salido a expresarlo en forma pública, la medida promovida por el gobierno riojano se contrapone con el esquema de juego que predomina en el equipo de Massa y en la secretaría de Minería comandada por la catamarqueña Fernanda Ávila, donde consideran que, si bien debe estar bajo la supervisión de las provincias, el negocio del litio tiene que ser desarrollado con capitales e inversiones privadas.
En esa misma sintonía se ubican los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Saénz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) que tienen en sus provincias los proyectos de exploración y explotación de litio más avanzados del país. Integrantes de la denominado “Mesa del Litio”, que busca consolidar un bloque regional con reglas económicas comunes, los tres mosqueteros norteños ya dieron muestra de su fortaleza cuando lograron frenar el intento de la cancillería de avanzar con una mayor injerencia nacional mediante la creación de una especie de “OPEP del Litio” junto con los gobiernos de Chile y Bolivia.
Con argumentos muy similares a los que esgrimen en off the record esos gobernadores, la que salió a cuestionar a la administración riojana fue la Unión Industrial Argentina (UIA). Tras destacar que “los proyectos en marcha generaron en 2022 más de 8.000 puestos de trabajo y US$ 700 millones de ingresos por exportaciones”, la entidad fabril advirtió que “la suspensión de concesiones y permisos de la ley riojana daña este potencial a futuro en la región, tanto para las inversiones en curso como para aquellas que se están planificando para los próximos años".
Potencialidad exportadora
Un informe de la consultora internacional Benchmark Mineral Intelligence (BMI) destacó en los últimos meses del año pasado que “la transición del mundo hacia las energías renovables convirtió al litio uno de los minerales más buscados del mundo”.
En los últimos cinco años, el precio internacional del carbonato de litio, la materia prima que se utiliza para las baterías de iones de litio, pasó de un promedio anual de US$ 14.000 la tonelada a un poco más de US$ 80.000. Según las proyecciones de BMI, el crecimiento que se espera en la producción de vehículos eléctricos promete elevar la comercialización actual de 600.000 toneladas anuales de litio a más de 2,4 millones de toneladas en 2030.
De acuerdo con los datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el país, con el 21% del total, cuenta con la segunda mayor reserva de litio del mundo, luego de Bolivia que concentra el 24%. Por su parte, la fundación de estudios económicos y energéticos Fundar calculó que, en un quinquenio, el actual nivel de exportaciones de US$ 700 millones anuales podría elevarse a más de US$ 5.100 millones anuales si se concretara la mayor parte de los proyectos que tienen permisos exploratorios.
En tanto, un estudio del banco de inversiones del JPMorgan Chase prevé que para 2027 la producción local de litio podría superar a la de Chile y convertir a la Argentina en el segundo mayor productor mundial. De atender solo el equivalente al 6% de la demanda mundial en 2021, el país pasaría a suministrar en 2030 el 16% del litio comercializado en el mercado internacional.
Los proyectos en marcha
En la provincia de Jujuy, los proyectos más avanzados de producción de litio están en cabeza de la australiana Orocobre y la japonesa Toyota Tsuho. En el primer emprendimiento, el gobierno provincial tiene una participación del 8,5% por medio de la estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse). En el segundo caso, la participación de la empresa provincial llega al 25%.
En Catamarca, Fénix es el proyecto enteramente privado más desarrollado a cargo de Livent Corporation, una subsidiaria del grupo FMC de EEUU. En esa provincia, el exministro del Interior del menemismo y ahora empresario polirrubro José Luis Manzano también tiene fichas puestas en el negocio del litio: está asociado con el grupo australiano Latin Resources en varias áreas que esperan ser explotadas.
En Salta, en marzo del año pasado, el gigante anglo-australiano Rio Tinto adquirió la mina de litio de Rincón por US$ 825 millones y la minera surcoreana Posco anunció el desembolso de US$ 4000 millones en otro proyecto de extracción a largo plazo. También en Salta, el grupo chino Ganfeng Lithium adquirió a mediados de 2022 un salar que era propiedad de la petrolera local Pluspetrol con un compromiso de inversión del orden de los US$ 1.000 millones.
En tanto, en La Rioja, el permiso de exploración más significativo que está vigente y que podría ser suspendido con la nueva legislación corresponde a la canadiense Origen Resources y comprende un área total de 21.000 hectáreas.
Nota Editada en LetraP
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