Por Antonio Rossi
El nuevo esquema de salvataje financiero, que las autoridades energéticas aprobaron para las distribuidoras eléctricas que aun no regularizaron las deudas acumuladas con la Cammesa, vino acompañado de un beneficio extra para Edenor, Edesur y otras compañías del interior que ya habían suscripto a fines de 2022 una serie de acuerdos para cancelar con amplias facilidades las facturas impagas que acumularon en los últimos tres años.
El último día hábil del año pasado, la Secretaría de Energía –que conduce la massista salteña Flavia Royón—oficializó los acuerdos de renegociación de pagos con 16 distribuidoras y cooperativas eléctricas que arrastraban más de $ 400.000 millones de deudas. A la cabeza de ese lote se ubicaron las dos operadoras privadas de la región metropolitana del AMBA que concentraban casi el 50% del total de las facturas de energía pendientes de cobro por parte de la administradora del mercado mayorista eléctrico.
El "régimen especial de regularización" concedido ese momento por el Gobierno para las obligaciones impagas que tenían las distribuidoras eléctricas hasta el 31 de agosto pasado se sustentó en cinco beneficios significativos: la quita de intereses punitorios; seis meses para empezar a pagar, un plazo de ocho años para la cancelación de la deuda; la condonación de una parte de lo adeudado a modo de "compensación" por haber mantenido el servicio a hogares sin cortes durante la pandemia y una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente para las transacciones en el mercado eléctrico mayorista (MEM).
En el caso de Edenor (la compañía manejada por el trío de empesarios locales integrado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti), la deuda actualizada a agosto que tenía por $106.000 millones se vio reducida -por la eliminación de los intereses- a $57.000 millones. De ese monto sólo terminará abonando en los próximos ocho años un total de $33.000 millones porque los restantes $24.000 millones entraron en el esquema de "compensación".
En tanto, por el lado de Edesur (la empresa controlada por el grupo italiano Enel que está a la búsqueda de un comprador), la quita de los punitorios le permitió bajar la deuda que arrastraba hasta agosto pasado de $ 113.000 millones a $ 66.000 millones. De ese total, sólo le quedó a pagar $47.000 millones de acá hasta el 2031, ya que los $19.000 millones restantes quedaron "compensados".
Ahora, por medio de la resolución 56/23 firmada por Royón, el Gobierno le vuelve a conceder a Edenor y Edesur la doble chance de pagar tanto la deuda que había quedado sin regularizar del período setiembre-diciembre de 2022, como la que acumulen entre 1 de enero y 28 de febrero de este año con las mismas condiciones y ventajas que obtuvieron al firmar los acuerdos de renegociación vigentes.
Qué beneficios tuvieron las distribuidoras eléctricas en el salvataje
En tanto, para las eléctricas que todavía no regularizaron las obligaciones más atrasadas, el mecanismo establecido para las deudas del primer bimestre de este año contempla un plan de pago de 12 cuotas mensuales, consecutivas y con la tasa de interés que rige para las transacciones del mercado eléctrico.
Con este paquete de beneficios, el ministro de Economía, Sergio Massa y la titular de Energía buscan arrancar el mes de marzo con las cuentas del sector eléctrico ordenadas y nuevas reglas de juego para que ninguna distribuidora se vuelva a atrasar con los pagos a la Cammesa.
Con este esquema, el Gobierno apuesta a cortar los subsidios y aportes estatales que viene desembolsando para cubrir los déficits mensuales que registra la Cammesa por la falta de pago de la energía eléctrica facturada a las distribuidoras.
Según los lineamientos fijados en la resolución 56, a partir de marzo la distribuidora eléctrica que no abone la totalidad de la factura mensual o se atrase en la cancelación de los planes de pagos perderá automáticamente los beneficios otorgados y será demandada en los tribunales.
Las cláusulas para sumarse al salvataje
A diferencia de los acuerdos cerrados el 30 de diciembre, el nuevo engranaje -- que fue diseñado por Gobierno para que las eléctricas que aún arrastran deudas pendientes por un total cercano a los $ 200.000 millones se pongan al día-- mantiene en pie solo un beneficio del listado anterior y fija otras condiciones para el resto de las variables.
Lo único que continua vigente es el generoso plazo de 96 meses para saldar las deudas atrasadas.
Ahora, las distribuidoras morosas deberán ajustarse a las siguientes clausulas.
En primer lugar, tendrán un plazo perentorio para firmar los acuerdos que cierra el próximo 28 de febrero.
En segundo lugar, ya no correrá más el período de gracia de seis meses para empezar a abonar la primera cuota del plan de pagos. El monto de la cuota inicial tendrá que ser cancelado a partir de marzo junto la factura de la energía que vence durante ese mes.
La tercera modificación con respecto a los convenios anteriores pasa por la eliminación de la tasa de interés preferencial que estaba reducida al 50%. En su lugar, las distribuidoras tendrán que afrontar una actualización de la deuda que tomará en cuenta el valor mensual del Megavatio Hora (MWh) que arroje el denominado "Precio Monómico Ponderado Estacional del MEM".
El cuarto y último cambio relevante tiene que ver con la inclusión de una clausula de "cesión de créditos en garantía" por la cual la distribuidora acepta que, en caso de que deje de pagar lo acordado, la Cammesa pueda cobrarle directamente de la cuenta recaudadora que declare y habilite expresamente para tal fin en el momento de la firma del convenio de renegociación de la deuda.
Junto con esas exigencias contractuales, la Secretaría de Energía estableció que "será condición necesaria para la instrumentación del plan que las distribuidoras renuncien incondicionalmente a todo derecho, acción o reclamo administrativo, judicial, extrajudicial o arbitral contra el Estado Nacional".
Para dejar en claro que ésta esa la última oportunidad que tienen las eléctricas para salir del registro de morosas, las autoridades energéticas instruyeron a la Cammesa para que después del 28 de febrero inicie las acciones administrativas y judiciales que correspondan contra las distribuidoras y cooperativas que no acepten renegociar sus obligaciones impagas y mantengan sus cuentas en rojo.
Fuente: iProfesional
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