11/08/23

Por qué Córdoba no se SUBE: la letra chica de las diferencias por el boleto de colectivos

El desembarco de la tarjeta en la provincia anunciado por Massa se topó con el rechazo de las autoridades locales. Las condiciones para aceptarla. Los números e intereses en juego.

Por Antonio Rossi



En el último tramo de la campaña electoral de las PASO, el sistema de pago de la tarjeta SUBE((Sistema Único de Boleto Electrónico) pasó a ser el protagonista en una polémica planteada entre el ministerio de Transporte comandado por el massista Diego Giuliano y las autoridades de la provincia de Córdoba.

En su cruzada electoral por el interior, el precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP) y ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la semana pasada en la capital cordobesa que en 30 días iba a empezar a funcionar en la provincia el sistema SUBE, con una significativa baja tarifaria que igualaría los descuentos que tienen actualmente quienes habitan la región metropolitana del AMBA.

El secretario de Transporte de la provincia, Franco Mogetta, salió al cruce de Massa y advirtió que no había ninguna negociación en curso para ese desembarco y que, en muchos casos, los usuarios locales ya están pagando igual o menos que los porteños y bonaerenses debido a los descuentos y viajes gratuitos que subsidian las autoridades provinciales y municipales para trabajadores, estudiantes y adultos mayores.

La disputa de fondo

Más allá de las chicanas políticas, la pelea de fondo entre la Nación y Córdoba es por ver quién se queda con el control de los servicios que prestan las líneas de colectivos y el manejo de los recursos económicos del sistema que quienes viajan depositan por adelantado cada vez que cargan las tarjetas de pago.

Creado en 2009 e implementado a partir de 2011, el sistema de la tarjeta SUBE está bajo la órbita del Ministerio de Transporte y es administrado por Nación Servicios que les cobra a las empresas transportistas una comisión administrativa del 7,5%.

En el AMBA se utiliza para el pago de viajes en colectivos, trenes, subtes y lanchas del Delta; mientras que en las 52 ciudades del interior donde se encuentra operativo sirve para abonar los boletos de ómnibus.

El SUBE contiene el régimen denominado “Tarifa Social Federal” (TSF), por el cual distintos grupos sociales acceden al beneficio de abonar solo el 55% del precio regulado del boleto. Entre los beneficiarios de esa bonificación -que se suma al subsidio general y masivo que se extiende a todos los pasajeros- se encuentran el personal de servicio doméstico, menores de 3 años, jubilados, pensionados, veteranos de Malvinas, discapacitados y acompañantes, policías, monotributistas sociales y las personas que perciben planes sociales y asignaciones por embarazos y AUH.

A cambio de los subsidios que gira por mes para las líneas de colectivos del interior, la cartera de Transporte viene exigiendo a las provincias que cumplan con lo dispuesto en la ley de Presupuesto y se incorporen al sistema SUBE para tener un mayor control de los servicios que se prestan y dejar de lado los actuales formularios en papel que presentan las empresas de transporte para la liquidación de los subsidios.

Actualmente, la Nación les está transfiriendo mensualmente a las autoridades provinciales un total de $ 9.000 millones en concepto de subsidios tarifarios globales y $ 1.600 millones para compensar los descuentos de la TSF.

Por su parte, la provincia de Córdoba tiene sus propios sistemas de pago: Red Bus, para las líneas de colectivos urbanos, y TIN, para los servicios interurbanos. La única ciudad cordobesa que está adherida al SUBE es Villa Allende.

Tanto los funcionarios provinciales, como los del gobierno capitalino de Córdoba se oponen al desembarco del SUBE porque consideran que es más costoso, ineficiente y está atrasado tecnológicamente. El sistema local de Red Bus tiene una comisión administrativa más baja, que es del 5,7%. Además, según sostienen las autoridades cordobesas, permite recabar una mayor cantidad de información y datos operativos para saber al instante qué está pasando con cada colectivo y cuántos pasajeros suben y bajan en cada recorrido.

Un aspecto no menor de la disputa con la Nación es quién proporcionará las máquinas boleteras. Las validadoras en uso en la provincia fueron provistas por la empresa Micronauta y, en principio, no serían compatibles con las del sistema SUBE.

Cada máquina vale US$ 4.500 y para las líneas cordobesas se necesitan alrededor de 2.100 entre los servicios urbanos e interurbanos. Si bien la obligación de proveerlas recae, en teoría, sobre la Nación, desde la cartera de Transporte y Nación Servicios buscan que la provincia se haga cargo de una parte de los costos, tal como se acordó a principios de año con la Municipalidad de Rosario que terminó pagando un porcentaje de la inversión total realizada en la compra de los equipos.

Por su parte, el Ejecutivo cordobés quiere que, junto con la TSF, la Nación también pase a afrontar los subsidios actuales que cubre la provincia por los descuentos que rigen para 345.000 personas beneficiarias del Boleto Educativo Gratuito (BEG); 120.000, del Boleto Adulto Mayor (BAM); 19.500, del Boleto Obrero Social (BOS) y 19.000, del Boleto Social (BSC).

Consultado por Letra P, el secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, Marcelo Rodio, aclaró que no tienen problema con la SUBE "siempre y cuando llegue con los atributos sociales y que les consigan las 900 máquinas validadoras para todo el sistema".

Pausa hasta después de las elecciones

Por ahora, la pulseada quedó en stand by hasta después de las elecciones y todo indicaría que será la próxima administración nacional que asuma en diciembre la encargada de resolver el tema.

En la vereda provincial, Mogetta sostiene que la solución integral a las constantes diferencias que se plantean entre el interior y la Nación por la distribución de subsidios que favorece al AMBA se encuentra en el proyecto de ley presentado por la senadora nacional Alejandra Vigo que cuenta con el visto bueno del Comité Federal del Transporte (Cofetra).

Prevé la creación de un único fondo fiduciario para todas las jurisdicciones, que se repartiría con criterio homogéneo que tome en cuenta los costos operativos de cada línea en función de la cantidad de personal empleado, las unidades en servicio y los kilómetros recorridos.

Mientras tanto, Giuliano tiene a mano una penalización prevista en la normativa vigente que puede aplicarle a la provincia por demorar su incorporación al SUBE. Se trata de un recorte de hasta el 10% en el monto total de los subsidios mensuales que debe transferir a las líneas mediterráneas. Sería una decisión política del alto impacto que, por el momento, no estaría en los planes del ministro.

Nota Editada en LetraP