Por Antonio Rossi
La caída pronunciada en la producción agraria provocada por la sequía va camino a impactar a pleno en las tareas y servicios complementarios que se mueven y desarrollan al ritmo de las actividades del campo. El gremio camionero controlado por Hugo y Pablo Moyano, transportistas de granos, contratistas rurales y acopiadores han comenzado a encender las señales de alerta mediante la difusión de informes que describen la situación crítica de cada sector y pedidos de reuniones con el ministro de Economía, Sergio Massa, y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba) con el fin de solicitar ayudas económicas y medidas de auxilio que les permitan afrontar las pérdidas económicas que sobrevendrán en los próximos meses.
En el caso de las empresas camioneras, las grandes firmas y los pequeños transportistas abrieron el paraguas por las suspensiones y despidos de choferes que se ven venir. Por esa razón buscan juntarse cuanto antes con la conducción del gremio camionero con la intención de tener un “control previo de daños” y ver si pueden armar un scrum conjunto de presión ante las autoridades de Transporte para conseguir exenciones fiscales y subsidios tarifarios.
Según los últimos relevamientos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha de trigo en diciembre fue un 50% inferior a la del ciclo pasado. Por el lado de la soja, se espera una producción de 25 millones de toneladas, unas 18,3 millones de toneladas menos que en la campaña anterior. En el caso del maíz, la caída llegaría a 16 millones de toneladas, alcanzándose una producción final de 36 millones de toneladas.
Sumando todos los granos y cereales (trigo, cebada, sorgo, girasol, soja y maíz), la producción estimada para este año totalizaría 84 millones de toneladas, muy lejos del registro de 130 millones de toneladas obtenido en el período 2021/2022. Ese descenso en los rindes de las cosechas implicará una caída en los ingresos por exportaciones que, de acuerdo con los precios actuales, oscilaría entre US$ 18.000 millones y US$ 20.000 millones para las arcas fiscales.
Daños colaterales de la sequía
En el caso de los transportistas de granos, el efecto dominó generado por la menor producción del campo provocará —según las estimaciones de las principales entidades del sector— una caída equivalente a casi 1.700.000 viajes de camiones.
El año pasado, los traslados de granos y fletes rurales demandaron 3.500.000 viajes de camiones desde los campos y centros de acopios a los puertos del Litoral, Necochea y Bahía Blanca. La merma del 50% en la cantidad de viajes prevista para este año representará alrededor de US$ 1.300 millones de dólares menos de ingresos para los transportistas que, aguas abajo, implicarán menores gastos en estaciones de servicios, gomerías, talleres y comedores en las rutas.
Además, el hecho de que choferes y conductores de sus propios camiones pasen a recibir la mitad de los ingresos del año pasado tendrá fuerte repercusión en el movimiento económico de los pueblos del interior donde viven, consumen alimentos y adquieren la mayor parte de los insumos que necesitan para sus tareas.
Otro costado negativo que deberán afrontar las empresas de camiones es el impacto de los gastos fijos que tiene la actividad y que no se pueden recortar en la misma proporción que el descenso de los viajes. Lejos de bajar, los gastos que demandan las patentes, impuestos, tasas de habilitación, renovación de licencias, verificaciones técnicas y seguros seguirán aumentando por la espiral inflacionaria y las remarcaciones de precios que hasta ahora la gestión económica de Massa no ha podido frenar.
Pedido a Massa
Otro eslabón que tiene su suerte atada a lo que suceda con la producción agrícola está integrado por los centros de acopios y operadores de silos. Los números que barajan en el sector preanuncian que, por los recortes previstos en los servicios de secado, almacenado y acondicionamiento de granos, dejarán de recaudar una suma cercana a los US$ 600 millones.
El cuadro de los principales sectores golpeados por los “efectos colaterales” de la sequía se completa con los contratistas de maquinarias agrícolas. A nivel nacional existen alrededor de 10.000 contratistas que viven de las labores de siembra y recolección de cosechas y que, en muchos, son también arrendatarios de campos donde tienen sus propios cultivos.
La Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA) advirtió que cerca de la mitad de sus asociados no saldrán a recolectar las cosechas de soja y maíz debido a los menores rendimientos que dejará el impacto de la sequía y que no alcanzarán para cubrir la totalidad de los gastos y costos operativos.
Junto con el agujero que representa la caída de sus ingresos corrientes por la menor prestación de servicios, los contratistas tienen por delante otro problema que podría hundirlos económicamente durante varios años. La mayor parte de las firmas y contratistas particulares renuevan periódicamente sus maquinarias para incorporar los avances tecnológicos que permiten bajar costos operativos y ser más eficientes en los trabajos.
Por ese motivo tienen tomados créditos dolarizados con las principales entidades bancarias estatales y privadas que se van cancelando en cuotas cuatrimestrales y semestrales que oscilan entre US$ 50.000 y US$ 120.000 por cada cosechadora que sumaron a sus flotas.
Ante la imposibilidad de poder reunir los fondos para los compromisos que deben cancelar a partir de mayo, FACMA le solicitó a Massa que interceda ante los bancos para que acepten reprogramar los préstamos hasta la próxima campaña agrícola y no se queden con las máquinas por falta de pago.
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