24/06/23

Jaque gremial a Sergio Massa y Flavia Royón por las hidroeléctricas del Comahue

El bloque sindical energético reclama participación accionaria y una silla en la conducción de las represas que regresan al Estado. El pedido se suma a la presión de los gobiernos de Neuquén y Río Negro.

Por Antonio Rossi


A principios de mayo, los gremios de CATHEDA se reunieron con Massa y le acercaron sus propuestas.

Mientras tratan de frenar la embestida de las provincias de Neuquén y Río Negro con la promesa de una próxima creación de una “mesa política técnica” para analizar posibles alternativas, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, se toparon con un nuevo contratiempo en el proceso de reestatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue que pusieron en marcha a mediados de mayo.

El bloque de gremios del sector energético que conforman la CATHEDA (Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines) puso en jaque al Gobierno con la exigencia de una participación accionaria y una silla en la conducción de la nueva operadora estatal que va camino a constituir Enarsa para hacerse cargo del manejo y control de las usinas hidroeléctricas que habían sido privatizadas durante la gestión menemista.

En medio de las disputas internas en el oficialismo y la oposición por la definición de las fórmulas presidenciales; el conglomerado sindical -conducido por el trío que integran el petrolero Guillermo Pereyra, el eléctrico Guillermo Moser y el gasífero Oscar Magnone- salió a reclamar “la participación de los trabajadores en las decisiones sobre el futuro de las concesiones de las represas patagónicas, como así también en la gestión ejecutiva de cada una de ellas, a los fines de evitar situaciones que puedan traer complicaciones en un futuro, ya que los verdaderos actores que conocen y saben la realidad de cada una de ellas son los trabajadores”.

Un reclamo flojo de papeles pero que mete presión

El planteo gremial para meter mano en las centrales-- cuyas concesiones a operadores privados comienzan a vencer a partir de agosto—formó parte de las definiciones adoptadas en el congreso nacional de la CATEDHA realizado esta semana, donde los sindicalistas energéticos volvieron a emplazar a la administración del Alberto Fernández para que “elimine de manera urgente el mal llamado impuesto a las Ganancias que afecta al salario de los trabajadores”.

Tras destacar que “resulta de suma importancia definir el futuro de las represas”, los dirigentes de la confederación energética cuestionaron la decisión de Massa y Royón de no darle “la debida intervención, ni participación a las autoridades provinciales y a los representantes de los trabajadores del sector”.

La CATEDHA fue creada a mediados de 2011 y tiene como dato llamativo el hecho de que está conformada por ocho entidades sindicales de los sectores petrolero, eléctrico, gasífero, carbonífero y estaciones de servicio más la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros (FEDCAM), que lideran los Moyano.

Si bien está flojo de argumentos legales y regulatorios, el reclamo de una injerencia concreta en la futura operación de las centrales que enarbolan los gremios energéticos no deja de generar ruido y le suma al Gobierno una nueva complicación política en medio de la campaña electoral.

Dos días antes de las PASO nacionales, agendadas para el 13 de agosto, concluyen los contratos de las primeras tres represas hidroeléctricas concesionadas en la década del 90: El Chocón-Arroyito; Alicurá y Planicie Banderita. Y 48 horas antes de que finalice 2023 termina la operación privada de Piedra de Águila. A ellas se agregarán otras ocho usinas hidroeléctricas de la Patagonia y el NOA que tienen fechas de vencimientos entre 2024 y 2029: Nihuiles, Diamante, Río Hondo, Futaleufú, Cabra Corral, Ullum, Cadillal y Pichi Picún Leufú. Y, por último, se encuentra la central Ameghino, cuyo cierre contractual está previsto recién para 2044.

Plan Massa: salen extranjeros y privados y entra Enarsa

Las hidroeléctricas en juego se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Se financiaron con créditos internacionales tomados por los gobiernos nacionales, avales del Tesoro y con los recargos tarifarios específicos que aportaron usuarios y usuarias del servicio eléctrico de todo el país.

En el caso de El Chocón-Arroyito, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, controlante de Edesur. El complejo Cerros Colorados-Planicie Banderita pertenece a la firma de inversiones Orazul que pilotean exejecutivos de Morgan Stanley. En la central Alicurá, el controlante es el grupo norteamericano AES. A su vez, Piedra del Águila está en manos de la compañía local SADESA, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, Nicolás Caputo, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany. Y Pichi Picún Leufú quedó bajo el manejo del grupo local Pampa Energía conducido por Marcelo Mindlin.

Ante el vencimiento de las concesiones, Massa resolvió que regresen a la órbita del Estado nacional y que pasen a ser operadas, inicialmente, por una nueva empresa que estará bajo el control de Enarsa. Esa decisión chocó de frente con las pretensiones de los gobiernos de Neuquén y Río Negro de quedarse con “el control, la operación y la facturación de las centrales del Comahue”.

Luego de una ola creciente de reclamos y la amenaza de imponerle el pago de un impuesto extraordinario por el uso del agua, las provincias patagónicas lograron arrancarle el titular de Economía la promesa de una pronta creación de una “mesa política técnica” con el fin de evaluar “el manejo futuro de las represas”.

Tras haber exigido originariamente el control total de las represas, ahora las autoridades neuquinas y rionegrinas se han mostrado dispuestas a aceptar una “salida tripartita” para compartir con la Nación la operación y las utilidades de las hidroeléctricas.

Más allá de lo que buscan las provincias y la chance abierta de una mesa de negociación, hasta ahora el equipo económico no ha dado señales de que tenga previsto modificar el esquema de reestatización que definió para las represas.

De hecho, hace dos semanas, la titular de Energía decidió -por medio de la resolución 486/23- extender por tres años más el trabajo del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC) –integrado por ingenieros y profesionales de organismos nacionales- para que sigan realizando los relevamientos integrales de las represas que deben volver a manos estatales entre 2024 y 2026.

Fuente: Nota Editada en LetraP