Por Antonio Rossi
La extensión del cobro del peaje en la hidrovía desde Santa Fe hacia el norte hasta la zona de Confluencia le ha generado al Gobierno, en plena campaña electoral para las PASO, un nuevo problema diplomático con Paraguay y Brasil.
A mediados de 2022, la administración de Alberto Fernández comenzó a delinear el camino para ampliar el cobro del peaje fluvial con el apoyo de las provincias ribereñas, las empresas privadas del Círculo Rojo de la hidrovía y los sindicatos marítimos y portuarios.
Luego de una audiencia pública realizada en noviembre pasado, la Administración General de Puertos (AGP) -conducida por el santacruceño kirchnerista José Beni- empezó a facturar desde los primeros días de 2023 a las empresas navieras y barcaceras una tarifa de US$1,47 por Tonelada de Registro Neto (TRN) para las cargas internacionales y del mismo valor, pero en pesos para el transporte de cabotaje.
En ese momento, desde el Ministerio de Transporte piloteado por el massista rosarino Diego Giuliano justificaron la medida. El argumento fue que todos los usuarios del corredor navegable debían contribuir con el financiamiento de las obras de dragado y balizamiento y que los ingresos provenientes del cobro de peaje iban a ser reinvertidos en la traza, por donde circulan 20 mil barcazas por año con cargas regionales e internacionales, principalmente de productos agrícolas, combustibles líquidos y minerales.
Tras las primeras quejas vertidas por las navieras de bandera paraguaya reacias a pagar por la circulación de sus barcazas, las autoridades locales de Transporte y de la Cancillería habían logrado contener parcialmente los reclamos, derivando la discusión técnica y económica al ámbito de Comité Intergubernamental de la Hidrovía.
Embargo judicial y quejas
La discusión que el Gobierno creía tener bajo control saltó por las nubes en la última semana cuando la AGP logró que la Justicia ordenara la interdicción de dos remolcadores de barcazas por la falta de pago de los peajes fluviales.
Se trata de las embarcaciones HB Phoenix (de bandera boliviana) y HB Grus (de bandera paraguaya) pertenecientes a la naviera “Hidrovías Do Brasil”. Quedaron inmovilizadas con cargas de origen brasileño en el puerto de San Lorenzo hasta que abonen las facturas atrasadas de peajes
La Asociación Brasileña para el Desarrollo de la Navegación Interior (Abani) salió a pedir la intervención directa de la Cancillería de su país contra la decisión argentina de embargar y retener embarcaciones de una empresa brasileña por las deudas de peajes.
La entidad naviera instó a las autoridades brasileñas a convocar “una reunión extraordinaria de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná” para exigir que Argentina levante el cobro de peajes entre Santa Fe y Confluencia”.
“Vemos con extrema preocupación que no se respete el Acuerdo Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, creando tasas de forma unilateral y reteniendo una embarcación de una empresa brasileña”, destacó la Abani.
A su vez, el Gobierno de Asunción pidió una "pronta solución" a la interdicción del buque de bandera paraguaya que impulsó la AGP. El canciller paraguayo, Julio César Arriola solicitó por nota a las autoridades argentinas que “adopten las medidas necesarias para garantizar la libertad de tránsito de las embarcaciones de bandera paraguaya en apego con el espíritu del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay–Paraná y en atención a los estrechos lazos de colaboración mutua que existen en el relacionamiento bilateral”.
Indicó, además, que “Paraguay junto con Bolivia, Brasil y Uruguay –países integrantes de la Cuenca del Plata y signatarios del Acuerdo-- ha reiterado su solicitud de que se suspenda el peaje establecido entre la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay y el puerto de Santa Fe”.
Por su parte, el próximo Canciller que asumirá con la nueva administración el 15 de agosto, Rubén Ramírez Lezcano, anticipó que reforzará la ofensiva paraguaya contra el cobro de peaje y que, llegado el caso, no descarta promover una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Más allá de estar en contacto con los embajadores en Paraguay, Domingo Peppo, y en Brasil, Daniel Scioli, para seguir le evolución del caso; en la AGP consideran que el peaje en el nuevo tramo de la hidrovía se ajusta a la normativa regional que le permite a un país realizar obras y prestar servicios dentro de su territorio mediante el cobro de una tarifa acorde y razonable destinada a cubrir las inversiones y los costos operativos.
Apuntan, además, que más de la mitad de las empresas que circulan por el tramo en conflicto abonan los peajes sin ningún reparo. Los números del primer semestre muestran que hubo una recaudación de casi US$ 10 millones y que restan por cobrar, en distintas instancias de gestión, alrededor de US$9 millones.
Desde el organismo portuario -que desde setiembre de 2021 se desempeña como “concesionario estatal de la hidrovía”- estiman que, con la aparición de los primeros fallos que impiden a las embarcaciones de empresas morosas seguir navegando, a partir de ahora se van a agilizar los pagos de aquellas firmas que especulaban con no abonar los peajes.
Mientras tanto, Transporte tiene en carpeta otra medida que promete alterar el tablero. Consiste en la derogación de una normativa de 2003 que les permite a los remolcadores extranjeros de barcazas poder finalizar sus viajes en los puertos. Si se concreta el cambio en danza, las formaciones de barcazas que lleguen a los puertos locales deberán quedar en los amarraderos y desde ahí ser maniobradas e ingresadas por buques de bandera argentina.
Nota Editada en LetraP
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