15/05/23

Hidroeléctricas: el modelo de estatización de Sergio Massa genera ruidos y reclamos

Al finalizar las concesiones menemistas, las represas retornarían a la órbita nacional. Pataleo de Neuquén y Río Negro. Los puntos flojos sin resolver.

Por Antonio Rossi



Tras haber jugado varios meses a las escondidas, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, sacaron a la cancha un singular esquema de reestatización para las centrales hidroeléctricas patagónicas que habían sido privatizadas durante la gestión menemista.

Con el fin de retomar el control estatal de las concesiones que empiezan a expirar este año, el equipo económico y energético prevé llevar adelante un nuevo formato de gestión que, si bien apunta a dejar conformes a todos los actores involucrados en el tema, corre el riesgo de quedarse a mitad de camino por los reclamos y las complicaciones que, a priori, se avizoran en la implementación de los cambios.

Dos días antes de las PASO nacionales agendadas para el 13 de agosto, concluyen los contratos de las primeras tres represas hidroeléctricas concesionadas en la década del 90: El Chocón-Arroyito; Alicurá y Planicie Banderita. Y 48 horas antes de que finalice 2023, termina la operación privada de Piedra de Águila. A ellas se agregarán otras ocho usinas hidroeléctricas de la Patagonia y el NOA que tienen fechas de vencimientos entre 2024 y 2029: Nihuiles, Diamante, Río Hondo, Futaleufú, Cabra Corral, Ullum, Cadillal y Pichi Picún Leufú. Y, por último, se encuentra la central Ameghino, cuyo cierre contractual está previsto recién para 2044.

La hoja de ruta diseñada por Massa para reemplazar a los operadores privados de las represas se basa en tres puntos clave: prevé dejar en manos de una nueva “unidad de negocios” de la estatal Enarsa la “tenencia y propiedad” de las usinas hidroeléctricas junto con la “operación inicial y transitoria” de las máquinas generadoras; contempla, además, darles participación a las provincias de Neuquén y Río Negro en un “consejo asesor” y, eventualmente, como futuras accionistas minoritarias; en cuanto a la operación y mantenimiento de las centrales a largo plazo, la intención oficial es transferir esas tareas bajo un contrato de “gerenciamiento” a las empresas concesionarias salientes que quieran seguir vinculadas con el sector.

El nuevo esquema en juego tiene la particularidad de tomar en cuenta en forma parcial distintos aspectos de los principales reclamos que vienen planteando las partes interesadas en el futuro de las hidroeléctricas.

A Enarsa—que conduce el santacruceño K, Agustín Gerez—le deja la administración mayoritaria de las centrales, pero no la operación definitiva como pretendían los técnicos de la empresa estatal.

Del proyecto de ley estatización integral que impulsan los senadores ultra K encabezados el titular del Instituto Patria, Oscar Parrill; rescata solo la inclusión de Enarsa como virtual “dueña y administradora” de las usinas.

A los gobiernos de Neuquén y Río Negro que pretenden quedarse con el manejo y control total de las centrales sin poner un peso, solo les permite a sus representantes sumarse inicialmente como “asesores” y, llegado el caso, como “accionistas secundarios”.

Y a las concesionarias privadas que deben entregar las usinas, les veda la chance de una prórroga, pero les abre una puerta para que sigan ligadas al negocio como futuras “operadoras” por medio de nuevos contratos que también podrían servir para compensar parte de los reclamos económicos que tienen pendientes contra el Estado.

Mientras se aguardan las primeras instrucciones de Royón para que Enarsa proceda a iniciar los trámites legales y burocráticos del nuevo esquema, los primeros que salieron a patalear han sido los funcionarios neuquinos y rionegrinos, cuya apuesta de máxima pasa por quedarse con “el control, la operación y la facturación de las centrales del Comahue”. La reacción inicial fue salir a presionar al Gobierno nacional con la amenaza de imponerle el pago de un impuesto extraordinario por el uso del agua si no se sienta a negociar otra salida que tenga en cuenta las pretensiones de las provincias.

Las hidroeléctricas en juego se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Se financiaron con créditos internacionales tomados por los gobiernos nacionales, avales del Tesoro y con los recargos tarifarios específicos que aportaron usuarios y usuarias del servicio eléctrico de todo el país.

En el caso de El Chocón-Arroyito, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, controlante de Edesur. El complejo Cerros Colorados-Planicie Banderita pertenece a la firma de inversiones Orazul que pilotean exejecutivos de Morgan Stanley. En la central Alicurá, el controlante es el grupo norteamericano AES. A su vez, Piedra del Águila está en manos de la compañía local SADESA, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, Nicolás Caputo, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany. Y Pichi Picún Leufú quedó bajo el manejo del grupo local Pampa Energía conducido por Marcelo Mindlin.

Para los analistas y los expertos energéticos que asesora a los principales candidatos de la oposición, el plan estatizador de Massa deja dos aristas relevantes sin resolver.

Una gira en torno a quién y con qué recursos afrontará las inversiones necesarias para modernizar y extender la vida útil de las turbinas y los equipos generadores. Y la otra, es cómo se solucionarán los reclamos económicos que las concesionarias salientes han presentado contra el Estado por las medidas adoptadas en las últimas dos décadas que alteraron las reglas originales de las concesiones y recortaron los ingresos tarifarios que estaban previstos en los contratos.

De acuerdo con un informe técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que encargaron las empresas, los reclamos en juego oscilarían—según las fórmulas de ajuste que se apliquen—entre un piso de US$ 500 millones y un techo de US$ 800 millones. A eso se agrega el hecho de que ante la falta de respuestas de Gobierno, AES y Orazul ya han tomado la decisión de acudir al tribunal internacional del CIADI para denunciar al Estado por el incumplimiento de los tratados de protección de inversiones extranjeras.

Nota Editada en LetraP