Por Antonio Rossi
La disputa por los subsidios tarifarios a los colectivos urbanos, que el Gobierno nacional prevé repartir en 2023 a las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del interior del país, va camino a tomar intensidad a partir de febrero por dos medidas adoptadas en los últimos días por el ministro de Economía, Sergio Massa, y su colega de Transporte, Diego Giuliano. Tras recibir el okey del titular del Palacio de Hacienda y del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el funcionario nacional y su par bonaerense, Jorge D’Onofrio, dieron el puntapié inicial para formalizar la creación de la demorada y varias veces anunciada Agencia de Transporte Metropolitano (ATM).
La decisión, confirmada luego de una reunión ampliada que mantuvieron los ministros y sus colaboradores, dejó como dato saliente la ausencia de representantes de la administración porteña a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. Aunque no lo admitan públicamente, la segregación de la delegación porteña pudo haber sido adrede con el fin de dejarla aislada ante una nueva embestida de la Nación y la provincia para transferirles el pago de la totalidad de los subsidios que reciben actualmente las 32 líneas que prestan servicios dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires.
La creación de la ATM -bajo el formato de un ente tripartito- tuvo lugar en 2012, pero nunca llegó a funcionar plenamente por las sucesivas discrepancias políticas que se registraron entre los gobiernos de las tres jurisdicciones. Apenas tuvo un breve período de actividad entre 2016 y 2018, cuando las administraciones de la Nación, la Provincia y la Ciudad tenían puesta la misma camiseta con los colores de Juntos por el Cambio. Si bien en ese período hubo varias reuniones, la ATM no adoptó ninguna medida concreta para reordenar el transporte en la región y solo se limitó a emitir declaraciones de apoyo a dos megaproyectos de infraestructura que quedaron en el olvido por la falta de recursos y el ajuste prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI): el soterramiento de la línea Sarmiento de trenes y la Red de Expresos Regionales (RER).
A principios de 2020, el exministro de Transporte Mario Meoni buscó aprovechar la buena relación que existía en ese momento entre la Nación y la Ciudad para activar la puesta en marcha de la ATM. El intento no pasó de dos reuniones formales que no llegaron a buen puerto. Ahora los massistas Giuliano y D'Onofrio impulsan la entrada en escena de la Agencia pero sin la representación de la Ciudad, para poder “diagramar y coordinar" -subrayaron en un comunicado- acciones para las problemáticas comunes al transporte en el Área Metropolitana.
En el texto oficial que dio cuenta de la reunión, los ministros puntualizaron que con la reactivación de la Agencia “se buscará equiparar a la Ciudad con la provincia de Buenos Aires en cuanto al control y las responsabilidades sobre el transporte que se realiza dentro de cada jurisdicción del AMBA”. El objetivo económico es trasladarle a la administración de Rodríguez Larreta la obligación de hacer frente a la suma total de $ 3.100 millones de subsidios que reciben por mes las líneas de colectivos porteñas.
En 2018, con Mauricio Macri en la Casa Rosada, la Ciudad cubría el 80% de la ayuda tarifaria de los colectivos locales, quedando el 20% restante a cargo de la Nación. Dos años después -ya bajo la gestión de Alberto Fernández-, el financiamiento porteño bajó al 51%. En 2021, por un acuerdo de palabra, la Ciudad pasó a aportar el equivalente al 44% de los subsidios y el gobierno nacional se hizo cargo del 56% restante. Ese esquema -que se mantiene actualmente- implica para las arcas nacionales un desembolso mensual de $ 1.730 millones, que se completa con un aporte de la administración capitalina de $ 1.360 millones. La apuesta de la dupla Nación-Provincia es que, en febrero o a más tardar en marzo, la Ciudad se haga cargo íntegramente del pago de los $ 100 millones diarios de subsidios que cobran en promedio las empresas de colectivos que empiezan y terminan sus recorridos en el territorio capitalino.
La sede administrativa porteña del barrio de Parque Patricios siguen con atención los movimientos de los funcionarios de las otras dos jurisdicciones, al considerar que estas acciones forman parte del clima preelectoral y de la situación conflictiva planteada tras la decisión del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la restitución de los fondos coparticipables que la administración central le había quitado a la Ciudad, para destinarlos a la provincia de Buenos Aires.
La otra cuestión relevante vinculada con los subsidios destinados a las líneas de colectivos del interior, quedó planteada con la decisión administrativa que dispuso la distribución de las partidas de fondos aprobadas en la ley de Presupuesto. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) -que dirige Marcos Makon- advirtió que en la primera asignación de los créditos a las distintas jurisdicciones no aparece incluida la suba de casi $ 19.000 millones para los subsidios de los colectivos del interior y que había sido incorporada al texto original de la ley presupuestaria.
Inicialmente la Nación tenía previsto transferir a las líneas provinciales y municipales un total de $ 66.000 millones anuales en concepto de compensaciones tarifarias. Para lograr la aprobación mayoritaria del Presupuesto, Massa aceptó elevar ese monto a $ 85.000 millones anuales. Tras tomar nota de como quedaron los créditos presupuestarios, gobernadores e intendentes avisaron a la cartera de Transporte que esperarán hasta fin de mes para definir qué medidas adoptarán en caso de que no les depositan los subsidios actualizados.
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