23/07/23

Gasoducto del Norte: un enroque de fondos que expone la escasez de recursos del Gobierno y las urgencias energéticas

La obra es clave para reemplazar el gas de Bolivia por el de Vaca Muerta. Para pagarla, la Secretaría de Energía concedió a Enarsa un crédito de Cammesa. Montos en juego y búsqueda de fondos privados.

Por Antonio Rossi



“Desnudar un santo para vestir para otro”. Apremiado por el tiempo, la falta de inversores privados y la escasez de fondos públicos, el Gobierno parece haberse aferrado a ese tradicional refrán popular para obtener el financiamiento que faltaba para poder encarar la reversión del Gasoducto del Norte.

Se trata de una obra energética clave destinada a reemplazar el gas que dejará de enviar Bolivia con una mayor producción local de Vaca Muerta que permitirá garantizar el suministro durante el próximo invierno a los usuarios residenciales e industriales de las provincias del NOA.

Con el fin de cubrir los US$ 172 millones que restaban para completar la financiación de la reversión del Gasoducto del Norte, la Secretaría de Energía comandada por Flavia Royón decidió meter mano en una cuenta específica creada para la ampliación de líneas eléctricas que maneja la Cammesa y desviar los fondos acumulados a las obras del sector gasífero.

Enarsa, enganchada de Cammesa

Por medio de la resolución 606/23, el área energética dispuso que la Cammesa le conceda a Enarsa -la encargada de llevar adelante la licitación y el pago de las obras del gasoducto norteño- un “crédito reintegrable” por el monto que falta aportar para llegar a la suma de US$ 712 millones que demandarán la ejecución de los trabajos. De ese total, el Gobierno ya tiene cubiertos US$ 540 millones con una línea de crédito que obtuvo a principios de año del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.

En términos económicos y contables, lo que hizo Royón fue “instruir” a la Cammesa para que tome los fondos provenientes de los ingresos por las exportaciones de energía eléctrica a Brasil que se encuentran depositados en la “Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del MEM” y los transfiera al fideicomiso FONDESGA (Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino) que administra la estatal Enarsa para obras de ampliación de la red de gasoductos.

Además, con el fin de cubrirle las espaldas a las autoridades de la Cammesa -y que el movimiento no incurra en el delito de malversación de recursos públicos-, la resolución de Energía también estableció la “suspensión transitoria” de tres artículos de la resolución 593/22. Son los que disponían el uso exclusivo del 75% de los ingresos por exportaciones de energía eléctrica para el pago de las nuevas redes y líneas de transmisión del “Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional”.

Dar vuelta el sentido del gasoducto

El proyecto en juego para el Gasoducto del Norte consiste en la reversión del sentido de circulación actual para sustituir los envíos que interrumpirá Bolivia con una mayor producción doméstica de la cuenca neuquina. Las obras diseñadas abarcan un nuevo un gasoducto de 122 kilómetros entre Tío Pujio y La Carlota, para unir los sistemas trocales de transporte de TGS y TGN. Un loop de 62 kilómetros paralelo al Gasoducto del Norte y la reversión de cinco plantas conversoras.

Una vez que concluya la primera etapa del proyecto -cuya habilitación está prevista para el inicio del invierno 2024- se podrán despachar de los pozos de Vaca Muerta unos 19 millones de metros cúbicos de gas diarios (MMm3/d) a las provincias norteñas. En tanto, la segunda etapa de la reversión permitirá elevar la capacidad adicional de transporte hasta 29 MMm3 diarios.

La reversión del sentido de circulación actual es para sustituir los envíos que interrumpirá Bolivia con una mayor producción doméstica de la cuenca neuquina.

Con el financiamiento cubierto, ahora se espera que Enarsa -cuya conducción está en manos del santacruceño kirchnerista Agustín Gerez- ponga en marcha en los próximos días las licitaciones para comprar los caños y adjudicar los trabajos de ingeniería y montaje.

La contracara: transporte eléctrico al límite

Más allá del paso dado para avanzar con la ejecución de las obras, la extracción de los fondos de la Cammesa constituye una nueva traba que va camino a agravar la situación operativa del sistema de transporte eléctrico que viene funcionando al límite de su capacidad técnica por la falta de inversiones que arrastra desde hace más de una década en el tendido de nuevas líneas de alta y media tensión.

A diferencia del sector de distribución donde las empresas operadoras como Edenor y Edesur tienen que hacerse cargo de las inversiones de expansión del servicio, las transportistas eléctricas (Transener, Transnoa, Transnea, Transcomahue, Distrocuyo, EPEN, Transba y Transpa) sólo tienen la obligación de "mantener y operar" las redes de transporte.

Según las reglas de juego, el que tiene la responsabilidad de diseñar, aprobar y autorizar las obras de ampliación de las redes de transporte -con los mecanismos de repago correspondientes- es el Estado a través de la Secretaría de Energía. Pero, en vez de utilizar los recursos que tenía asignados desde el año pasado para el transporte eléctrico, el Gobierno ha optado por priorizar las obras gasíferas.

Para compensar esa situación -en parte- y atender los cuestionamientos de la oposición, la Secretaría de Energía decidió salir del paso con una convocatoria al sector privado que apunta a recibir "manifestaciones de interés" para "gestionar y financiar" las ampliaciones de redes de transmisión eléctrica que permitan la incorporación de nuevas centrales de generación y el desarrollo de explotaciones mineras.

Por medio de la resolución 564/23, se habilitó un esquema que se había utilizado durante la gestión macrista para que empresas e inversores privados presenten proyectos destinados a ampliar la capacidad de transporte eléctrico con aportes de fondos propios que permitan cubrir entre el 50% y 100% del costo total de cada obra. Por esta vía, el Gobierno espera recibir propuestas de inversión orientadas a extender la red nacional de líneas de 500 kV y a readecuar y ampliar las estaciones transformadoras en el ámbito federal.

Los interesados tendrán plazo hasta fines de octubre para entregar sus propuestas con los cronogramas previstos para las obras y las fechas de habilitación comercial de cada iniciativa. La duda que sobrevuela entre los empresarios del sector es si las actuales autoridades de Energía van a llegar a tiempo para aprobar algún proyecto o si transferirán las propuestas que reciban para que resuelva el próximo Gobierno, que asumirá el 10 de diciembre.

Nota Editada en Letra P