Por Antonio Rossi
Con un bajísimo perfil y una cintura política con amplios reflejos para moverse, Victorio Américo Gualtieri, el constructor emblemático de la provincia de Buenos Aires durante la administración duhaldista, logró convertirse, en los más de tres años que lleva el gobierno de Alberto Fernández, en uno de los principales adjudicatorios de las obras de infraestructura ferroviaria, arreglos de vías y provisión de durmientes para la rehabilitación de ramales.
Con la empresa constructora Sabavisa como nave insignia, Gualtieri va camino a ser una especie de nuevo zar de los rieles tras quedarse con los contratos de obras más importantes que ha licitado desde principios de 2020 ADIF, la ferroviaria estatal que desde el arranque de la gestión del Frente de Todos se encuentra bajo la órbita del massismo, como toda el área de Transporte.
Hasta el inicio de los 90, Gualtieri integraba el lote de los pequeños y medianos constructores que sobrevivían con proyectos privados y como subcontratistas de las grandes empresas que acaparaban las obras públicas más jugosas. Con la llegada de Eduardo Duhalde a la gobernación de Buenos Aires, empezó a crecer y pasó ser el principal contratista de obras públicas de la provincia y a integrar el top ten del ránking nacional.
Aunque niega haber sido el mayor beneficiario de las obras realizadas con el famoso “Fondo del Conurbano Bonaerense“, que Menem había creado en 1992 para apuntalar la gestión de Duhalde en la provincia, Gualtieri fue en la práctica, según coinciden en recordar sus colegas del sector, el que concentró y distribuyó la mayor parte de los contratos de pavimentación de calles y construcción de escuelas y hospitales en los principales partidos del Gran Buenos Aires.
En 1996, apareció en casi todos los medios cuando el entonces juez de Dolores Hernán Bernasconi allanó una de sus empresas en una causa por evasión de impuestos donde se resistía a ser fiscalizado.
En 2003 volvió a ocupar la atención mediática al ser detenido en La Pampa acusado del delito de “contrabando simple y tenencia de explosivos sin autorización”. Tras pasar unos días arrestado, logró que el juez federal de Santa Rosa, Jorge Zabala, lo liberase tras el pago de una fianza de $ 50.000.
Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, las empresas de Gualtieri no formaron parte de los grandes negocios y contratos de obras públicas que se manejaron desde el Ministerio de Planificación Federal, que comandaba Julio de Vido, y la Secretaría de Transporte, a cargo de Ricardo Jaime.
En 2007, las autoridades municipales del partido de La Costa le quitaron la concesión del servicio de agua potable que prestaba en San Bernardo, Mar de Ajó y La Lucila por los incumplimientos contractuales y la falta de inversiones que había acumulado con la empresa concesionaria Aguas de la Costa.
En 2014, junto con su hermano Saverio Nicolás Gualtieri y Hugo Barreña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata por el delito de “obtención fraudulenta de beneficios fiscales”, tras quedar comprobado que había utilizado el régimen de promoción industrial para lograr el diferimiento en el pago del IVA y Ganancias.
Cambiemos
Su suerte comenzó a revertirse gradualmente a partir de 2015, con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada y María Eugenia Vidal al gobierno bonaerense con la obtención de algunos contratos de obras públicas, como el dragado de la cuenca del Salado, y la expansión de sus negocios privados vinculados con explotaciones agropecuarias en Buenos Aires y el NEA y la compra a la ex-Multicanal de varias operadoras de cable del interior.
Actualmente, Gualtieri aparece ligado a una veintena de sociedades comerciales de diversos rubros que, según estimaciones privadas, totalizan una facturación anual que oscila entre US$ 250 millones y US$ 300 millones.
En el sector ferroviario, cuenta con obras ganadas tanto por Sabavisa, como por su otra empresa controlada, Frontera S.A., que se encuentra localizada en Dolores y se dedica a la producción de durmientes de hormigón pretensado para la renovación de vías de todas las líneas de cargas y pasajeros.
En los últimos días, Gualtieri volvió a estar en el radar ferroviario por la construcción de una playa de cargas en Vaca Muerta y el atraso que arrastra en las obras del Circunvalar de Santa Fe que se financia con un crédito de China.
En la licitación que lleva adelante ADIF para construir en Añelo (Neuquén) la playa de cargas que forma parte de la futura conexión ferroviaria a Vaca Muerta, la constructora de Gualtieri quedó a un paso de adjudicarse las obras con una oferta que comprende un monto en pesos de 1.465 millones y otro en dólares de 791.660. En segundo lugar, se ubicó la oferta de Semisa, del grupo Rovella Carranza, que cotizó los obras por encima de los $ 2.000 millones.
Lo llamativo de esta licitación fue que ADIF –manejada por el massista bonaerense Martín Marinucci, que también controla SOFSE, la operadora estatal de los trenes de pasajeros— dejó afuera por cuestiones formales la empresa local Vial Agro y al consorcio integrado por Powerchina, CN Sapag y RJ Ingeniería.
En tanto, en el caso del “Circunvalar de Santa Fe”, una obra clave para agilizar la circulación de los trenes del Belgrano Cargas evitando que las formaciones ingresen a la zona urbana de la capital santafesina, Sabavisa y su socia local, Pietroboni, que tienen adjudicado el tramo más importante del proyecto, acumulan una demora de casi seis meses en los trabajos de renovación de vías y la construcción del nuevo puente que cruza el río Salado.
Mientras las otras dos secciones del Circunvalar adjudicadas a Vial Agro y Herso-Ferromel están al día con el cronograma de obras, el atraso de la constructora de Gualtieri es seguido con atención por los técnicos de ADIF y por el gobierno santafesino, que esperan poder mostrar el proyecto con más de un 50% de avance durante la campaña electoral, que está a la vuelta de la esquina.
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