17/09/23

De salida, el Gobierno prorroga hasta 2027 las concesiones del puerto de Buenos Aires

Extendió por tres años los permisos de las terminales porteñas y aprobó un ajuste tarifario a partir de enero. Licitación sin fecha y condicionamientos para la próxima gestión.

Por Antonio Rossi



A menos de tres meses del cambio de residentes en la Casa Rosada, la Administración General de Puertos (AGP) prorrogó las concesiones de las terminales portuarias de Buenos Aires hasta 2027 y habilitó la aplicación de un incremento del 100% a partir de enero en las tasas a las cargas que deben pagar las empresas importadoras y exportadoras. La movida, que va camino a condicionar y limitar los planes de la próxima gestión gubernamental, contó con el visto bueno del Ministerio de Transporte piloteado por el massista rosarino Diego Giuliano y la AGP conducida por el santacruceño kirchnerista José Beni.

La medida establece la continuidad operativa de las terminales que habían sido privatizadas en la década del 90 y estaban con sus contratos vencidos y beneficia a dos empresas: TRP, concesionaria de las terminales 1, 2 y 3, que controla el holding estatal de Emiratos Árabes Dubai Ports Word, asociado con el grupo local Román; y APM, la operadora de la terminal 4 que pertenece al grupo danés Maersk.

La ampliación contractual de las terminales de contenedores del puerto capitalino se extiende, en principio, por un período de tres años; pero en caso de que en ese período no se lleva adelante una licitación internacional para seleccionar a nuevas operadoras, las dos concesionarias actuales podrán seguir operando y facturando sus servicios hasta 2030.

Tras haber transitado casi tres años y medio con soluciones parciales y fallos judiciales en contra, la administración de Alberto Fernández se decidió a encarar un cambio de fondo en el funcionamiento del puerto de Buenos Aires en los últimos seis meses de su gestión. El primer paso se dio al inicio de junio con la firma del decreto 299/23, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso dos medidas significativas. En primer lugar, derogó el decreto 870/2018 de la gestión macrista que había ordenado la relicitación de las terminales portuarias capitalinas a un único operador; y, el segundo, definió que el nuevo llamado licitatorio deberá contemplar la transferencia del manejo y la operación de las instalaciones del puerto a dos concesionarios privados.

Letra chica y condiciones

Tras destacar que la futura licitación “tendrá el eje puesto en mantener las fuentes de trabajo, evitar un monopolio extranjero y garantizar el crecimiento del comercio exterior a través del único puerto de administración federal del país”, el decreto le ordenó a la AGP que proceda a reordenar de manera temporaria la actividad del puerto de Buenos Aires teniendo en cuenta dos parámetros salientes: no interrumpir las operaciones y mantener los puestos de trabajos.

Con esas permisas, el organismo portuario conducido por Beni negoció la salida anticipada de la concesionaria de la terminal 5 en manos de Bactssa, empresa controlada por el holding asiático Hutchinson Ports que tenía contrato hasta mayo del próximo año, y la redistribución de sus instalaciones y plantel operativo entre TRP y APM. Los acuerdos fueron avalados por medio de la resolución 502/23 de la cartera de Transporte, de los primeros días de setiembre.

La concesionaria TRP asumió el compromiso de absorber el 40% de los 550 empleados directos y tercerizados que tenía Bactssa; mientras que su colega de APM hará lo propio con el 60% restante. Además, la concesionaria controlada por el grupo Maersk anexará los terrenos, el muelle y el espigón que pertenecían a la terminal 5. Según lo pactado, esas instalaciones deberán utilizarse de manera prioritaria para el “desarrollo de operaciones con cruceros y como muelle de espera de embarcaciones menores y de transbordo".

Adecuación tarifaria y licitación

Junto con los tres años adicionales de prórroga, los nuevos contratos también incluyeron, como compensación por la absorción del personal de la terminal 5, una readecuación tarifaria que entrará en vigencia a partir de enero y que tiene dos puntos salientes: la duplicación de las tasas a las cargas de US$ 4 a US$ 8 por tonelada que deben abonar las empresas importadoras y exportadoras a la AGP y la eliminación del régimen de tarifas máximas que pueden aplicar las concesionarias.

Si bien los funcionarios ya tienen vía libre para encarar la nueva licitación, los tiempos en juego indican que no será un proceso de implementación rápida y, en caso de que se pueda poner en marcha en las próximas semanas, la definición quedará en manos de las autoridades que desembarquen en diciembre en la Casa Rosada; siempre que aprueben lo actuado y no decidan disponer otra alternativa.

El esquema diseñado por los técnicos de la AGP prevé adjudicar una terminal destinada a la atención de cruceros y contenedores y otra exclusiva para el movimiento de cargas contenerizadas. El nuevo armado previsto para la reprivatización del puerto capitalino permitirá la operación de manera simultánea de varios cruceros y hasta cuatro buques New Panamax de 366 metros de eslora y 52 de manga que pueden transportar hasta 15.000 contenedores cada uno.

Nota Editada en LetraP