Por Antonio Rossi
Más allá del ruido político y mediático que dejó instalado sobre la adjudicación del nuevo contrato de los DNI a firma Unitec Blue SA (del grupo empresario de Eduardo de Eurnekian) asociada con alemana Mühlbauer y la licitación de la banda de telefonía móvil de quinta generación (5G); la denuncia impulsada por el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei para que el Gobierno desista de llevar adelante medidas de fondo que condicionarán a las próximas autoridades también puso sobre el tapete cuatro cuestiones energéticas significativas que ahora han quedado en la mira.
El combo de temas vinculados con los servicios y negocios del sector energético a los que el líder libertario les bajó el pulgar y reclamó congelar abarca: la acelerada normalización del directorio del ente regulador eléctrico (ENRE); la contratación de nuevas usinas de generación térmica; la prórroga de concesiones de represas hidroeléctricas y las revisiones tarifarias integrales (RTI) de transportistas eléctricas y las distribuidoras Edenor y Edesur.
Inicialmente, la movida lanzada por Milei la semana pasada para frenar las iniciativas más cuestionadas del Gobierno estuvo eclipsada por la polémica por el contrato de los DNI y pasaportes de casi u$s45,4 millones que el ministerio del Interior le otorgó a Eurnekian en medio de fuertes cuestionamientos de empresas competidoras y la subasta licitatoria por el 5G, que un juzgado federal de Mendoza ya ordenó paralizar hasta nuevo aviso.
Pero con el correr de los días comenzaron a tomar fuerza tanto el masivo pase a planta permanente de personal estatal de diversos ministerios y organismos públicos, como las aristas energéticas que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa pretende dejar cerradas antes del 10 de diciembre.
Lo que salió a pedir Milei es "la inmediata revocación" de una serie de medidas y actos administrativos que resultan "manifiestamente nulos de nulidad absoluta e insanable" y van camino a limitar y condicionar al próximo Gobierno.
Usó como fundamento lo que marca la ley de Responsabilidad Fiscal 25.917, según la cual "durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato, no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente, exceptuando los que trasciendan la gestión de Gobierno y que deban ser atendidos de manera específica y aquellos cuya causa originante exista con anterioridad al periodo indicado y su cumplimiento sea obligatorio".
Dicha norma establece que "se entenderá por incrementos del gasto corriente de carácter permanente a aquellos que se prolonguen por más de seis meses y que no se encuentren fundados en situaciones de emergencia de tipo social o desastre natural".
Suspensión de concurso en el ENRE
El primer punto del ámbito energético que busca suspender Milei es el concurso de antecedentes para la selección de un nuevo directorio del ENRE que tiene en curso la Secretaría de Energía para terminar contrarreloj con la intervención del organismo que viene manteniendo desde los primeros meses de 2020.
En línea con la postura expresada por los senadores nacionales de la UCR que salieron a frenar el intento de copamiento del organismo regulador, la presentación de Milei advierte que "la permanencia de quienes resulten designados en estos cargos públicos de conducción más allá del 10 de diciembre resultará, sin dudas, en un entorpecimiento a la gestión del nuevo Gobierno".
Usinas térmicas bajo la lupa
La segunda cuestión está vinculada con la "Convocatoria Nacional e Internacional para Contratos de Abastecimiento de Confiabilidad de Generación Térmica" (TerCONF) donde alrededor de 20 empresas presentaron 66 proyectos alternativos que ahora se encuentran bajo la evaluación oficial.
El esquema en juego contempla prácticamente el mismo mecanismo de "alquiler" de equipos que había utilizado la administración macrista a principios de 2016.
Se trata de convenios de suministros a 10 y 15 años con generadores privados que, a cambio de instalar y operar las usinas térmicas, tendrán garantizado el pago dolarizado de la energía suministrada y la potencia contratada por parte de la CAMMESA.
Según la visión de Milei "en lugar de haber focalizado en la regularización del sector eléctrico argentino y generar las condiciones para la afluencia de nuevas inversiones que compitan en el mercado y permitan la reducción de los precios de la energía, el Gobierno ha optado por celebrar contratos de abastecimiento cuyos precios recaerán en la demanda, es decir, en los usuarios de electricidad, en niveles muy superiores a los que el mercado sancionaría en una situación de equilibrio y normalidad regulatoria".
Vencimiento de concesiones
En tercer lugar, figura la decisión tomada por el Gobierno ante el vencimiento de las primeras concesiones de las centrales hidroeléctricas que habían formado parte de las privatizaciones de la era menemista.
Los contratos de las usinas patagónicas de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila que expiraban entre los primeros días de agosto y fines de diciembre fuero prorrogados por un plazo de 120 días. Y en el proyecto de Presupuesto 2024 remitido al Congreso, Massa incluyó un artículo para crear una nueva sociedad estatal bajo el paraguas de Enarsa que deberá hacerse cargo de la operación de las centrales.
Para el líder libertario, esa medida se torna "ilegítima e irrazonable a pocos meses de que el Gobierno termine su mandato porque importará millonarias erogaciones con posterioridad al 10 de diciembre y generará temor e incertidumbre entre los concesionarios".
Destacó, además, que "lo que no ha hecho el Gobierno en los últimos cuatro años, pretende hacerlo ahora con total inobservancia de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico.
Podría haber dispuesto una extensión de hasta 12 meses permitiendo así, que la cuestión fuera abordada de manera integral por el nuevo Gobierno. Para agravar la situación, el proyecto de Presupuesto contempla la creación de una nueva empresa estatal para gestionar las hidroeléctricas que, a escasos meses de la terminación del mandato, es a todas luces ilegítima".
Freno a las revisiones tarifarias
Por último, la denuncia plantea no avanzar con las nuevas RTI (Revisiones Tarifarias Integrales) de las transportistas eléctricas y las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur que los funcionarios energéticos quieren dejar definidas y atadas con moños para la nueva administración.
Según la evaluación del candidato de LLA, el Estado "ha desconocido los marcos regulatorios en materia de servicios públicos e industrias reguladas, afectado a los usuarios presentes y futuros con una política de subsidios indiscriminados, impuesto irrazonables congelamientos tarifarios que redundaron en una baja calidad de servicio y ha eliminado las señales que los precios y tarifas brindan para el fomento de la inversión y expansión de los servicios".
Ante ese escenario, la presentación de Milei resaltó que la implementación de las RTI al bordo del cambio de Gobierno sería nociva para todas las partes involucradas: el Estado "quedará sujeto al cumplimiento de compromisos que no tienen en consideración las políticas integrales que habrán de adoptarse más allá del 10 de diciembre"; las operadoras se "expondrían a la aplicación de nuevos cuadros tarifarios que no tienen en cuenta las variables macroeconómicas que imperarán con la nueva gestión" y los consumidores "resultarán perjudicados pues el nuevo esquema necesariamente deberá basarse en la prestación de un servicio eficiente que solamente puede lograrse mediante la implementación de tarifas reales y razonables".
Fuente: iProfesional
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