Por Antonio Rossi
Más allá de los pagos de los subsidios atrasados que vaya liberando el Ministerio de Transporte y los acuerdos transitorios que se alcancen, la tensión entre las líneas metropolitanas de colectivos y la administración de Alberto Fernández promete seguir sobre el tapete hasta que el próximo gobierno adopte las medidas de fondo para resolver las dos caras del problema central del conflicto: la falta de actualización de los ingresos tarifarios y el constante incremento de los costos operativos y salariales del sector.
Los reclamos por la demora en la transferencia de las compensaciones tarifarias, que las empresas dueñas de los colectivos del AMBA venían planteando desde fines de 2022, tomaron mayor intensidad a partir de marzo cuando el ministerio que comanda el massista Diego Giuliano sacó a la calle la resolución 178 que aprobó las nuevas estructuras de costos y los montos de los subsidios mensuales que el Estado prevé pagar entre abril y agosto.
En línea con los compromisos asumidos con el FMI para reducir el déficit fiscal y los subsidios, Transporte decidió mantener casi sin cambios el total de las compensaciones tarifarias que desembolsará en los próximos meses. En abril, los subsidios a abonar ascenderán a $41.505 millones, mientras que en agosto el total a pagar será de $42.064 millones. Según las autoridades de Transporte, en ese período las empresas van a ver mejorados sus ingresos por venta de boletos en un 18% por los ajustes mensuales por inflación que elevarán la “tarifa media” de abril de $29,16 a $34,44 en agosto.
Del otro lado de la mesa, las cámaras del sector rechazan la postura oficial con dos argumentos salientes. En primer lugar, denuncian que desde enero el Gobierno no solo está entregando los subsidios sin actualizar, sino que además lo hace en forma incompleta y sin respetar las tres fechas mensuales que se habían pactado para que puedan estar al día con los salarios y el pago de los impuestos y aportes previsionales.
En segundo lugar, advierten que los números oficiales no son creíbles porque se basan en una estructura de gastos operativos y salariales que se mantiene prácticamente congelada en medio de un contexto inflacionario creciente que no da señales de retroceder.
Como muestra de la inconsistencia los cálculos oficiales, las empresas señalan los subsidios hasta agosto se definieron sobre la base de un aumento salarial de sólo el 7%, cuando los acuerdos con la UTA ya prevén una mejora de sueldos mínima del 30%.
Además de reclamar el pago de $24.000 millones de subsidios atrasados, las líneas metropolitanas quieren que el Gobierno establezca un nuevo mecanismo de actualización automática y mensual de las compensaciones tarifarias que refleje las variaciones de los costos operativos que casi siempre están por encima del índice de precios minoristas que se aplica para el ajcolectivosuste de los boletos.
La otra opción que las empresas le plantean al Gobierno para solucionar el problema económico y financiero del sector consiste en la aplicación de un mayor ajuste tarifario para subir los boletos por arriba de la inflación y reducir la incidencia de los subsidios.
Los números oficiales de abril muestran que la tarifa real promedio que deberían pagar los usuarios en todas las líneas metropolitanas trepa a $230 por viaje. De ese total, lo que abonan los pasajeros llega a solo $30, mientras que los $200 restantes los cubre el Estado con subsidios.
Hasta ahora, la postura de Transporte es no autorizar nuevos aumentos tarifarios. Pero ante la escasez de fondos y los ajustes presupuestarios en carpeta, no se descarta un cambio de posición para aplacar los reclamos de las empresas y poder transitar la campaña electoral sin paros de colectivos en el AMBA.
Nota Editada en LetraP
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