16/07/23

Colectivos: la mesa de diálogo arrancó con baches y el conflicto sigue latente

La apertura de negociaciones entre las empresas y el Gobierno fue a medias. Transporte no cumplió con las primeras medidas y todo pende de los pagos comprometidos. Hubo acuerdo en larga distancia.

Por Antonio Rossi



Lejos de haberse solucionado con la nueva instancia de negociación abierta por el Gobierno, el conflicto salarial y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en los servicios de colectivos de la región metropolitana se mantiene latente y a la espera de que se cumplan los compromisos del Ministerio de Transporte comandado por el massista rosarino Diego Giuliano.

Tras el levantamiento del paro de casi 18 horas del viernes 7 de julio que dejó sin colectivos a millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el Gobierno convocó a las cámaras empresarias del sector y al gremio de la UTA a una mesa de diálogo para poder resolver los reclamos atrasados y encarrilar las soluciones de fondo que permitan pagar los últimos aumentos salariales en juego.

En la primera reunión, concretada el lunes pasado, los directivos de las cinco entidades representativas de las líneas metropolitanas (AAETA, Cetuba, CEAP, CTPBA y Ceutupba) aceptaron firmar el convenio paritario pendiente que contempla un aumento salarial promedio superior al 50% entre los meses de abril y setiembre.

Nuevo plazo del Gobierno: 10 de agosto

El acuerdo establece el reconocimiento retroactivo de “nuevos salarios básicos remunerativos” de $262.000 en abril; $284.000 en mayo y $320.000 en junio. Para los tres meses siguientes, las subas pactadas prevén llevar el salario básico de julio a $346.000; el de agosto a $374.00 y el correspondiente a septiembre a $404.000. A eso se agregan una escala de aumento para el viático diario que pasará de $1.626 en mayo a $2.311 en setiembre y una gratificación extraordinaria por única vez de $ 32.000.

A cambio del acuerdo empresarial a los ajustes salariales que reclamaba la UTA comandada por el histórico Roberto Fernández, las autoridades de Transporte asumieron por escrito el compromiso de “proveer a las empresas de los recursos necesarios a los fines de posibilitarles el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

Esa promesa oficial quedó plasmada en una “hoja de ruta” de siete puntos que los funcionarios se comprometieron a llevar adelante antes del 10 de agosto. Pero, de las cinco primeras medidas que tenían implementar antes del viernes, solo concretaron una que fue el pago de los subsidios atrasados del mes de marzo.

Quedaron pendientes la derogación de la resolución conjunta firmada por Transporte y Trabajo que había fijado unilateralmente las mejoras de sueldos; la anulación de las intimaciones vinculadas con esa resolución que recibieron las empresas; la aprobación de la nueva estructura de costos operativos con precios al mes de abril y el pago de las diferencias registradas por esa actualización en los subsidios de junio y julio.

A esas medidas que quedaron en el tintero, se agregan dos cambios que deberían efectuarse antes de las PASO del 13 de agosto. Consisten en la creación de un “grupo de trabajo” específico para analizar todos los valores que componen la estructura operativa del sector y la aprobación de un nuevo cálculo de costos que refleje los precios vigentes en junio.

Un acuerdo a prueba

Las empresas, por las dudas, salieron a abrir el paraguas y advirtieron que si el Gobierno empieza a acumular retrasos, o no adopta las medidas acordadas, no van a poder cumplir con la agenda de pagos pactada con el sindicato de los choferes para ponerse al día con los aumentos y las diferencias salariales de los meses anteriores.

Ese cronograma ya arrancó con un casillero en rojo al no haberse efectuado el último miércoles el pago que estaba acordado por la diferencia de los haberes y viáticos que quedaron pendientes en junio.

Según el calendario en danza, las empresas deberían pagar el próximo miércoles 19 la diferencia correspondiente al aguinaldo. Después tendrían que abonar el 24 de julio la diferencia surgida con los salarios de abril, Y, por último, pasar a liquidar la suma pendiente por viáticos y gastos de representación el día 15 de agosto.

Ante ese panorama, los empresarios consideran que, si no aparecen los fondos comprometidos la próxima semana para pagar lo acordado, la UTA no tendrá margen para seguir esperando y lo más probable es que vuelva a la carga con otro paro masivo de colectivos en el AMBA.

Sin subsidios es más fácil

En cambio, donde ha quedado despejado el camino y bloqueada la chance de una interrupción de los servicios -por lo menos hasta octubre- es el sector de los ómnibus de larga distancia.

A diferencia de las líneas urbanas, en las que el 85% de los ingresos provienen de los subsidios nacionales, provinciales y municipales, las compañías de larga distancia operan prácticamente sin ayuda económica estatal. La única compensación que reciben es por el traslado gratuito de las personas con certificado de discapacidad que representa apenas el 1% de sus ingresos totales.

La no dependencia del pago mensual de subsidios y la existencia de una regulación flexible que no traba el traslado de los mayores costos operativos a tarifas les ha permitido a las empresas de larga distancia alcanzar un acuerdo con la UTA sin mayores complicaciones.

El nuevo convenio salarial que las cámaras CATAP, CEAP, Celadi y AAETA cerraron con los choferes de los servicios interurbanos establece un “salario básico conformado” de $ 315.300 para julio; de $ 339.292 en agosto y de $ 366.508 en setiembre. A eso se agrega un ajuste en los viáticos diarios de $15.800 a $18.5.00 entre julio y setiembre y un aumento de $4.800 a $6.060 en el pago por cada año de antigüedad.

Nota Editada en LetraP