Por Antonio Rossi
La confirmación de la reducción de los subsidios al transporte incluida en el Caputazo, las demoras en oficializar el nombramiento del secretario responsable del área y una movida del gobernador bonaerense Axel Kicillof, convirtieron a las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el primer conflicto en los servicios públicos que debe afrontar la administración de Javier Milei.
El motivo de fondo del conflicto radica en que, como recalca Milei, “no hay plata”; y a esto se suma que las autoridades económicas y de Transporte no tienen definidos aún el alcance y los tiempos de la “hoja de ruta” a seguir para reducir subsidios y aumentar las tarifas.
En la disputa con el empresariado de la región metropolitana, que recortó las frecuencias de los servicios alegando que no tienen fondos para mantener los diagramas normales, entró en escena el gobernador Kicillof con una jugada que tiende a dejarle todo la responsabilidad y el costo político del caso a la administración nacional.
El ministro de Transporte bonaerense, el massista Jorge D´Onofrio avisó que desde el 1° de enero no pondrá más plata de la Provincia para cubrir la mitad de los subsidios que reciben las líneas locales e intermunicipales del conurbano. Fuentes de la gobernación bonaerense consultadas por Letra P atribuyen la movida a una suerte de "pase de factura" a raíz del anuncio de Milei de crear un nuevo impuesto llamado "Tasa Kicillof", para pagar el juicio por la estatización de YPF.
Lo que hizo la administración bonaerense fue blanquear que los subsidios de la Provincia se venían pagando con fondos transferidos de la Nación, los cuales ahora quedaron eliminados y sujetos a una instancia de negociación política.
Las aristas del conflicto
El cuadro de situación que envuelve al conflicto de los colectivos del AMBA, que el Gobierno intentará destrabar este jueves con una convocatoria a las cámaras empresariales del transporte, tiene varias aristas que no admiten salidas parciales y demandan una solución integral.
-Por una resolución de noviembre, el boleto promedio sin subsidios quedó fijado en alrededor de los $ 400. De ese valor, que fue definido tomando en cuenta los precios de insumos y salarios de agosto, las personas usuarias abonan un promedio de $ 40 y los restantes $ 360 corresponden a subsidios. Tras la devaluación del 120%, el salto del gasoil y la remarcación de precios generalizada que sobrevino desde el 10 de diciembre; esa tarifa plena, sin subsidios, trepó a un promedio de $ 800. Como no se ajustaron los boletos, ni los subsidios; las empresas siguen recibiendo un ingreso total de $ 400 por viaje, frente a un costo del servicio que trepó al doble.
-Junto con sus primeras medidas, el ministro de Economía, Toto Caputo anticipó que desde enero los subsidios al transporte del AMBA bajarán un 35%; y se orientarán a la demanda y no a las empresas. Hasta ahora, nadie en la Casa Rosada dijo cómo y de qué manera se van a implementar esos cambios.
-A eso se agrega el hecho de que el elegido para conducir la secretaría de Transporte, Franco Mogetta, tiene su nombramiento demorado y carece de firma para tomar decisiones.
-Al Gobierno no le queda otra salida que definir dos variables clave: el valor actualizado de las tarifa plena y el porcentaje de subsidios que va a seguir cubriendo con la quita prometida y los recursos económicos que tenga disponibles. De ahí surgirá el nuevo precio del boleto que, según estimaciones de personal técnico que quedó en el área de Transporte, podría oscilar entre los $ 200 y $ 350 en línea con lo que ya están pagando en el interior del país.
-Las cámaras empresariales metropolitanas (AAETA, CTPBA, CEAP, Cetuba y Ceutupba) esperan que el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro y Mogetta les clarifiquen cómo sigue la situación; donde está en juego la circulación de lo vehículos y el pago de sueldos de diciembre desde la semana próxima. Por las dudas, quienes tienen empresas de los colectivos mantienen el recorte de servicios por debajo del 50%, en relación con el nuevo nivel de prestación mínima que estableció el decretazo 70/23 para el transporte urbano de pasajeros.
Nota Editada en LetraP
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