Por Antonio Rossi
Algunos dicen que fue hecho adrede para que muy pocos se enteren. En cambio, desde los despachos del área energética que conduce la massista salteña Flavia Royón, aseguran que no ha sido algo premeditado y que se decidió varios días antes de que la Justicia le pusiera fecha a la difusión de este histórico fallo.
Lo cierto es que este martes 6 de diciembre, casi al mismo tiempo en que el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la secretaría de Energía va a estar llevando adelante una nueva audiencia pública para exponer los alcances de los futuros ajustes en las facturas de gas que se van a sumar a los aumentos que se están aplicando actualmente por el esquema de segmentación tarifaria y quita de subsidios.
La audiencia pública -que se realizará en forma virtual por la plataforma Webex- tiene por objeto evaluar la actualización que regirá a partir de 2023 en el precio del gas natural destinado a atender la demanda residencial y prioritaria y el nivel de subsidio que seguirá cubriendo el Estado para los usuarios hogareños de los sectores socioeconómicos medios y bajos.
Si bien en la audiencia los funcionarios de Energía se aprestan a plantear varios escenarios de subas del precio del gas y de las distintas porciones del valor final que podría asumir el Estado, el informe técnico presentado por el Gobierno desliza que la variante que más chances tiene de ser aprobada para los consumos hogareños es la que contiene una escala de aumentos que oscila entre el 32% y el 65%.
Factura del gas: cómo se agregarán estos incrementos
Esos incrementos -que recaerán sobre el valor del gas que conforma el cargo variable de las facturas- se va agregar a los actuales ajustes de hasta el 150% que están recibiendo los usuarios de mayores recursos y los hogares medios y bajos que superan los topes de consumos mensuales bonificados. Estos aumentos en curso—que corresponden al esquema de segmentación tarifaria y supresión de subsidios –se dividieron en tres tandas: la primera empezó a correr desde octubre y la última terminará de implementarse en enero.
De cara a la audiencia de mañana, el informe oficial que elaboraron los técnicos de Energía aportó una serie de precisiones y estimaciones económicas sobre las principales variables que rodearán al negocio gasífero del próximo año.
El trabajo comienza aclarando que "el precio del gas que se traslada a la tarifa y es facturado a los usuarios deriva directamente de la proporción que el Estado Nacional tome a su cargo del precio que perciben las productoras locales de gas, del precio del gas importado de Bolivia y del precio del GNL importado y regasificado".
En cuanto a los grandes números del sector, el informe consigna que "la demanda prioritaria de gas natural alcanzará en 2023 los 15.223 millones de metros cúbicos (MMm3), distribuidos en 5.754 MMm3 entre los meses de enero a abril y de octubre a diciembre, y 9.469 MMm3 en el periodo invernal de mayo a septiembre".
Oferta y costo total del gas para atender la demanda
Por el lado de la oferta de gas para atender esa demanda, destaca los productores locales suministrarán 13.488 MMm3 (88,6% del total); desde los yacimientos bolivianos llegarán 1.433 MMm3 (9,4%) y 301 MMm3 se importarán con medio de barcos metaneros (2%).
En cuanto al costo total del gas que se requerirá para abastecer la demanda prioritaria, el informe consigna que alcanzará a u$s2.935 millones, equivalentes—según los cálculos oficiales—a unos $653.498 millones.
Desglosado por la procedencia del combustible, el precio previsto para el gas local se ubica en 3,90 dólares por millón de BTU (u$s/MMBTU); mientras que, para el gas importado de Bolivia, el valor promedio proyectado llega a 9,91 US$/MMBTU. En el caso del GNL, el precio promedio estimado para el período que va de mayo a setiembre trepa a 42.07 u$s/MMBTU, al cual hay que adicionarle un costo fijo y variable de regasificación que oscila entre 1 y 1,3 u$s/MMBTU.
Tomando en cuenta esos precios, el informe señala que los productores locales de gas facturarán un total anual de u$s1.943 millones y que los giros a Bolivia implicarán un gasto de u$s524,2 millones. En tanto, por los cargamentos de GNL, lo que tendrá que desembolsar la estatal Enarsa encargada de las importaciones llegará a los u$s468,1 millones.
Cuánto cubrirá el Gobierno en subsidios
Tras destacar que "el precio promedio ponderado del gas en 2023 se ubicará en 5,22 u$s/MMBTU"(el valor actualizado que pasarán a abonar los hogares que perdieron los subsidios), el trabajo de los técnicos de Energía da casi como un hecho que la decisión final del Gobierno se inclinará por cubrir el 67,3% (3,52 u$s/MMBTU) de ese valor con aportes estatales, quedando el 32,7% restante (1,71 Uu$s/MMBTU) a cargo de los usuarios de los sectores medios y bajos que siguen con sus consumos bonificados.
Con ese nivel de subsidios del 67,3%, el Estado tendría que asumir un gasto de $ 439.921 millones sobre el costo total de abastecimiento de la demanda prioritaria pautada en $ 653.498 millones anuales.
De acuerdo con el ejemplo que figura en el informe de Energía, un usuario R31 -con un consumo medio de 95 metros cúbicos mensuales- de la zona Norte del Gran Buenos Aires deberá prepararse para afrontar aumentos que van del 32% al 65% en el precio del gas a partir de 2023.
Si ese usuario pertenece al Nivel 1 (que agrupa a quienes poseen mayor poder adquisitivo y que no recibirán más subsidios) la factura actual de $ 4.907 trepará a $7.288 mensuales.
Si forma parte del lote de usuarios del Nivel 2 (integrado por quienes reciben el beneficio de la tarifa social y tienen ingresos inferiores a una canasta básica total), el salto en boleta final irá de los $2.621 actuales a $3.084.
Y si se encuentra entre los usuarios del Nivel 3 (que engloba mayoritariamente a los hogares de clase media), la suba en la factura final pasará de $3.718 a $5.312 mensuales.
Fuente: iProfesional