01/06/22

Sigue la interna en el Gobierno por las tarifas: Enargas aprobó aumentos bajo protesta y anticipó nueva audiencia pública

La intervención del ente reconoció que se vio obligada a aprobar los aumentos por una bajada de línea de la Secretaría de Energía. Lo que viene

Por Antonio Rossi



Lejos de haber quedado como un "tema superado y cerrado" como sostienen desde el ministerio de Economía comandado por Martín Guzmán, el ajuste tarifario y la reducción de subsidios para los servicios energéticos que el Gobierno acordó con el FMI sigue generando ruido y permanece con un final abierto.

En las mismas resoluciones donde aprobó los cuadros tarifarios que deben aplicar desde este mes las distribuidoras gasíferas. el interventor del Enargas, Federico Bernal, denunció que el Poder Ejecutivo no cumplió con los procedimientos normativos vigentes para la autorización de los aumentos. Además, anticipó que en las próximas semanas convocará a una nueva audiencia pública para tratar los alcances y cuestionamientos a los incrementos en las facturas que le impusieron Economía y la Secretaría de Energía.

El nuevo y marcado contrapunto por las tarifas energéticas planteado puertas adentro de la administración de Alberto Fernández salió a la luz con la publicación de las 10 resoluciones de Enargas (207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 y 216) por las cuales las empresas Metrogas, Naturgy Ban, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gasnor, Gasnea, Litoral Gas, Gas del Centro, Gas Cuyana y Redengas quedaron habilitadas para aplicar las nuevas escalas tarifarias con aumentos que van del 18,5% al 25% para los clientes residenciales.

En cada una de esas resoluciones, Bernal desplegó una extensa serie de explicaciones y argumentos para justificar los incrementos que terminó convalidando, pero con fuertes cuestionamientos y advertencias sobre el accionar previo que tuvieron los funcionarios de Economía y Energía.

Tarifas: subas con cuestionamientos del Enargas

Varios párrafos críticos de las resoluciones del Enargas pueden ser directamente utilizados para la presentación de una demanda para que la Justicia determine si el Gobierno cumplió o no con las normas vigentes para el cálculo y aprobación de los aumentos tarifarios en el servicio de gas.

En la letra chica de las decisiones adoptadas por Bernal -ex asesor de Julio De Vido y actual vocal del Instituto Patria- sobresalen dos datos relevantes que le quitan consistencia a los nuevos cuadros tarifarios. Por un lado, la intervención del ente reconoció que se vio obligada a aprobar los aumentos por una bajada de línea de la Secretaría de Energía que le ordenó actuar con urgencia. Y, por otro lado, advirtió que faltó un paso administrativo y regulatorio previo a la implementación de los ajustes como es el llamado a una audiencia pública específica para tratar el nuevo precio del gas y el impacto que tendría en las tarifas finales.

Para reforzar este último argumento y sembrar más dudas sobre la legalidad de los nuevos cuadros tarifarios, Bernal anticipó que, una vez que logre reunir toda la documentación correspondiente, procederá a convocar a una nueva audiencia pública con el fin de analizar y debatir los aumentos que corren desde el 1 de junio.

Las críticas de Bernal a los aumentos tarifarios

Entre otras cuestiones polémicas, las resoluciones de Bernal pusieron de manifiesto los siguientes puntos críticos:

El Enargas es un ente autárquico que, si bien actúa en la órbita de la Secretaría de Energía del ministerio de Economía, no posee relación jerárquica con ella, conforme los principios que rigen la organización administrativa.

Conforme lo dispuesto por la resolución 403/22 de Energía, los actos administrativos para la puesta en vigencia inmediata de los cuadros tarifarios se efectúan considerando los compromisos asumidos por el Estado Nacional en el programa de Facilidades Extendidas cerrado con FMI.

La inmediatez ordenada al Enargas para la emisión de los nuevos cuadros tarifarios implica que éste cumpla lo instruido, sin que ello sea causa bajo ninguna circunstancia de que el ente deje de ejercer las competencias que les son propias y que también se asocian directamente con la función de este organismo autárquico en la regulación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, cual es la de proteger adecuadamente los derechos de los usuarios y usuarias.

El proceso de traslado del precio del gas a la tarifa final comprende, entre otras cuestiones, el análisis de los contratos respectivos y el tratamiento de las diferencias diarias acumuladas. A la fecha, no se cuenta con todos los recaudos normados para llevar adelante los procedimientos antes indicados por la normativa previamente citada, lo que deberá efectuarse dada las expresas órdenes de la Secretaria de Energía y los compromisos asumidos por el Estado Nacional.

El análisis del precio del gas que debe trasladarse a la tarifa (en este caso se trata de la porción que abona el usuario o usuaria) es un elemento esencial del proceso de determinación de esta última y de la elaboración del juicio de razonabilidad tarifaria.

Corresponderá a este organismo efectuar todos los análisis y pasos procedimentales que permitan a la ciudadanía conocer el impacto en los cuadros tarifarios de la adecuación establecida; es decir aquello que habrán de abonar, así como lo que corresponda respecto del tratamiento en materia de diferencias diarias acumuladas.

Por ese motivo, el ente convocará oportunamente a "audiencia pública" una vez que se cumplan todos los extremos previstos en la resolución 403 y el marco regulatorio del gas.

Subas de tarifas eléctricas, sin conflicto

A diferencia del planteo discordante y a contramano de la política oficial que lanzó Bernal, la interventora camporista del ente regulador eléctrico, Soledad Manín, no puso obstáculos y aprobó sin chistar los nuevos cuadros tarifarios que deberán implementar Edenor y Edesur.

Son los que se desprenden de la resolución 405/22 de la Secretaría Energía e implican un aumento promedio del 16,53% para la mayor parte de la clientela residencial; del 7,7% para los beneficiarios de la tarifa social y de 36% para las pequeñas y medianas demandas de comercios e industrias.

Como la suba en el valor mayorista de la energía rige a nivel nacional, ahora los gobiernos provinciales tendrán que autorizarles a sus distribuidoras y cooperativas eléctricas un nuevo ajuste del 16% al 36% que se sumará a las subas de hasta el 40% que ya aplicaron en los primeros meses del año.

Fuente: iProfesional