Por Antonio Rossi
La secretaria de Energía, Flavia Royón y los timoneles de Enarsa, Agustín Gerez y de Cammesa, Sebastián Bonetto se aprestan a afrontar el martes un complicado y picante examen cuando concurran a la Cámara de Diputados a defender las medidas, gastos y proyecciones del sector que forman parte del proyecto de Presupuesto 2023.
Más allá de la fuerte apuesta que el Gobierno nacional ha hecho en la construcción del nuevo gasoducto troncal de Vaca Muerta -bautizado por la nomenclatura oficial como "Presidente Néstor Kirchner (GPNK)"-; los principales interrogantes que los legisladores oficialistas y opositores del interior del país prevén plantearles a los funcionarios de Energía giran en torno a tres cuestiones claves: la segmentación tarifaria de los servicios de luz y gas, el mecanismo de cobro de las millonarias deudas que arrastran las distribuidoras eléctricas con la Cammesa y la asistencia económica del Tesoro que recibirá la empresa estatal Enarsa.
En el informe adjunto al Presupuesto enviado al Congreso con la firma del ministro de Economía, Sergio Massa; el Gobierno precisó que "el sector de Energía, Combustibles y Minería representa el 9,8% del gasto de la Administración Nacional, incluyendo las acciones destinadas al abastecimiento energético, la inversión en materia energética y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros".
En lo que respecta a la asignación presupuestaria, el informe destaca que "el principal concepto en orden de magnitud contempla las acciones de sustentabilidad del suministro de energía asociadas a las transferencias a la Cammesa con el propósito de cubrir costos que no son atendidos por el precio abonado por los usuarios".
Según los cálculos oficiales "para 2023, se prevé que el 49% de los costos mayoristas del sistema eléctrico sean cubierto por la tarifa eléctrica que abone el usuario".
Tras remarcar las iniciativas tendientes a "incrementar la producción de gas y las energías renovables", el informe consigna que "en segundo orden de relevancia presupuestaria, sobresalen las transferencias a Enarsa y Nucleoeléctrica Argentina SA para solventar la diferencia entre el precio de venta al mercado interno y el precio de importación de gas natural, la adquisición de GNL y el desarrollo de inversiones energéticas", como las centrales hidroeléctricas santacruceñas, el GPNK y la operación de usinas nucleares.
El equipo de Energía va a Diputados: los temas a tratar
Por más que no aparezca como uno de los puntos centrales del proyecto, el primer punto sobre el cual los diputados irán a la carga por respuestas y precisiones del equipo energético es el referido a la situación planteada con la segmentación tarifaria y la quita de subsidios en los servicios de energía eléctrica y gas.
La inquietud mayoritaria pasa por saber cuando comenzarán a regir los aumentos en juego y cuántos hogares pasarán a pagar las tarifas plenas de ambos servicios. Hasta ahora, la implementación del esquema de segmentación tarifaria sigue sumando parches y contratiempos.
En el caso del gas, aún no se aprobaron los límites de consumo que seguirán subsidiados para los sectores medios.
Por el lado del servicio eléctrico y ante la presión de la mayoría de las provincias que vieron que entre el 45% y 50% de los hogares quedaron encuadrados en el denominado Nivel 1 y van camino a perder la totalidad de los subsidios, la Secretaría de Energía remitió en las últimas horas una instrucción a la Cammesa para que suspenda hasta nuevo aviso la aplicación del nuevo cuadro tarifario con aumentos de hasta el 50% que debía facturarle a todas la distribuidores y que éstas debían trasladar a sus usuarios.
Inicialmente los ajustes por la quita de subsidios se iban a implementar en forma retroactiva a los consumos registrados desde el 1 de setiembre.
Pero tras la reciente contraorden de Royón, la entrada en vigencia de esos incrementos tarifarios quedó en veremos.
Preocupación en Diputados por impacto en las provincias
El segundo aspecto que preocupa a los diputados está ligado al sorpresivo mecanismo de cobro de las acreencias de Cammesa que la cartera de Economía introdujo en el artículo 90 del Presupuesto.
Dicho artículo determina que "las provincias y municipios deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción".
Tras rotularlas como "solidariamente responsables" de esa obligación de pago, el proyecto de ley les otorga a las administraciones provinciales un plazo de 6 meses para que procedan a adecuar las normativas vigentes con el fin de asegurar la cancelación de las facturas de energía a la Cammesa.
Además, establece que, ante la falta de pago en tiempo y forma de las distribuidoras eléctricas, el Gobierno nacional podrá retenerle a la provincia el monto adeudado de los fondos comprometidos de la coparticipación federal y de otros convenios de transferencias presupuestarias vigentes con entidades del sector público.
Para los legisladores del interior, este cambio en las reglas de juego resulta, a priori, incompleto y parcial porque no deja en claro que jurisdicción se haría cargo de la deuda que arrastran las distribuidoras del AMBA—Edenor y Edesur—que dependen de la órbita nacional y acumulan más del 50% de las deudas por cobrar que tiene la Cammesa.
Varios plantean que la responsabilidad de cubrir los pagos de esas eléctricas debería recaer en los gobiernos de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires que hasta ahora miran el problema desde la tribuna.
Proyecto de ley: alternativa para no profundizar conflictos
Otra posible salida alternativa, que dejaría a las provincias al margen, es la que propuso el diputado Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro). Consiste en que la Cammesa incluya en las transacciones comerciales de venta de energía dos nuevas condiciones relevantes. En primer lugar, que en las boletas a los usuarios finales aparezca señalado y separado el monto correspondiente al valor de la energía mayorista.
Y en segundo lugar, que las distribuidoras actúen como una suerte de "agente de retención" e implemente un canal de transferencia automática a la Cammesa de los montos correspondientes a la energía que vaya recaudando con el cobro de las facturas.
En los fundamentos del proyecto de ley presentado en la Comisión de Energía y Combustibles, Domingo destacó que "no es menor advertir que las principales deudoras son las distribuidoras del AMBA, quienes nuevamente se benefician con la generación de una deuda que termina siendo afrontada por el Estado y, con ello, por todos los usuarios del país".
Según señaló Domingo "entre la deuda por abastecimiento de energía tolerada por Cammesa y los subsidios otorgados para compensar la desactualización tarifaria, se alcanza un desequilibrio fiscal de 2,5% del PBI. Si a esto se suma el resto de los subsidios energéticos -fundamentalmente a Enarsa para la importación de energía y al gas- los subsidios a la energía están representando, como mínimo, el 4% del PBI".
La tercera arista del Presupuesto en la mira es la vinculada con las partidas de subsidios y ayudas económicas que recibirá Enarsa y que para algunos asesores de la Cámara Baja registrarían una serie de inconsistencias.
De acuerdo con las planillas anexas, durante el próximo año la empresa contará con recursos corrientes por $ 1.096.116 millones. De ese total, el 45% corresponde a "ingresos de operación" por la venta de combustibles. En tanto, el 52% llegará por transferencias del Tesoro para financiar erogaciones corrientes, fundamentalmente las destinadas a cubrir la diferencia entre el valor de importación de los combustibles y el precio de venta en el mercado interno. Y en materia de inversiones, lo que se prevé es un monto total de $ 355.019 millones que serán girados por la administración central y tendrán como destino específico la construcción del GPNK que el Gobierno prometió te tener terminado y en servicio unos días antes de que arranque el próximo invierno.
Fuente: iProfesional
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