02/10/22

Plan Canje federal: subsidios al transporte por votos para suspender las PASO

Massa quiere limitar las transferencias de fondos para los colectivos. El interior reclama el doble y cotiza su apoyo en el Congreso. La bicicleta de la SUBE.

Por Antonio Rossi



El inicio del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados volvió a poner en escena la recurrente pulseada entre el Ministerio de Transporte que conduce el massista Alexis Guerrera y los bloques legislativos que responden a los intereses provinciales por el reparto de los subsidios nacionales a las líneas de colectivos del interior.

La disputa, como viene sucediendo desde hace dos años, es por la asignación de una mayor asistencia económica de la Casa Rosada a las empresas provinciales y municipales que cubren los servicios de corta y media distancia y que reciben de la ventanilla nacional por cada colectivo en actividad una cuarta parte de lo que embolsan mensualmente las líneas de la región metropolitana del AMBA.

En la presentación oficial del Presupuesto que realizó el miércoles ante los diferentes bloques de la Cámara baja; el ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió que la Nación hizo un gran esfuerzo para mantener los subsidios al interior solo por un año más y que, si no se aprueba el proyecto, no habrá ninguna ayuda económica en 2023 para el transporte público que opera fuera del AMBA.

Ante ese planteo, alfiles del oficialismo y de la oposición de las principales administraciones provinciales le hicieron saber a Massa y al funcionariado de Transporte que quieren más recursos de los previstos y que la moneda de cambio para la aprobación del Presupuesto podría estar en el apoyo que está buscando el Gobierno para avanzar con la eliminación de las PASO.

Los números y cuentas en juego preocupan al interior. Actualmente, la Nación tiene comprometida hasta octubre una ayuda económica total para los colectivos del interior de $ 36.000 millones. Falta definir la asistencia para el último bimestre del año. La intención de Transporte es girar, como máximo, $ 5.000 millones por mes y cerrar 2022 con un aporte global de $ 46.000 millones, tal como se había comprometido de palabra a fines de junio.

Para 2023, el Presupuesto contiene una partida anual asignada en el “Fondo de Compensación del Transporte Público del Interior” de $ 66.000 millones. Esa suma representa solo un 43,5% más que el monto en danza para este año, frente a una inflación que, según las principales consultoras económicas, va camino a cerrar con una suba anual del 90% al 100% y que el proyecto del Ejecutivo estima en 60% para el próximo ejercicio.

El Comité Federal de Transporte (Cofetra) que agrupa a las autoridades provinciales del sector reclama para noviembre y diciembre la remisión de no menos de $ 10.000 millones mensuales para poder hacer frente a los mayores costos operativos y la mejora salarial que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya cerró para choferes del AMBA y ahora exige trasladar a sus pares del interior.

El acuerdo hasta fin de año que alcanzaron el sindicato y las empresas metropolitanas está condicionado a una actualización de los subsidios desde octubre y establece la siguiente escala para el salario básico: $ 150.000 en setiembre; $ 165.000, el mes siguiente; $ 180.000, en noviembre y $ 200.000 en diciembre. A eso se agregan una mejora en los viáticos y una gratificación no remunerativa de $ 40.000 a cobrar en tres tramos entre octubre y diciembre.

Con respecto al próximo año, el planteo de las provincias eleva a casi el doble la suma que el equipo económico de Massa incluyó en el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso: reclaman un total de $ 120.000 millones anuales y la aprobación por ley de una nueva distribución más “equitativa y federal” de los subsidios nacionales que la Nación destina a los colectivos del interior y del AMBA.

La bicicleta y la SUBE

Más allá de la diferencia de montos, subsiste otro punto de discordia entre las autoridades de Transporte y los gobiernos del interior: el manejo de la recaudación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Cansado de las dilaciones y excusas que esgrimen la mayoría de las provincias e intendencias para no encuadrarse dentro del sistema, el Gobierno decidió incluir en el Presupuesto un artículo que ata la entrega de subsidios a la incorporación de las jurisdicciones del interior a las reglas del SUBE.

Junto con la prórroga por un año del “Fondo Compensador” con una partida $ 66.000 millones, el artículo 81 del proyecto de ley presupuestaria establece como condición previa para el envío de los subsidios que “las provincias y municipios deberán acreditar las medidas adoptadas en miras a la implementación del SUBE como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público”.

Por medio de ese artículo, el ministerio de Guerrera se encargará de establecer los criterios de asignación y distribución de los subsidios y contará con una atribución especial para convencer a las administraciones del interior: podrá sumar a las ayudas actuales que reciben las provincias e intendencias, las compensaciones derivadas de los beneficios tarifarios de los atributos sociales del SUBE que aún no recibe el público usuario del interior.

Detrás de la resistencia a aceptar el SUBE de los gobiernos provinciales emerge una inocultable razón económica y financiera. Las jurisdicciones que aceptan entrar en la red pierden la recaudación y el manejo financiero derivado de la administración de los fondos que deposita cada persona por adelantado cada vez que recarga las tarjetas de pago del transporte público.

En los lugares del interior donde reina el SUBE, los ingresos que anticipa el público usuario queda en manos de Nación Servicios, que se toma entre 48 y 96 horas para girar el importe de cada viaje realizado a las empresas de colectivos.

Hasta ahora, los intentos de las administraciones municipales de Rosario y Córdoba de acordar una suerte de “convalidación operativa” de sus sistemas de cobro con el SUBE chocaron con el rechazo del funcionariado nacional, que no quieren saber nada de compartir el manejo y control de los fondos que depositan los pasajeros antes de viajar.

Nota Editada en Letra P