Por Antonio Rossi
Edesur y Edenor, las dos distribuidoras privadas más importantes del país que tallan en la región metropolitana del AMBA, se aprestan a cerrar el año con un nivel récord de facturas impagas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por la energía que reciben del sistema eléctrico nacional. A juzgar por las últimas movidas y declaraciones de sus directivos, la estrategia conjunta de las dos empresas apunta a seguir recortando los pagos para destinar esos recursos a la cobertura de los mayores gastos operativos y salariales que —según sostienen— no pueden afrontar de otra forma por la falta de aumento de tarifas.
Con el grupo italiano Enel como accionista mayoritario, Edesur acumula una deuda con la administradora del mercado mayorista eléctrico de $149.926 millones, que equivalen a un poco más de ocho meses de su facturación. Según el “Informe de cobranzas y pagos” actualizado al 20 de diciembre entregado al directorio de Cammesa, de la última factura por un total de $ 18.083 millones que le enviaron por las transacciones de octubre, Edesur abonó sólo el 20% con un giro de $ 3.547 millones.
En tanto, Edenor, controlada por el trío empresario local que conforman José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, arrastra una deuda total de $ 146.011 millones, que representan casi siete meses de su facturación habitual. Las planillas de diciembre muestran que, tras haber recibido una factura de $ 21.163 millones, canceló solamente $ 2.595 millones, el 13% del importe total de la energía comercializada en octubre.
Entre las dos distribuidoras concentran el 48% de las deudas por cobrar de Cammesa, que ascienden a $ 620.098 millones. Esa suma equivale a algo más de siete meses de la facturación de todas las transacciones con las distribuidoras y cooperativas eléctricas del país.
La intención de las distribuidoras es llegar a un acuerdo con las autoridades energéticas para compensar lo que deben con las sumas que aducen haber dejado de recibir por la decisión del Gobierno de no actualizar sus ingresos tarifarios. De acuerdo con los cálculos de Edenor, por los aumentos de mayores costos no reconocidos ha dejado de recibir, desde 2020 hasta ahora, una suma total actualizada de $132.739 millones. En el caso de Edesur, el monto de lo que no habría podido embolsar por la falta de actualización de sus costos operativos llega a un total de $ 110.204 millones.
Bajo el paraguas dado por el nuevo esquema de cancelación de las deudas eléctricas establecido en el artículo 89 de la ley de Presupuesto, el área energética que depende del ministro de Economía, Sergio Massa, tiene delineado un generoso programa de salvataje que contempla tres beneficios significativos: un período de gracia de seis meses para comenzar a pagar, un plazo de cancelación de hasta 96 cuotas mensuales y la aplicación de una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente para las transacciones en el mercado eléctrico mayorista (MEM).
Si bien ya se mostraron proclives a encontrar una solución dentro de esos parámetros, las dos distribuidoras quieren esperar que pase la audiencia pública convocada para el 23 de enero y ver cuál es el alcance de los “aumentos transitorios” que se comprometió a otorgar el Gobierno.
Ajustes en camino
Pese a que aún no han hecho las presentaciones en forma oficial, ya anticiparon por distintas vías que arrastran un atraso en sus ingresos correspondientes al Valor Agregado de Distribución (VAD) del 290% que, en caso de ser traslado íntegramente a la tarifa final, implicaría un aumento promedio en las facturas del orden del 90%.
Ese ajuste o el que terminen convalidando las autoridades energéticas se sumará a los aumentos en el valor de la energía que se vienen aplicando en el marco de la "segmentación tarifaria y reducción de subsidios" en las boletas residenciales de la población de mayores ingresos y a los hogares de sectores medios que consuman más de 400 kWh mensuales.
El sendero de incrementos en juego arrancó en octubre con una quita del 20% de los subsidios que dio paso a un ajuste tarifario promedio del 40%. Prosiguió el 1 de noviembre con una segunda poda del 40% de los subsidios vigentes, que disparó una nueva suba promedio del 80%. Concluirá en enero, con la eliminación de la última porción del 40% de los subsidios que volverá a disparar otro incremento final promedio del 80%.
En los últimos días de octubre, Edenor y Edesur salieron a plantear ante el ENRE la situación límite que enfrentan por la falta de actualización de sus ingresos tarifarios. En las notas remitidas al ente de control, advirtieron que en los últimos tres años sus costos operativos y salariales subieron 321% y que solo tuvieron una mejora acumulada en sus ingresos del 31,5% por los aumentos autorizados en 2021 y en mayo pasado.
Una vez cumplido el trámite de la audiencia, que será no vinculante y se desarrollará por medio de una plataforma digital, la secretaría de Energía piloteada por la funcionaria salteña Flavia Royón deberá definir los porcentajes de aumentos que se aplicarán a partir de febrero para mejorar los ingresos de las eléctricas.
En tanto, un informe de la consultora que dirige el extitular de Energía Daniel Montamat puso sobre el tapete que, pese a los aumentos que se vienen aplicando por la quita de subsidios, los aportes estatales al sector energético introducidos en los últimos años para contrarrestar los efectos del congelamiento de tarifas no se pueden eliminar de un plumazo.
Según los números de Montamat, los desembolsos en concepto subsidios para Cammesa superarían este año los US$ 9.700 millones previstos inicialmente. Si bien por el lado del gas natural se redujo la estimación originaria de US$ 5.000 millones a US$ 4.300 millones, debido a las menores compras de GNL y gasoil y la corrección a la baja de los precios a nivel internacional, el paquete de subsidios para los sectores eléctrico y gasífero ascenderían en 2022 a un monto total de US$ 14.000 millones, equivalente a algo más de 2 puntos del PBI.
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