Por Antonio Rossi
A solo dos semanas de que entrara en vigencia la segunda tanda de aumentos por la quita de subsidios y a pocos días de la audiencia pública agendada para tratar un ajuste para las transportistas eléctricas, el Gobierno puso en marcha el proceso administrativo para aprobar un nuevo incremento de tarifas de luz que afectará a todos clientes de Edenor y Edesur.
El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) que comanda el massista Walter Martello convocó a una nueva audiencia pública que tendrá lugar el 23 de enero próximo para tratar y analizar los pedidos de actualizaciones tarifarias de las distribuidoras eléctricas de la región metropolitana del AMBA.
Una vez cumplido el trámite de la audiencia -que no será vinculante y se desarrollará por medio de una plataforma digital-, la secretaría de Energía piloteada por la salteña y también massista, Flavia Royón, procederá a definir los porcentajes definitivos de los aumentos que se aplicarán a partir de febrero para mejorar los ingresos de Edenor y Edesur.
Pese a que todavía no han hecho las presentaciones en forma oficial, desde de las dos empresas eléctricas metropolitanas ya anticiparon por distintas vías que arrastran un atraso en sus ingresos correspondientes al VAD (Valor Agregado de Distribución) del 290% que, en caso de ser traslado íntegramente a la tarifa del servicio, implicaría un aumento promedio en las facturas finales del orden del 90%.
Ese ajuste o el que terminen convalidando las autoridades energéticas se sumará a los aumentos en el valor de la energía que se vienen aplicando en el marco de la "segmentación tarifaria y reducción de subsidios" a los usuarios residenciales de mayores ingresos y a los hogares de sectores medios que consuman más de 400 kWh mensuales.
El sendero de incrementos en juego arrancó en octubre con una quita del 20% de los subsidios que dio paso a un ajuste tarifario promedio del 40%. Prosiguió el 1 de noviembre con una segunda poda del 40% de los subsidios vigentes que ha disparado una nueva suba promedio del 80%. Y concluirá en enero, con la eliminación de la última porción del 40% de los subsidios que volverá a disparar otro incremento final promedio del 80%.
A cuánto llegaría el nuevo aumento de febrero
A esa seguidilla de aumentos que recaerá sobre los usuarios residenciales de mayores ingresos y que superan el tope de consumo subsidiado, se agregaría en febrero el incremento específico que irá a parar a las cajas de las distribuidoras eléctricas del AMBA.
Para contrarrestar el escaso y confuso "relato oficial" que considera los aumentos como una simple "redistribución de subsidios"; el economista e integrante Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi", Alejandro Einstoss elaboró un gráfico ilustrativo que muestra el impacto real que tendrá el ajuste en curso para un usuario que consume 300 kWh mensuales y pasará a pagar la tarifa plena sin ninguna clase de bonificación.
En agosto, ese cliente hogareño abonó una factura con impuestos de $3.343. Tras los aumentos de octubre y noviembre pasará a pagar -por el mismo nivel de consumo- $6.100.
A partir de enero tendrá que hacer frente a una factura total de $11.099 que volverá subir a partir de febrero con el nuevo que el Gobierno va camino a otorgarle a Edenor y Edesur.
Qué reclaman las distribuidoras
En los últimos días de octubre, tanto Edenor -controlada el trío empresario local conformado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti-, como Edesur -que tiene como accionista mayoritario al grupo italiano Enel- salieron a plantearle al ENRE la situación límite que enfrentan por la falta de actualización de sus ingresos tarifarios.
En sendas notas remitidas al ente de control, advirtieron que en los últimos tres años sus costos operativos y salariales subieron 321% y que sólo tuvieron una mejora acumulada en sus ingresos del 31,5% por los aumentos autorizados en 2021 y en mayo pasado.
Según los números de la estructura de costos de Edenor, un 37% de su recaudación específica se destina al pago de salarios; otro 37% se va en gastos en materiales y contratistas y el 26% restante corresponde al rubro inversiones y la compra de insumos importados con precios dolarizados.
De acuerdo con los cálculos de Edenor, por los aumentos de mayores costos no reconocidos por el Gobierno, la empresa dejó de recibir desde 2020 hasta ahora una suma total actualizada de $132.739 millones.
En el caso de Edesur, el monto de lo que no embolsó por los ajustes por actualización de costos no otorgados llega a un total de $ 110.204 millones.
Más allá de sus planteos económicos, las dos empresas omitieron tocar la conflictiva y polémica situación que se registra con las abultadas y crecientes deudas que arrastran con la Cammesa por la energía que reciben el sistema eléctrico nacional.
Contrarrestar la falta de ingresos
Para contrarrestar la falta de ingresos derivada de la posición del Gobierno no autorizar aumentos por mayores costos, Edenor y Edesur decidieron dejar de abonar la totalidad de las facturas a la Cammesa y usar parte de esos fondos para pagar salarios y obras.
Entre las dos concentran casi el 50% del total de las facturas que tiene por cobrar la administradora del mercado eléctrico mayorista que, según los últimos registros de octubre, superan los $550.000 millones. La otra mitad de las deudas corresponden a las distribuidoras provinciales y cooperativas eléctricas del interior que también recortaron los pagos a la Cammesa para afrontar los mayores gastos operativos no cubiertos con aumentos de tarifas.
La intención de Edenor y Edesur es llegar a un acuerdo con las autoridades energéticas para compensar lo que deben con las sumas que aducen haber dejado de recibir por la decisión del Gobierno no aumentar sus ingresos tarifarios. De hecho, los montos reclamados a ENRE por ese concepto coinciden prácticamente con las facturas atrasadas que tienen pendientes con la Cammesa.
Esa alternativa de solución comenzó a perfilarse con más fuerza a principios de noviembre con las modificaciones introducidas en el proyecto de Presupuesto 2023 que fue aprobado en Diputados y está próximo a ser ratificado en el Senado.
El artículo específico referido a las deudas eléctricas establece que "la Nación, las provincias y los municipios deberán controlar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados de sus prestadores del servicio de energía eléctrica, estableciéndose un período de seis meses a fin de que cada jurisdicción concedente determine un mecanismo para el pago de las facturas emitidas y que en un futuro emita Cammesa".
Para regularizar las deudas atrasadas, las autoridades energéticas que dependen del ministro de Economía, Sergio Massa ya delinearon un generoso programa de salvataje que contiene tres beneficios significativos: un período de gracia de seis meses para comenzar a pagar, un plazo de cancelación de hasta 96 cuotas mensuales y la aplicación de una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente para las transacciones en el mercado eléctrico mayorista (MEM).
Fuente: iProfesional
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