Por Antonio Rossi
Agazapado y sin la debida atención oficial, un doble problema económico afecta cada vez con más intensidad las cuentas y la operatoria del sector energético. Se trata de las crecientes y abultadas deudas que siguen acumulando, por un lado, las distribuidoras y cooperativas eléctricas con Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y, por otro lado, las operadoras gasíferas con la exempresa estatal Ieasa, que hace pocos días recuperó su nombre originario de Energía Argentina SA.
Al igual que el “efecto bola de nieve” por el cual una determinada cuestión va adquiriendo más volumen a medida que avanza a mayor velocidad, las facturas impagas ponen en evidencia la tambaleante situación económica y financiera que jaquea a las empresas y condiciona la norma prestación de los servicios de luz y gas.
En medio de la marcada disputa interna entre el ministro de Economía, Martín Guzmán y los funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner por los aumentos tarifarios que se tratarán en las audiencias públicas que arrancan este martes; las operadoras de ambos servicios siguen acumulando deudas a la espera de una solución de fondo que se va dilatando y complejizando a medida que pasa el tiempo.
Sin el riesgo de ser sancionadas y sin chances de conseguir aumentos tarifarios que les permitan mejorar sus ingresos específicos, las compañías eléctricas y gasíferas dejan de pagar a sus proveedores energéticos y utilizan esos fondos para afrontar los mayores costos operativos y salariales.
En el caso del negocio eléctrico, las deudas en danza de las distribuidoras privadas y estatales y las cooperativas del interior corresponden a los MW/h que toman del sistema interconectado nacional y pagan en forma parcial y con atrasos.
Los registros de Cammesa hasta las últimas semanas de abril muestran que la deuda total pendiente de cancelación por parte de las operadoras eléctricas supera los $333.000 millones y equivale a más de siete meses de la facturación normal del organismo.
La lista de las principales morosas está encabezada por Edesur y Edenor, que adeudan algo más de $135.000 millones, el 40% del total de las facturas por cobrar que tiene la mayorista del mercado eléctrico.
La deuda que arrastra Edesur, que tiene como controlante mayoritario al grupo italiano ENEL, alcanza a $71.000 millones, que representan algo más de ocho meses de su facturación promedio habitual.
Por el lado de Edenor, la compañía que desde el año pasado está en manos de los empresarios locales Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, la deuda sin saldar con Cammesa llega a los $63.600 millones y representa casi siete meses de su facturación promedio.
En el tercer lugar de las que más deben aparecen las cuatro distribuidoras bonaerenses del grupo DESA piloteado por Rogelio Pagano, el exdirector general de Pampa Energía, el holding del empresario Marcelo Mindlin. En total, las deudas de las eléctricas de DESA rozan casi los $50.000 millones: EDEN debe $18.500 millones; Edelap, $14.500 millones; EDEA, $13.500 millones y EDES, $5.700 millones.
Por su parte, la estatal misionera EMSA acumula una deuda $25.700 millones y su par estatal chaqueña Secheep, otra factura impaga por $23.500 millones. A ellas le siguen Edelar (La Rioja) con una deuda pendiente de $11.700 millones; la mendocina Edemsa, con $11.300 millones, y la cooperativa de Comodoro Rivadavia que debe $9.300 millones. Cierran el lote de las deudoras top, la distribuidora privada de Río Negro, con $8.900 millones, y la estatal cordobesa EPEC, que tiene un saldo impago de $8.200 millones.
Facturas impagas
Si bien no alcanzan la magnitud del rojo acumulado de las eléctricas, las deudas que mantienen las gasíferas con la rebautizada Enarsa constituyen un dato relevante que genera cada vez más ruido en el sector.
En menos de un año, las deudas de las distribuidoras por los suministros de gas de la energética estatal saltaron de los $6.700 millones a casi $15.000 millones. Llamativamente, la principal deudora es Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país, que está bajo el mando de YPF, la petrolera controlada por el Estado. Le debe a Enarsa $5.269 millones.
En el segundo lugar figura Camuzzi Gas del Sur con una deuda de $5.258 millones. Luego aparece Naturgy, con una factura impaga de $1.742 millones, seguida por Distrigas, con $1.314 millones, y Camuzzi Gas Pampeana, con una deuda de $1.058 millones.
La falta de respuestas de las distribuidoras llevaron a las autoridades de Enarsa a solicitarle al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que, en su rol de regulador del servicio, tome cartas en el asunto. Por medio de una nota, el titular de la energética estatal, Agustín Gerez, le reclamó al interventor del ente, Federico Bernal, que ponga fin al trato discriminatorio en que incurren las distribuidoras que solo han dejado de pagar las deudas con Enarsa y no con las restantes petroleras privadas.
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