Por Antonio Rossi
Lejos de aportar algo de calma y frenar en parte la creciente incertidumbre que genera la crítica situación económica, la renuncia de Martín Guzmán dejó más al descubierto los problemas estructurales y los principales desafíos que deberán afrontar la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis.
Tranquilizar las variables económicas relevantes, controlar las turbulencias cambiarias, administrar la escasez de dólares, domar la inflación y alinear los gastos fiscales a los recursos disponibles conforman el listado de las prioridades que tendrá que atender con suma premura la administración de Alberto Fernández para que no se disparen los cuestionamientos políticos y descontento social.
Al igual que los restantes sectores económicos, industriales y de servicios; las empresas de los distintos medios de transporte de pasajeros y cargas y las operadoras logísticas necesitan que la nueva gestión emita señales claras de un mínimo ordenamiento macro y microeconómico que permita recorrer sin zozobras el año y medio que le queda al actual Gobierno.
En ese sentido, la mayoría de los agentes económicos y actores políticos coinciden en reclamar un entendimiento interno que termine con los constantes ataques y zancadillas que los referentes y funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner han venido desplegando contra la gestión de Alberto Fernández.
Para superar la evidente precariedad que arrastra la figura del presidente, la supervivencia de la nueva titular del Palacio de Hacienda solo será posible si existe un acuerdo político dentro de la coalición gobernante y si tiene las manos libres para poder manejar todas las botoneras de la política macroeconómica, energética y fiscal.
Si no se dan esas dos condiciones esenciales y continúan los vetos y ataques públicos que Guzmán recibía a diario desde el sector kirchnerista, la debacle económica no podrá detenerse por más reconfiguraciones y cambios que se adopten en los próximos días.
La principal amenaza que se perfila para la nueva conducción económica está dada por el combo de medidas que buscan imponerle a la Casa Rosada desde el Instituto Patria y las filas camporistas para contrarrestar el avance de los precios con más gasto público, una recomposición salarial con sumas fijas por decreto y una suba de retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Gobernadores, intendentes y empresarios tienen, hoy por hoy, una preocupación similar: que no se trasladen más protestas sectoriales y sociales a las calles y rutas. Coinciden que ese escenario altamente conflictivo se podría dar si el Gobierno no entiende que debe evitar con urgencia una nueva trepada en los precios de los alimentos y una devaluación desbocada en el actual escenario de escasez de dólares.
El panorama que se perfila para los próximos dos meses no podría ser más negativo. Concluye el período estacional más fuerte de liquidación de divisas, aumenta la demanda de dólares para pagar las importaciones energéticas y comienza a pegar fuerte en la actividad industrial el nuevo cepo a las compras externas de insumos y equipos que dispuso el Banco Central.
A eso se agrega la incertidumbre que quedó sobrevolando en torno a la relación con el FMI. Aún con sobresaltos y maquillajes contables, el mantenimiento del acuerdo con el Fondo es la única vía de ingresos de dólares y financiamiento que tiene hoy el Gobierno.
Ahora Batakis tendrá que definir, entre sus primeras medidas, si mantiene vigente lo pactado con el Fondo –cuyos próximos desembolsos están atados a un doble cumplimiento de achicamiento del gasto público y reducción del déficit fiscal— o lo deja de lado, como reclaman las huestes kirchneristas con el fin de tener las manos libres para seguir con la emisión monetaria, mantener los subsidios tarifarios e incrementar los planteles de empleados estatales.
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