Por Antonio Rossi
La disputa se veía venir desde principios de año y quedó expuesta sin tapujos en dos reuniones oficiales realizadas con pocos días de diferencia en Resistencia y Paraná. En medio del creciente deterioro y los fuertes cuestionamientos del ala kirchnerista que afectan la imagen del presidente Alberto Fernández, el Gobierno sumó un nuevo cortocircuito interno en torno al manejo y las futuras medidas que deberían tomarse en la hidrovía Paraguay-Paraná.
Desde la privatización del dragado y balizamiento que llevó adelante el gobierno de Carlos Menem en 1995 y hasta el segundo semestre del año pasado, la gestión de la hidrovía tuvo solo dos actores relevantes: la concesionaria integrada por el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa y el área de Puertos y Vías Navegables, que debía controlar a la operadora privada.
Tras varias demoras y sucesivos cambios de rumbo, la administración de Fernández armó a partir de setiembre un esquema operativo para la principal vía navegable del país donde intervienen cuatro estamentos oficiales con funciones e intereses superpuestos: la Administración de General de Puertos (AGP) que actúa como “concesionaria estatal transitoria”; el Consejo Federal de la Hidrovía (CFH) manejado por los gobernadores ribereños; el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), bajo el mando del intendente bonaerense de Escobar con licencia, Ariel Sujarchuk, y el ministerio de Transporte que conduce el massista Alexis Guerrera.
Ahora, la nueva pulseada es por ver quién se queda en los próximos meses con las licitaciones y contrataciones de las obras y el cobro de los peajes a los barcos y tiene en un rincón de los contendientes al Consejo Federal y la AGP y en el otro lado del ring, al organismo de control encabezado por Sujarchuk.
Tras la reunión que mantuvieron el viernes pasado en la capital chaqueña, los gobernadores del CFH —liderados por el mandatario local, Jorge Capitanich, y el bonaerense, Axel Kicillof— anticiparon que irán a tocar timbre a la Casa Rosada con una propuesta concreta de cambios que contiene tres puntos relevantes: la suspensión del decreto 949/20 que ordena licitar a un concesionario privado el manejo de la hidrovía; la continuidad de la gestión estatal a cargo de la AGP y la ampliación de sus atribuciones para poder extender su campo acción a los tramos de la vía navegable que van desde Confluencia a Formosa y a Posadas y a la concreción de las obras del Canal Magdalena y del brazo Paraná Guazú.
La movida de los mandatarios y la AGP contempla comenzar a cobrar peajes desde el puerto de Santa Fe hacia el norte y en los nuevos tramos que se incorporarían a la traza del la hidrovía. En el caso del Canal Magdalena, la licitación de las obras saldría con un esquema mixto con aportes del Estado y cobro de peajes.
El argumento temporal que esgrimen para introducir ese paquete de modificaciones es el hecho de que en los primeros días de setiembre vence la concesión transitoria que el Gobierno le otorgó a la AGP para que se hiciera cargo de la hidrovía. Si bien esa concesión se puede ir prorrogando hasta que se resuelva la “licitación larga”, entienden que sería el momento oportuno para “reconfigurar” los tantos.
Aunque no lo pongan por escrito ni lo admitan públicamente, la intención de las provincias y la AGP es avanzar sobre las delegaciones y tareas que tiene asignadas el ente que timonea Sujarchuk. Eso implicaría en la práctica la supresión del organismo o una fuerte reconversión operativa que lo dejaría reducido a una mínima expresión.
La reacción de Sujarchuk llegó el último martes, al término de la reunión realizada en Paraná con los integrantes y equipos técnicos del ente. Tras tomar nota de la ofensiva del CFH y la AGP, el exintendente dejó de lado las cuestiones domésticas de su pago chico y se puso las pilas para defender su papel de “controlador y gestor de la hidrovía”.
Prometió que en un plazo de cuatro meses tendrá listos los borradores de los pliegos para llevar adelante la “licitación internacional larga” que debería dar paso a los nuevos concesionarios privados de la vía navegable Paraguay-Paraná. Anticipó, además, que prevé dividir los llamados licitatorios en tres bloques: uno específico para la actual traza que va desde Confluencia a la salida oceánica; otro, para el tramo del Paraná Superior con llegada a Formosa y Misiones y un tercero para el dragado y mantenimiento del Canal Magdalena.
En los tres casos, las obras de dragado y balizamiento quedarían en manos privadas por un período contractual de 15 años y la recaudación de los peajes a cargo del ente.
El plan de acción de Sujarchuk choca de frente con la hoja de ruta pretenden llevar adelante en forma directa los gobernadores y la AGP.
En el caso del Canal Magdalena, existe otro elemento más de tensión. Los pliegos técnicos y de ingeniería de obras, que ya pasaron por la audiencia pública ambiental, están listos y aprobados en poder de la AGP, que fue la que llevó adelante todo el proceso previo al llamado a licitación. Hoy el ente a cargo de Sujarchuk no tiene facultades específicas para llamar a licitación. El que debe decidir quién y cómo debería hacerse cargo del Magdalena es Guerrera, quien ya deslizó que no hará nada hasta que reciba una orden concreta de la Casa Rosada.
Entretanto, el sector privado ve el nuevo capítulo de la batalla interna de la hidrovía con sorpresa y preocupación. El titular de la poderosa Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, advirtió que "lamentablemente volvemos a estar en una situación de enorme precariedad, con un dragador al cual le tienen que renovar el contrato provisorio todos los meses y una licitación internacional dispuesta en 2020 que aún no se puso en marcha”.
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