Por Antonio Rossi
La salida a la calle del marco normativo diseñado por el Gobierno para llevar adelante la tanta veces prometida y anunciada “segmentación tarifaria y quita de subsidios energéticos” generó un hecho infrecuente. Tras los primeros análisis que hicieron sobre la metodología y los alcances del nuevo esquema de tarifas, tanto referentes del Instituto Patria como los equipos técnicos de las principales distribuidoras eléctricas y gasíferas llegaron a una misma conclusión: lejos de representar una reasignación de subsidios más ordenada y menos onerosa para las arcas fiscales, la implementación de los cambios en juego podría convertirse en una tormenta perfecta para la administración de Alberto Fernández.
La incompleta difusión inicial y las dudas operativas surgidas de la lectura del decreto 332/22 dejaron instalada en el sector energético la sensación de que podría registrarse una nueva versión del “síndrome de Aranguren” que afectó a la gestión de Mauricio Macri en los primeros meses de 2016, cuando el exministro de Energía Juan José Aranguren intentó implementar a la fuerza un fuerte ajuste tarifario sin una comunicación pública clara ni un chequeo previo de la viabilidad práctica de los aumentos.
Esa iniciativa terminó frenada por un fallo de la Corte Suprema que obligó al gobierno anterior a recalcular y definir un nuevo esquema de aumento de tarifas más sencillo y previsible. Ahora, muchos creen que esa situación podría repetirse. No tanto por una derivación judicial, sino por las complicaciones operativas y los reclamos de la población usuaria que sobrevendrán por el intrincado y complejo mecanismo que confeccionaron en el Ejecutivo para llevar adelante las modificaciones tarifarias que requieren de un funcionamiento coordinado y casi perfecto de la burocracia estatal, algo que no forma parte de las virtudes del actual Gobierno.
La primera confusión y alerta sobre las implicancias del nuevo esquema tarifario quedó planteada por la forma en que la Casa Rosada salió a anunciar la medida. Lo hizo de manera parcial y destacando solo la cantidad de personas de mayores ingresos que van a pasar a pagar las tarifas plenas y las dos categorías siguientes que seguirán conservando distintos niveles de subsidios.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, pasó por alto un dato clave que horas después –en off the récord– tuvieron que salir a confirmar y explicar a medias los funcionarios del Ministerio de Economía: la quita de subsidios se aplicará automáticamente a la totalidad de usuarios y usuarias y quienes quieran mantenerlos deberán presentar una declaración jurada en dos padrones oficiales que serán creados en los próximos días.
El esquema de segmentación para clientes residenciales se divide en tres niveles. El primer escalón corresponde a los de mayores ingresos que, según los números oficiales, representa el 10% de los hogares que se quedarán sin subsidios. Son aquellos que tienen ingresos mensuales superiores a 3,5 canastas básicas y totales (CBT) y son titulares de al menos tres autos, tres inmuebles, aeronaves, yates y activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.
El segundo estrato lo integran quienes reciben el beneficio de la tarifa social y quienes perciben un ingreso inferior a una CBT ($ 95.260 a valores de mayo); mientras que el tercer nivel corresponde a clientes de ingresos medios que poseen hasta dos inmuebles y un vehículo. Las personas comprendidas en los niveles 2 y 3, en principio, no tendrán más aumentos hasta enero próximo, siempre y cuando se inscriban en los nuevos registros oficiales. A partir de 2023, deberán afrontar subas tarifarias que se calcularán tomando como base el 40% y 80% de la variación salarial que se registre a lo largo de este año.
La supresión de la receta kirchnerista de “subsidios energéticos para todos y todas” fue uno de los compromisos fiscales que asumió el ministro de Economía, Martín Guzmán, al firmar el acuerdo con el FMI. En medio de una fuerte disputa interna con la tropa energética que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el esqueleto normativo para cumplir con ese punto se terminó diseñando en la Subsecretaría de Planeamiento Energético que conduce de Santiago López Osornio, el funcionario del staff de Energía que responde directamente a Guzmán.
Para llevar adelante la segmentación tarifaria, López Osornio prevé la creación de dos nuevos registros nacionales –RASE y ReNUT–, la firma de convenios específicos con todas las provincias para las facturas eléctricas, una revisión periódica de las declaraciones juradas que presenten usuarios y usuarias y un sistema de recolección de información de los titulares de los servicios que abarca a todos los ministerios del Gobierno.
Según el decreto 332, la Secretaría de Energía, que comanda el neuquino Darío Martínez, será la "autoridad de aplicación" del régimen de segmentación y estará facultada para dictar las normas y los actos administrativos que resulten necesarios para su puesta en funcionamiento.
El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) estará bajo la órbita de la subsecretaría de López Osornio para canalizar las declaraciones juradas de personas propietarias o que alquilen que soliciten mantener vigentes los subsidios. En tanto, el Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (ReNUT) quedará en manos del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y tendrá como objetivo "administrar el flujo de datos y de información para el ámbito nacional, conociendo la composición cualitativa y cuantitativa de los usuarios y las usuarias de los servicios públicos".
Tanto el secretario de Energía como los encargados de manejar los nuevos registros podrán requerir, en cualquier momento, toda la información que estimen necesaria de quienes son titulares de los servicios a la ANSES, AFIP, Jefatura de Gabinete y a la totalidad de los ministerios y secretarías del ámbito nacional.
Para la implementación del nuevo régimen de subsidios en las facturas de luz a nivel nacional, Martínez deberá suscribir convenios específicos con los entes reguladores y los gobiernos provinciales y municipales que operen en forma directa o por medio de concesionarios la prestación del servicio eléctrico.
Una vez que se pongan en funcionamiento los registros, los padrones oficiales con quienes perciben los beneficios del régimen de subsidios serán transferidos a los entes reguladores, como el ENRE y Enargas, órganos reguladores provinciales y a las distribuidoras eléctricas y gasíferas para que comiencen a facturar las tarifas plenas y bonificadas que correspondan según la condición de cada cliente.
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