Por Antonio Rossi
La segunda postergación consecutiva en menos de cinco días del anuncio oficial sobre la modalidad y los alcances de los ajustes tarifarios para los servicios de energía eléctrica y gas que superen los nuevos topes de consumos subsidiados dejó al descubierto un par de fallas operativas iniciales y una inesperada complicación política que enfrenta el nuevo hombre fuerte del Gobierno y ministro de Economía, Sergio Massa.
Aunque no lo admitan públicamente desde la cartera económica, el primer motivo que llevó a demorar, en principio hasta el próximo martes, la comunicación de los aumentos de tarifas se debe a que hasta ahora no se han oficializado los nombramientos de quienes integran el nuevo staff del área energética que encabeza la salteña Flavia Royón. Pese a que Massa dio por asumido a su equipo el último domingo, el Poder Ejecutivo aún no procedió a aceptar formalmente las renuncias del funcionariado saliente ni a designar al nuevo equipo energético. Más allá de sus recientes declaraciones y participaciones en actos oficiales como nueva timonel de Energía, la designación todavía no salió en el Boletín Oficial y su cargo sigue, en los papeles, en manos del neuquino Darío Martínez.
Lo propio sucede con el camporista Federico Basualdo, que en lo formal continúa al frente de la Subsecretaría de Energía Eléctrica a la espera del nombramiento de su sucesor, el tucumano Santiago Yanotti. En la misma situación también se encuentra el interventor del Enargas, Federico Bernal, quien fue presentado como nuevo subsecretario de Hidrocarburos.
Si bien la demora en la confirmación oficial de los cambios es atribuida en muchos despachos a la habitual parsimonia y lentitud administrativa que caracteriza al Gobierno, hay quienes creen que detrás de esa dilación podría estar la mano de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien podría estar pisando la salida de los decretos con las designaciones con la anuencia del presidente Alberto Fernández.
La segunda razón por la cual se viene pateando para adelante el anuncio de los incrementos tarifarios y los futuros límites de consumo para la quita de subsidios obedece a las dudas y las trabas operativas que presenta la implementación del nuevo método de facturación lanzado a medias y sin mayores precisiones por Massa en su primera aparición pública como titular de Economía.
Con el argumento del “ahorro energético”, el ministro anticipó la aplicación de nuevos topes de consumo a los usuarios residenciales con el fin de recortar las bonificaciones vigentes y facturar las tarifas plenas. En el caso del servicio eléctrico, Massa había señalado un límite de consumo de 400 kWh bimestrales para el mantenimiento de los subsidios. Superado ese tope, cada kWh excedente debería ser abonado con la tarifa plena sin ningún descuento. Así planteado, el nuevo esquema alcanzaba a más de 9 millones de hogares de clase media y baja que se inscribieron para conservar los subsidios y que iban a tener que enfrentar subas de más del 200% cuando sus consumos superaran los topes establecidos.
Con esa medida, que también se extenderá al servicio de gas, cerca de Massa estimaron que iban a lograr un “ahorro anual” del orden de los $ 500.000 millones, en línea con el compromiso de reducción del déficit fiscal comprometido con el FMI.
Tras los primeros cuestionamientos a ese ajuste, en Economía salieron a podar los alcances del nuevo esquema señalando que el tope de 400 kWh sería por mes y que no correría para quienes poseen tarifa social. Con estos parámetros más recortados, la cantidad de hogares alcanzados por las medidas ya no serían 9 millones, sino que se reducirían a solo 2 millones.
Los equipos técnicos de Energía encargados de darle forma a los anuncios les advirtieron a Massa y a Royón que si no se mantiene el tope de 400 kWh por bimestre, es decir de solo 200 kWh por mes de consumo, el ahorro fiscal llegaría solo al 20% del total calculado inicialmente.
Además, plantearon que, para evitar un trato desigual con aquellos hogares que ya perdieron los subsidios y afrontan desde agosto un recorte de las bonificaciones vigentes del 33,3%, el esquema de topes de consumo al resto debería aplicarse en forma retroactiva al día 1 de este mes y con una escala gradual de traslado de las tarifas plenas.
A esas cuestiones que deberán resolver el ministro y la nueva titular de Energía, las áreas técnicas le agregaron otro escollo operativo no menor que entorpece la instrumentación inmediata del ajuste y que ya había sido advertido por las empresas distribuidoras: la adecuación de los sistemas informáticos para la facturación de los nuevos cuadros tarifarios demandará en la práctica entre 45 y 60 días.
Para el servicio de gas natural, lo que está pendiente de definición son los límites de consumos que fijarán para las distintas regiones del país. En este caso, se establecerían topes de consumo mensuales que irían variando según los períodos estacionales.
El tercer factor de orden político que llevó a revisar y posponer por unos días la letra chica de los aumentos ha sido la embestida de los gobernadores del Norte Grande que salieron a reclamar –con cierto guiño presidencial– la promesa de Massa de que “los topes de consumos subsidiados se fijarán con un criterio federal teniendo en cuenta las distintas realidades climáticas”.
En nombre de sus colegas del NEA y NOA, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, reflotó la presión a la Casa Rosada para que implemente una “tarifa eléctrica diferencial” para las zonas cálidas en compensación por el esquema de mayores subsidios al gas que el Gobierno aprobó el año pasado para los hogares de las regiones más frías del país.
“Quiero transmitirle al pueblo de la provincia y del Norte Grande que hemos hablado con el presidente y su sensibilidad fue puesta de manifiesto para tener un sistema de acceso a la tarifa energética sobre la base de subsidios diferenciados para los consumos de nuestra región”, advirtió Capitanich desde Resistencia. Lo hizo este jueves con Fernández parado a su lado en Villa Ángela, en la sexta visita oficial a la provincia y casi al mismo tiempo en que Massa y Royón decidían tomarse más tiempo para dar a conocer los aumentos tarifarios.
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