Por Antonio Rossi
De no haber sido por el fallido atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que copó plenamente la atención mediática y el escenario político nacional, el staff del área energética comandado por la massista salteña Flavia Royón estaría ahora en la mira por no haber podido implementar en tiempo y forma la totalidad de los ajustes tarifarios que estaban previstos a partir del jueves último en los servicios de energía eléctrica y gas. Pese a las explicaciones en off the record que bajaron desde la Secretaría de Energía para tratar de quitarle trascendencia a las demoras registradas en el esquema de “redistribución de subsidios”, lo cierto es que aún persisten varios problemas operativos y regulatorios que el funcionariado del sector no tuvo en cuenta cuando se anunciaron los aumentos y que se están tratando de resolver contrarreloj.
A mediados de agosto, Royón y su equipo habían anunciado para el 1 de setiembre la puesta en marcha de una nueva versión recargada de la segmentación tarifaria diseñada por el exministro de Economía Martin Guzmán. Ese día comenzaría a correr la primera tanda de los incrementos tarifarios de luz y gas para los hogares de altos ingresos que perdieron la totalidad de los subsidios y para los hogares de clase media cuyas demandas superen los nuevos límites de consumos mensuales bonificados definidos para cada servicio.
El modelo de segmentación tarifaria inicial, aprobado a mediados de julio por medio del decreto 332, estableció tres grupos de hogares, según sus condiciones socioeconómicas. El nivel 1 agrupa a quienes poseen mayor poder adquisitivo, que no recibirán más subsidios. El nivel 2 lo integran quienes reciben el beneficio de la tarifa social y tienen ingresos inferiores a una “canasta básica total”. El nivel 3 engloba a la clientela de clase media. Junto con ese encasillamiento tarifario, Guzmán también había dispuesto que, para seguir manteniendo los subsidios, quienes se encontraran en los niveles 2 y 3 tenían que pasar a empadronarse en el nuevo Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).
A ese esquema originario, Royón le agregó, con el argumento del "ahorro energético", una nueva variante: los “topes de consumos”, que se aplicarán a la mayoría de los hogares encuadrados en los niveles 2 y 3.
En el caso del servicio eléctrico, se fijó un límite de consumo de 400 kWh mensuales que seguirá siendo subsidiado. Superado ese tope, cada kWh excedente deberá ser abonado con la tarifa plena sin ningún tipo de descuento. En el caso de las provincias del NOA y NEA, ese tope se eleva a 550 kWh.
En tanto, en el gas los límites para mantener los subsidios se establecieron teniendo en cuenta las "subzonas tarifarias y las distintas categorías de usuarios según sus niveles de consumo". Técnicamente, lo que seguirá con subsidios será "el volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimos y máximos de consumos de cada categoría y lugar".
Más allá de los anuncios y la difusión de ejemplos imprecisos de cómo iban a impactar los aumentos en las boletas hogareños, las autoridades de Energía llegaron al 1 de setiembre sin haber aprobado todas las resoluciones operativas y los nuevos cuadros tarifarios diferenciados.
Respecto del servicio de energía eléctrica, lo único que ha sido oficializado son los nuevos precios estacionales de generación para los hogares del nivel 3 que se quedaron sin subsidios. Esos precios estarán vigentes en el período setiembre-octubre e implican un primer aumento tarifario promedio del 35%, correspondiente a una quita del 20% de los subsidios. Lo que falta aprobar es la norma con los límites bonificados de consumo de 400 y 550 kWh mensuales y las resoluciones del ENRE y los entes reguladores de cada provincia con las nuevas estructuras tarifarias.
En este punto aparece otro escollo relevante. Los organismos de control tienen que indicarles a las distribuidoras y cooperativas eléctricas en qué nivel de la segmentación tarifaria deben ubicar a cada uno de los hogares, pero esa información que deben suministrar quienes están a cargo del RASE todavía no está terminada y no se sabe para cuándo podría estar disponible.
En el servicio de gas, el panorama también se presenta incompleto y confuso. El Enargas aprobó las resoluciones correlativas numeradas del 325 al 334 que habilitan a Metrogas, Naturgy Ban, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gasnor, Gasnea, Litoral Gas, Gas del Centro, Gas Cuyana y Redengas a aplicar en setiembre, noviembre y enero una suba promedio en el valor de gas del 167%.
El primer ajuste vigente desde esta semana para quienes pasan a pagar la tarifa plena equivale a una quita del 20% de los subsidios, que implica una suba en las boletas el 30% promedio. En este caso, lo que está pendiente es la oficialización de los cupos específicos de consumo que seguirán bonificados para los niveles 2 y 3. Al igual que en el servicio eléctrico, también falta que el RASE le provea al ente y a las distribuidoras los listados que identifican en qué niveles tarifarios quedaron encuadrados cada uno de los hogares.
Una grieta a gas
Como si los escollos operativos no fueran suficientes para dejar expuestas a las autoridades de Energía, las normas del Enargas dejaron a la vista un nuevo capítulo de la “grieta interna” que persiste ahora entre el ala kirchnerista del ente y la titular del área.
En los fundamentos de todas las resoluciones, el ente gasífero a cargo de Osvaldo Pitrau, hombre de confianza del exinterventor y nuevo subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, resaltó tres puntos clave: que se vio obligado a convalidar los ajustes por la “inmediatez ordenada” desde arriba, que los aumentos responden a una imposición derivada del acuerdo con el FMI y que no se dio cumplimiento al paso administrativo y regulatorio previo que consiste en el llamado a una audiencia pública para tratar el nuevo precio del gas y el impacto que tendría en las tarifas finales.
Si bien anticipó que tiene previsto convocar a una audiencia pública más adelante, la conducción del Enargas dejó en claro que ha sido decisión del Gobierno avanzar con los aumentos sin la instancia de participación ciudadana que establece la ley 24.076 del marco regulatorio del sector y a contramano del fallo de la Corte que 2016 frenó el tarifazo de la gestión macrista por no haber cumplido, entre otros puntos, con ese requisito previo.
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