Por Antonio Rossi
Como quien no quiere la cosa y con muy bajo perfil, el ministerio de Obras de Gabriel Katopodis inició—a través de Vialidad Nacional—la puesta en marcha de un nuevo y particular esquema de segmentación tarifaria y quita de subsidios para los peajes de las rutas nacionales y el acceso Riccheri que contempla aumentos de hasta el 177% para los ómnibus y vehículos de cargas.
Siguiendo el “relato oficial” que encubre los incrementos de las tarifas energéticas como una “redistribución de subsidios”, la suba de las tasas de interés como un “incentivo al ahorro en pesos” y el recorte del gasto público como un “ordenamiento de las cuentas fiscales”; el Gobierno presenta ahora el ajuste definido para las estaciones de peaje como una “unificación de criterios de cobro para reducir las diferencias existentes entre los cuadros tarifarios de las distintas categorías de vehículos”.
Por medio de la resolución 1568, el titular de Vialidad Nacional y ex intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, dio el puntapié inicial para la actualización de las nuevas tarifas de peajes que entrarán en vigencia a partir de octubre, una vez que concluya el mecanismo de “consulta ciudadana” que prevén las normas vigentes.
Los aumentos en juego que aplicará la empresa estatal Corredores Viales dejan prácticamente al margen a los automóviles (salvo dos casos especiales) para recaer de manera significativa sobre los vehículos con trailers, ómnibus, furgones y las distintas categorías de camiones.
En los fundamentos de la resolución, el organismo vial piloteado por Arrieta reconoció que “la restructuración solicitada por Corredores Viales obedece a la necesidad de reducir las diferencias existentes entre los cuadros tarifarios de las estaciones de peaje para cumplir progresivamente con la relación entre categorías contemplada en los contratos de concesión”.
Atajándose a los cuestionamientos de los usuarios que seguramente sobrevendrán una vez que se difundan los alcances del ajuste que hasta ahora los funcionarios mantienen semitapado, la resolución 1568 blanqueó que “si bien los aumentos no resultan significativos en valores absolutos, sí lo son expresados en porcentajes debido al atraso tarifario existente para algunas categorías y estaciones de Peaje. Sin embargo, los aumentos resultan, en promedio, significativamente inferiores a los que resultarían de aplicar el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT) previstos en los pliegos y contratos de las concesiones”.
La segmentación tarifaria para los peajes que impulsa la cartera de Katopodis tiene la particularidad de mantener unificada en $ 100 la tarifa para los automóviles en casi todas las cabinas nacionales, pero acompañada de subas que oscilan entre el 25% y 177% para el resto de los vehículos de pasajeros y cargas.
Aumentos Segmentados
El análisis comparativo entre las tarifas vigentes y las nuevas que empezarán a correr en octubre en ocho cabinas de peaje muestra el siguiente panorama.
En estación Zárate de la autopista Campana-Rosario, la tarifa para autos se mantiene sin cambios en $ 100, mientras que en las restantes categorías las subas van del 25% al 82%. Para los camiones más grandes, el peaje trepará de $ 280 a $ 500.
En la estación Junín del corredor II, el peaje de los autos sube 25% (de $80 a $ 100) y las tarifas de los vehículos de cargas se encarecen entre un 78% y 100%.
En las cabinas de Villa Espil (corredor VIII) y Trenque Lauquén (Corredor X), los automóviles seguirán pagando $ 100, en tanto que para los ómnibus, camionetas y camiones los aumentos oscilarán entre un 25% y 127%.
En el caso de la cabina San Vicente de la RN 34, los autos que ya abonan $100 no tendrán aumento. Para el resto de los vehículos, las subas serán entre 11% y 25%.
En estación Olivera del corredor X, se registrará el mayor ajuste previsto para automóviles: la tarifa aumentará 150%, al pasar de $ 40 a $ 100. Para las demás categorías, los incrementos irán del 87% al 108%.
En el acceso Riccheri, el peaje en el horario pico para motos y autos se encarecerá 25%. Para los vehículos de cargas, los ajustes estarán 43% y 177%. La suba más pronunciada recaerá en camiones de más de 6 ejes: la tarifa escalará de $180 a $ 500.
En tanto, los que quedan a salvo de los aumentos son los usuarios que pasen por la estación Larena del corredor IV: todas las categorías de vehículos continuarán abonando las tarifas actuales que rigen desde principios de 2022.
Concesionaria Estatal
La beneficiaria de los aumentos es Corredores Viales, la empresa estatal creada durante la gestión del exministro del macrismo, Guillermo Dietrich que desde diciembre de 2019 se ha venido haciendo cargo de las rutas y autopistas que fueron estatizadas por la administración de Alberto Fernández.
Manejada por Gonzalo Atanasoff --el extitular de Aubasa durante la gobernación de Daniel Scioli--, tiene casi 3.000 empleados heredados de las concesiones privadas y los PPP viales. En 2021, la empresa requirió una asistencia económica del Estado de $5.400 millones para cubrir su rojo operativo. En los primeros ocho meses de este año ya recibió del Tesoro entre transferencias corrientes y fondos para gastos de capital un total de $ 6.457 millones.
De aplicarse los aumentos tarifarios en danza sin contratiempos a partir de octubre, los mayores ingresos en el último trimestre del año le permitirían llegar a fin de un año con déficit en sus cuentas del orden de los $ 11.000 millones.
Tal como ha sucedido con los anteriores aumentos, las autoridades de Vialidad y Obras Públicas implementaron un mecanismo de “participación ciudadana” para convalidar formalmente las nuevas tarifas de peajes. Se extenderá hasta el 28 de setiembre y estará limitada solo a presentaciones digitales mediante un formulario en el sitio web de Vialidad.
Más allá de lo que dicen las normas y reglamentaciones vigentes, la “consulta ciudadana” deviene en la práctica en un hecho meramente testimonial: no es vinculante para el Estado y no le da chance alguna a los usuarios que participan de poder modificar los aumentos tarifarios que se definieron de antemano.
Fuente: Transporte y Logística
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