Por Antonio Rossi
La gestión y el control estatal de la hidrovía que lleva adelante la Administración General de Puertos (AGP) se encamina a afrontar una semana clave en medio de una investigación judicial y el tropiezo licitatorio que afectan a las obras de dragado de la principal vía navegable del país por donde se moviliza el 75% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores.
Tras haber adjudicado en los últimos días y casi dos meses de demora las tareas de “mantenimiento de las boyas y balizas” de la hidrovía a la empresa local Emepa, la AGP tiene plazo hasta el miércoles para presentar el nuevo pliego de bases y condiciones que se utilizará en la segunda vuelta de la “licitación corta” del dragado.
El balizamiento quedó en manos de Emepa—la firma del empresario radical Gabriel Romero—que en la pelea licitatoria se impuso a la UTE de Pentamar y Sade por el precio ofertado y los antecedentes técnicos. La oferta ganadora fue de US$ 13.522.671 más IVA y se ubicó un 15% por debajo de la valuación oficial. El contrato en juego se extenderá inicialmente hasta setiembre con una clausula de prorroga automática hasta que se haga cargo el nuevo concesionario privado de la hidrovía que deberá surgir de una licitación pública internacional que por ahora no tiene fecha cierta de realización.
En lo que respecta a la denominada “licitación corta del dragado” que se encuentra pendiente, el organismo portuario que conduce el santacruceño José Beni debería estar presentado los nuevos pliegos de bases y condiciones a mediados de semana con las correcciones y observaciones efectuadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Tras intervenir en el tema a raíz de las denuncias y cuestionamientos que había cosechado la primera licitación del dragado, la PIA que preside Sergio Rodríguez elaboró un extenso informe de 60 páginas donde señaló la existencia de una serie de fallas e irregularidades en la actuación de la AGP.
Luego de hacerse cargo en septiembre pasado del corredor navegable y del cobro de los peajes, la AGP resolvió contratar en forma directa y por un plazo inicial de 90 días a las dos empresas que conformaban la operadora saliente, Hidrovía S.A: le dio el dragado a la Compañía Sudamericana de Dragados (CSD) del grupo belga Jan del Nul y dejó el sistema de balizamiento en manos de la local Emepa.
Después de esa movida, el ente portuario estatal puso en marcha las denominadas “licitaciones cortas” con el fin de adjudicar los trabajos de dragado y balizamiento por un plazo inicial de nueve meses.
En el caso del dragado, la pelea licitatoria por el contrato de nueve meses de obras que tenía asignado un presupuesto oficial de US$ 97 millones se dio entre cuatro grupos oferentes: CSD-Jan de Nul; la compañía de los Países Bajos Boskalis; la unión de Rodhe Nielsen y Emepa y el consorcio integrado por la empresa belga Dredging International, el grupo chino CCCC Shangai Dredging y la local Servimagnus.
A principios de febrero, un dictamen de la comisión evaluadora de las ofertas había dejado a CSD como la única habilitada para pasar a la segunda instancia clave de apertura de la propuesta económica y eventual adjudicación del contrato. Según la ponderación oficial, los otros tres consorcios quedaron descalificados por no haber cumplido con la totalidad de los capítulos y puntos específicos que exigían los pliegos licitatorios.
Tras depositar los US$ 800.000 que exigía la AGP, Rodhe Nielsen y Emepa procedieron a impugnar formalmente su descalificación. Esa movida—que amenazaba con extenderse a los tribunales –y la presión mediática y política ejercida por los representantes del consorcio Dredging-CCCC y Servimagnus llevaron al organismo portuario a tomar la decisión de “barajar y dar de nuevo”. Hasta que se concrete la nueva licitación, el dragado seguirá a cargo de CSD por la contratación directa de setiembre pasado que se va prorrogando en forma mensual.
Ahora la atención de las dragadoras y de las empresas cuyos negocios están vinculados con la hidrovía esta puesta en si los nuevos pliegos que sacará a la calle la AGP resultan lo suficientemente claros y precisos para que se puedan evaluar los antecedentes y las ofertas de manera objetiva y sin reclamos posteriores.
De todas maneras, por los tiempos que llevará la nueva licitación se estima que, en el mejor de los casos, recién a fines de junio podría conocerse a la nueva adjudicataria temporaria de las obras de dragado.
MOVIMIENTOS EN TRIBUNALES
En tanto, la denuncia judicial presentada por legisladores de la Coalición Cívica para que se investiguen los posibles delitos de “tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública” por parte de los funcionarios de la AGP y del embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja ha comenzado a transitar los primeros pasos en tribunales.
La semana pasada, el fiscal Guillermo Marijuan --que tiene delegada la instrucción de la causa por orden del juez federal, Julián Ercolini – motorizó varias “ordenes de presentación” para que la AGP y las empresas que participaron de la fallida licitación del dragado aporten toda la documentación y papeles requeridos por los funcionarios judiciales.
No se descarta que tras el análisis de los expedientes y las carpetas que fueron entregadas voluntariamente la fiscalía disponga otras medidas para ampliar la información y conseguir nuevas pruebas.
La denuncia judicial –que fue impulsada por los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Marcela Campagnoli—puso en la mira la fuerte jugada política para revertir la descalificación que desplegaron Dredging-Servimagus y el holding chino CCCC.
Según el planteo de los denunciantes, la presión ejercida por ese consorcio se vio apuntalada por “una serie de manifestaciones vertidas por el embajador Vaca Narvaja en abierta crítica a la decisión oficial por no haber seleccionado al grupo chino".
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