28/10/22

Energía: Massa y las provincias festejaron un empate en el Presupuesto

Los gobernadores frenaron el intento de compensar deudas eléctricas con coparticipación. El ministro ganó tiempo para negociar con Edenor y Edesur.

Por Antonio Rossi



Los cambios introducidos sobre la hora en el Presupuesto 2023 que el Gobierno logró sacar adelante en la Cámara de Diputados dejaron dos novedades salientes para el sector eléctrico. Por un lado, las administraciones provinciales lograron zafar de la obligación inicial que las dejaba como “garantes” de las deudas acumuladas por sus distribuidoras eléctricas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y que la Nación quería cobrarse con la captura de una porción de los fondos coparticipables. Por otro lado, la secretaría de Energía, que depende del ministro de Economía, Sergio Massa, consiguió un paraguas normativo que le permite estirar hasta los primeros meses de 2023 la definición de las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI) de Edenor y Edesur y no caer en un nuevo incumplimiento de los plazos que estaban fijados en el decreto 1020/20.

Ambas cuestiones tienen un punto en común que es el creciente y voluminoso nivel de morosidad que registran los pagos de las facturas de energía eléctrica a Cammesa. Las deudas que acumulan todas las distribuidoras y cooperativas eléctricas del país rozan los $ 550.000 millones. De ese total, la mitad aproximadamente corresponde a Edenor y Edesur y la otra mitad, a las eléctricas del interior.

El texto original del proyecto de Presupuesto que la cartera de Economía había remitido a la Cámara baja establecía que las provincias y municipalidades pasaban a ser “responsables solidarias” y debían “controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados de sus prestadores del servicio eléctrico”.

Para eso iban a tener seis meses para adecuar las normativas vigentes con las distribuidoras eléctricas y transcurrido ese plazo el Gobierno quedaba habilitado para descontar las facturas adeudadas “de los fondos comprometidos de la coparticipación federal y de otros convenios de transferencias presupuestarias vigentes con entidades del sector público”.

Tras las modificaciones incorporadas para asegurar los votos de oficialistas y opositores del interior, la nueva redacción del proyecto especifica que “la Nación, las provincias y los municipios deberán controlar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados de sus prestadores del servicio de energía eléctrica, estableciéndose un período de seis meses a fin de que cada jurisdicción concedente determine un mecanismo para el pago de las facturas emitidas y que en un futuro emita Cammesa”.

De esta manera, las autoridades provinciales lograron eliminar el riesgo de exponerse a una quita de los recursos que embolsan del régimen de coparticipación y patearon hasta mediados de 2023 la adopción de medidas de fondo destinadas a solucionar el problema de las deudas eléctricas. Además, como no hay ningún compromiso fijado para parar la pelota a partir de ahora, nada les impide a las distribuidoras y cooperativas seguir abultando sus cuentas en rojo con Cammesa para sentarse a acordar y arrancar de cero recién dentro de seis meses.

Para la regularización de las deudas atrasadas, la Secretaría de Energía comanda por la massista salteña Flavia Royón delineó un generoso programa de salvataje que contiene tres beneficios significativos: un período de gracia de seis meses para comenzar a pagar, un plazo de cancelación de hasta 96 cuotas mensuales y la aplicación de una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente para las transacciones en el mercado eléctrico mayorista (MEM).

Con respecto a las demoradas RTI de Edesur y Edenor, el Presupuesto aprobado en Diputados y que ahora comenzará a ser tratado en el Senado le dio a Massa y a Royón una especie de aval previo del Congreso y más margen de acción para que puedan encarar las negociaciones pendientes con las eléctricas metropolitanas.

Si el Gobierno hubiera cumplido con lo que había fijado hace casi dos años en el decreto 1020, la nueva renegociación de los contratos de las dos distribuidoras más grandes del país ya tendría que estar lista, aprobada y a un paso de empezar a correr en los primeros días de diciembre.

Qué definen las RTI

La RTI equivale a una “hoja de ruta” quinquenal que contiene el programa de obras de mantenimiento, las nuevas inversiones para extender las redes y los aumentos y ajustes de tarifas que van a recibir las distribuidoras en ese período para poder cumplir con sus obligaciones, garantizar la prestación del servicio y obtener una tasa de ganancia razonable. Demanda entre cuatro y seis meses de estudios y negociaciones y una que vez que está definida debe pasar por una audiencia pública.

Según el texto votado en Diputados, el Gobierno tendrá “un plazo no mayor a 90 días para realizar las RTI correspondientes a las distribuidoras eléctricas del área metropolitana de Buenos Aires". Si bien Royón había anticipado la intención oficial de cumplir con esa instancia en febrero, hay dos factores que se cruzan en el camino y que podrían entorpecer ese objetivo.

Uno de ellos es que la accidentada aplicación de la segmentación tarifaria y quita de subsidios se extenderá hasta febrero con aumentos cercanos al 200% destinados solo para el sector de generación. Un incremento extra en ese período para las distribuidoras podría disparar fuertes protestas y reclamos de la población usuaria, que además de los ajustes eléctricos tiene que afrontar los anunciados para los servicios de gas y de AySA que van camino a superar el 100% anual.

El otro escollo es de tipo político. Con una campaña electoral ya lanzada, al Gobierno se le acortan aún más los plazos. Cualquier aumento que decida autorizar a partir de abril, implicará un fuerte costo político y una complicación para quienes representen al oficialismo en las urnas el año próximo.

Nota Editada en Letra P