Por Antonio Rossi
La designación de Flavia Royón al frente de la Secretaría de Energía abrió un nuevo capítulo en la errática y por momentos desconcertante política energética que viene desplegando la administración de Alberto Fernández desde diciembre de 2019. La nueva conductora del área energética arranca su gestión con varias cuestiones clave que requieren definición urgente y una serie de dudas acerca de su verdadera capacidad de acción y el acompañamiento político que tendrá del heterogéneo grupo que recibió como herencia y ocupará las subsecretarías y áreas subalternas.
Alineada plenamente con el nuevo hombre fuerte del Gobierno, Sergio Massa, la nueva secretaria representa la tercera experiencia de la coalición gobernante que consiste en poner la botonera del sector energético en manos de una figura del interior del país que no estaba en el radar de las empresas y analistas del sector.
El primer caso tuvo como protagonista al misionero Sergio Lanziani, quien por impericia administrativa y los escollos del ala dura del kirchnerismo duró apenas ocho meses en el puesto. Luego vino el neuquino Darío Martínez, que ostentaba como único antecedente en la materia haber presidido la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados. Con posturas zigzagueantes y funcional a los planteos del Instituto Patria, Martínez chocó varias con el exministro Martín Guzmán, impidiendo la implementación de los ajustes tarifarios definidos por la cartera económica.
Ahora le toca el turno a Royón, exejecutiva durante 15 años de los negocios frigoríficos del Grupo Brito y hasta ahora titular de Energía y Minería de Salta. Llega a los primeros planos fruto de una negociación política de Massa con Cristina Kirchner y luego de que los primeros convocados por el líder del Frente Renovador –Guillermo Nielsen, Miguel Peirano y Enrique Devoto– quedaran en el camino, ya sea por el veto de CFK o por propia decisión de no querer sumarse al Ejecutivo en las actuales condiciones.
Si bien para muchas opiniones la llegada de Royón representa en términos políticos un triunfo de Massa por haber logrado desplazar a Martínez y al camporista Federico Basualdo de la subsecretaría de Energía Eléctrica, la nueva composición del gabinete de Energía no ha logrado despejar la incertidumbre que sobrevuela en el sector en torno al grado de cohesión y coordinación interna que demanda la aplicación de las medidas que sin más demoras debe poner en marcha el Gobierno.
El hecho que más ruido genera es el salto en el organigrama de Federico Bernal, que deja la intervención del Enargas para desempeñarse como nuevo subsecretario de Hidrocarburos. En el ámbito gasífero y petrolero Bernal cosecha fuertes cuestionamientos por sus constantes ataques al manejo de las empresas privatizadas y por la oposición que mostró a las actualizaciones tarifarias y a los incentivos del Plan Gas para incrementar la producción de Vaca Muerta.
Ahora va a reemplazar a Maggie Videla Oporto y, lejos de constituir una señal positiva para el mercado, su ascenso al área de Hidrocarburos como un virtual supervisor K promete sumar más tensiones con las empresas gasíferas y petroleras, a menos que haya cambiado radicalmente su pensamiento ideológico favorable a un mayor intervencionismo estatal y al mantenimiento masivo de los subsidios energéticos.
Junto con Bernal desembarcarán en la primera línea de Energía Santiago Yanotti al frente de la subsecretaría de Energía Eléctrica y Cecilia Garibotti al mando de Planeamiento Energético, la subsecretaría que ocupó algo menos de un mes Gonzalo Soriano. Yanotti forma parte del equipo del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Desde que llegó al área energética en el segundo semestre del año pasado mantiene una relación tirante con Bernal. Ahora como nuevo timonel del sector de Energía Eléctrica tendrá que definir quién queda al frente de la intervención del ENRE en remplazo de Soledad Manin, quien anticipó que se retira con su jefe político Basualdo.
Garibotti es una debutante en la función pública. Hija de un reconocido especialista en ingeniería nuclear y exconsultora del Banco Mundial, deberá hacerse cargo de la implementación del esquema de segmentación tarifaria y eliminación de subsidios. A esos cambios se agregaría la posible salida de la subsecretaría de Coordinación Institucional de Guillermo Usandivaras, quien sería sustituido por la tucumana Sofía Simón, quien responde directamente a Yanotti.
Tres urgencias
En la agenda que deberá enfrentar sin dilaciones Royón sobresalen tres cuestiones relevantes. La primera tiene que ver con los alcances de la versión recargada de la quita de subsidios que anunció Massa la semana pasada cuando introdujo, con el argumento del “ahorro energético”, los topes de consumo que se aplicarán para recortar las bonificaciones vigentes y facturar las tarifas plenas.
En el caso del servicio eléctrico, Massa había señalado la implementación de un límite de consumo de 400 kWh bimestrales para el mantenimiento de los subsidios. Superado ese tope, cada kWh excedente debería ser abonado con la tarifa plena sin ningún descuento. Así planteado, el nuevo esquema alcanzaba a más de 9 millones de hogares de clase media y baja que se inscribieron para conservar los subsidios y que iban a tener que enfrentar subas de más del 200% cuando sus consumos superaran los topes establecidos.
Tras los primeros cuestionamientos a ese ajuste, cerca de Massa salieron a podar los alcances del nuevo esquema señalando que el tope de 400 kWh sería por mes y que no correría para quienes poseen tarifa social. Ahora Royón deberá poner por escrito cuáles van a ser realmente los límites y desde cuándo se aplicará la supresión de los subsidios.
Además, deberá clarificar qué quiso decir Massa cuando anunció que los topes de consumos subsidiados se iban a fijar “con un criterio federal teniendo en cuenta las distintas realidades climáticas”. Las autoridades provinciales del Norte Grande, donde los hogares son altamente dependientes del servicio eléctrico y cuyos consumos se disparan en los meses estivales, ya salieron a reclamar que los topes sean mucho más elevados que en el AMBA y en el resto del país.
En segundo lugar, Royón deberá gestionar que el ajuste del gasto público en ciernes no trabe la liberación de las partidas presupuestarias por alrededor de US$ 2.500 millones que tienen como destino el pago de las importaciones de gas por barco y de los combustibles líquidos previstas hasta fin de año y el desembolso de los anticipos a las empresas que se adjudicaron la construcción del primer tramo del gasoducto de Vaca Muerta.
La tercera cuestión clave es el demorado régimen de promoción de inversiones petroleras. Estancado en el Congreso desde el año pasado, Massa anticipó que se aprobará en los próximos días por medio de un DNU que pondrá a prueba la capacidad de gestión y cintura política de Royón para poder implementar rápidamente las nuevas reglas de juego del negocio hidrocarburífero, que incluirá beneficios fiscales y una mayor disponibilidad de divisas para las empresas que exporten volúmenes adicionales que superen los actuales niveles de producción.
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