Por Antonio Rossi
La nueva ola de calor extremo que afectará a gran parte del país durante los próximos días promete poner otra vez en jaque a la empresa Edesur y a las autoridades energéticas encargadas de controlarla que, desde las jornadas previas a Navidad, quedaron en la mira de los usuarios y las usuarias por los reiterados cortes de suministro eléctrico que se vienen registrando en la región metropolitana.
Si bien en los últimos tres días tuvieron una marcada reducción, las interrupciones del servicio -que sobre el epílogo de 2021 llegaron a afectar a casi 800.000 habitantes del área de concesión de Edesur- podrían volver a ocupar el centro del escenario a partir del martes cuando vuelvan a registrarse temperaturas elevadas y una alta demanda eléctrica hogareña.
Desde la distribuidora controlada por el grupo italiano ENEL reconocen que es muy poco lo que pueden hacer ahora para evitar los cortes por el corset tarifario que mantiene el Gobierno y la ralentización de los planes de obras que tuvieron que implementar por la falta de recursos económicos y el cierre de las fuentes de financiamiento internas y externas.
A esas trabas la agregan una cuestión coyuntural que impide que se repita la histórica baja del consumo que se daba en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires a partir del 1 de enero cuando una gran cantidad de usuarios se iban de vacaciones. Por los récords de contagio provocados por la nueva ola de covid, muchos habitantes del AMBA permanecen aislados en sus domicilios y usan a pleno las computadoras, televisores y equipos de aire, lo cual hace que los niveles de demanda se mantengan por encima de normal.
Para la Secretaría de Energía conducida por Darío Martínez y la intervención del ENRE que encabeza Soledad Manín, los cortes y los problemas operativos de Edesur representan una doble complicación.
Por un lado, son conscientes de que -pese a la larga lista de antecedentes negativos que arrastra Edesur- la administración de Alberto Fernández no está en condiciones de aplicarle el castigo máximo que sería el quite de la concesión.
La negociación pendiente con el FMI y el Club de París, la fragilidad que presenta la situación económica y social, y el costo político que implicaría abrir un nuevo frente de conflicto con inversores externos constituyen los principales escollos que tiene en contra el Gobierno a la hora de analizar una eventual estatización de Edesur.
La postura extrema de que el Estado retome el servicio para que sea prestado por una nueva SEGBA es el planteo que levantan cada vez con más insistencia los intendentes de la zona sur del conurbano y el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quienes reciben las constantes quejas y lamentos de los miles de damnificados y damnificadas.
En segundo lugar, las actuales deficiencias operativas de Edesur impiden a los funcionarios poner en marcha el proceso administrativo y la audiencia pública previa que deben llevar adelante para poder aumentar las tarifas eléctricas y reducir la carga fiscal de los subsidios energéticos que en 2021 treparon al récord de casi 10.000 millones de dólares.
A diferencia del Enargas -piloteado por el vocal segundo del Instituto Patria, Federico Bernal- que ya tiene armada para el 19 de enero la audiencia pública para tratar los aumentos para las gasíferas; el ENRE y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, tienen frenada y sin fecha cierta de concreción la audiencia por los incrementos tarifarios de Edenor y Edesur hasta tanto no se normalice la prestación del servicio eléctrico.
Una "stopper" para frenar los cortes
Al igual que durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el directorio de Edesur tiene ahora una “veedora” puesta por el ENRE que deberá monitorear de cerca las decisiones y acciones que adopte la empresa para superar las interrupciones del servicio.
Tras la sanción a Edesur por los cortes de luz, la interventora del ENRE salió al cruce de los cuestionamientos con el nombramiento de Silva Merzi como nueva veedora interna en la distribuidora eléctrica.
Según el acta de designación, Merzi -exintegrante del equipo técnico de Transener y desde hace varios años a cargo del área de “normas regulatorias” del ENRE- tendrá “amplias facultades para fiscalizar y controlar todos los actos que hacen a la gestión técnica y comercial que realiza Edesur en la prestación del servicio público de distribución eléctrica”.
La veedora fue enviada por un plazo inicial de 45 días que se podrá prorrogar “hasta que la prestación del servicio se encause en los estándares establecidos para el verano y en las normas de calidad definidas en el contrato de concesión”.
La anterior veeduría del ENRE sobre Edesur se extendió por un plazo de tres años desde 2012 hasta la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada a finales de 2015.
Hace diez años, la decisión de ponerle un “stopper” a la distribuidora había sido impulsada por el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. En ese momento, Edesur estaba bajo la lupa no solo por los cortes, sino también por las deudas que había acumulado por los pagos parciales de la energía recibida de la Cammesa. Esa situación, para las autoridades del ENRE de 2012, configuraba “un agravamiento del deterioro empresario que incide de modo directo en la prestación del servicio público concesionado”. Curiosamente, ahora Edesur también tiene sus cuentas en rojo con la Cammesa: su deuda ronda los 50.000 millones de pesos y representa casi el 20% de las facturas por cobrar que tiene la administradora del mercado eléctrico.
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