Por Antonio Rossi
Con bajo perfil y sin el ruido mediático y político que provocaron las audiencias públicas para determinar las tarifas de luz y gas por el rechazo a los aumentos del sector kirchnerista del Gobierno, la convocatoria concretada para tratar el nuevo cuadro tarifario de la estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) dejó cuatro notas salientes: la dependencia de la empresa a los crecientes subsidios oficiales, la firme posibilidad de otro ajuste en las facturas antes de fin de año, un toque de atención a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof por desentenderse de la tarifa social y un guiño positivo a algunos aspectos de la gestión macrista en la empresa.
La audiencia pública, que se realizó en forma virtual, fue llamada para tratar un ajuste tarifario acumulado para la clientela residencial del 32%, tal como adelantó en enero de manera exclusiva Letra P. El incremento se aplicará en dos etapas: 20% a partir julio y el 10% restante desde octubre.
El encuentro convocado por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica que depende del ministro Gabriel Katopodis sirvió para que, por primera vez desde que asumió en diciembre de 2019, la presidenta de AySA, Malena Galmarini, planteara la urgente necesidad de aumentar las tarifas y atemperar un poco el rojo intenso que muestran las cuentas de la empresa, que depende cada vez más de los subsidios nacionales.
Galmarini, exlegisladora bonaerense y esposa del presidente de la Cámara baja y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, calificó el aumento propuesto como “simbólico” y sostuvo que “los ingresos tarifarios no alcanzan a cubrir la totalidad de los costos derivados de la prestación de los servicios. La factura promedio de un usuario residencial, que equivale a 24.000 litros de agua, es de $ 485,19 mensuales, lo mismo que valen hoy tres botellas de gaseosas de 1,75 litros”.
La titular de AySA destacó que un aumento del 32% implica una “reducción de la velocidad entre lo que se necesita para cubrir la operación y los recursos que ingresan por recaudación”, y agregó que, luego de este ajuste, la idea es avanzar con un esquema de aumentos por segmentación similar al que regirá para los servicios energéticos.
Para prestar los servicios de provisión de agua potable y saneamiento en la Capital Federal y 26 partidos del Conurbano bonaerense, AySA requirió en 2021 una asistencia estatal de $ 53.094 millones. Para este año, los subsidios para cubrir el doble déficit provocado por los costos operativos y los gastos de mejoras y mantenimiento treparán casi un 150% y ascenderán a un total de $ 136.825 millones.
Los “costos operativos y salariales” previstos para 2022 –según el informe técnico que la empresa presentó en la audiencia– alcanzarán a $ 96.756 millones, un 55% más que lo desembolsado el año pasado, en línea con la inflación. Por el lado de los “gastos por obras y trabajos de mantenimiento y mejoras”, las proyecciones para este año indican que rondarán los $ 73.704 millones, 240% más que lo destinado a ese rubro en 2021.
De esta manera, los pagos totales que tendrá que afrontar AySA en 2022 escalarán a $ 170.460 millones. Como el ingreso por el cobro de boletas será de solo $ 33.633 millones, la suma total que tendrá que transferirle el Estado como subsidios trepará a $ 136.825 millones.
El estudio técnico y económico que AySA confeccionó para justificar las nuevas tarifas incluyó un sutil llamado de atención a la administración porteña de Rodríguez Larreta y al gobierno bonaerense de Kicillof.
En el capítulo referido al régimen de tarifa social, la empresa indicó que prevé mantener el actual esquema de beneficios para 250.000 hogares con un presupuesto inicial de $ 937 millones y que la deuda acumulada hasta ahora por la Ciudad y la provincia llega a casi $ 2.000 millones. Esa deuda corresponde a las compensaciones económicas que ambas jurisdicciones se habían comprometido a aportar para mantener en pie las bonificaciones previstas en el programa social.
Si no llegan los fondos de esas ventanillas, el planteo de la empresa es que las compensaciones faltantes se cubran con más subsidios nacionales.
Herencia macrista
Con respecto a la gestión macrista, el informe de AySA destacó varios aspectos positivos. En primer lugar, consignó que los aumentos tarifarios aplicados a partir de 2016 “fueron acompañados con un fuerte desarrollo de la tarifa social focalizada, que pasó de contar con 19.000 beneficiarios a más de 214.000 en la actualidad, lo que evidencia un cambio sustancial en la lógica de aplicación de subsidios, avanzando hacia un sistema que ha permitido dar apoyo a aquellas familias que atraviesan una situación económica delicada y que no pueden afrontar el pago completo de la factura, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable”.
El informe también puntualizó que durante el gobierno de Mauricio Macri “se evidenció un esfuerzo" para ir "recomponiendo los niveles tarifarios y absorber los descuentos para cubrir los gastos de operación y mejoras. Se pasó de niveles de cobertura con ingresos tarifarios de 41% en 2015 a 77% en 2016; 85% en 2017; 83% en 2018 y 91% en 2019”.
Por último, el informe técnico de AySA ponderó que la estructura tarifaria establecida en 2017 “generó un marco en el que no solo se ha dado mayor preponderancia a la facturación basada en el consumo para los usuarios medidos, sino que además se han generado las condiciones e incentivos necesarios para que los usuarios no medidos puedan optar por una facturación basada en el consumo y así tener un mayor control sobre los montos facturados”.
Tomando conceptos del relato K, el análisis de la empresa remarcó que “ese empoderamiento de los usuarios en relación con la prestación, uso y facturación del servicio ha implicado una importante modernización de la forma y modalidad en que la empresa y los usuarios se relacionan, reduciendo conflictividad a partir de una mayor aceptación de las cargas tarifarias”.
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