Por Antonio Rossi
En medio del "entendimiento" que alcanzaron el ministro de Economía, Martín Guzmán y los técnicos del FMI para avanzar con una "reducción de los subsidios a la energía de manera progresiva"; las empresas Edenor y Edesur –las principales distribuidoras eléctricas del país— advirtieron que, si no reciban el visto bueno para ajustar las tarifas, necesitarán a lo largo de este año una asistencia económica estatal superior a los 100.000 millones de pesos para poder afrontar los gastos operativos, el pago de salarios y las inversiones mínimas destinadas a mantener y garantizar el abastecimiento.
En respuesta a la información y los datos pedidos por el ENRE de cara a la audiencia pública convocada para el 17 de febrero; tanto Edenor—controlada desde el año pasado por el trío de Vila, Manzano y Filiberti--, como Edesur –piloteada por el grupo italiano ENEL— destacaron que resulta imprescindible y urgente que el Gobierno "ponga en práctica las adecuaciones tarifarias necesarias o bien la implementación de medidas conducentes para poder contar con los fondos suficientes que permitan prestar el servicio sin pérdidas económicas".
A diferencia de la audiencia pública de las gasíferas donde el Enargas había solicitado a las empresas que calculen los aumentos que necesitaban para mantenerse pie este año, la intervención del ENRE que pilotea la camporista Soledad Manín les pidió a las distribuidoras y transportistas eléctricas que, por ahora, se limiten solamente a presentar sus proyecciones económico-financieras (PEF) de 2022 sin ninguna referencia a los posibles ajustes tarifarios.
En el caso de Edenor, los técnicos estimaron que, en un escenario sin aumentos de tarifas, debería recibir un subsidio operativo de 56.817 millones de pesos anuales. Según las cuentas de la empresa, los ingresos previstos para este año sin ninguna suba tarifaria ascenderían a 125.189 millones de pesos. Esa recaudación no le alcanza para cubrir la totalidad de los gastos operativos y salariales que han sido calculados en 165.181 millones de pesos.
En presentación elevada al ENRE, Edenor destacó que la compensación económica requerida "se debe principalmente a la falta de aplicación de los ajustes tarifarios que fueran previstos en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aprobada en 2017 y al hecho de que el único incremento del 20,9% recibido en los últimos 3 años en un contexto de elevada inflación resulta más que insuficiente".
"La postergación del ajuste del costo propio de distribución y la prohibición de trasladar a tarifa otros costos y gastos originalmente previstos son los causantes directos de la actual situación financiera que le imposibilita transitoriamente a la empresa poder cumplir con el pago total de las facturas por la energía adquirida en el mercado mayorista eléctrico", remarco la nota de Edenor.
Al analizar la situación registrada en el período 2019-2021, la empresa resaltó que frente al único aumento del 9% que tuvo la tarifa final, el índice de precios mayoristas acumuló una suba del 225%; la inflación minorista trepó 216% y la cotización del dólar se encareció 171%. Las compras de energía y el pago de impuestos que en 2015 representaban solo el 35% de su recaudación total, en 2021 pasaron a representar el 73% de sus ingresos.
De acuerdo con los datos consignados por la empresa, la no aplicación de los cuadros tarifarios que fueron aprobados en 2017 y los ajustes contractuales no reconocidos con posterioridad han dejado en el camino un total de ingresos no percibidos de 85.200 millones de pesos.
Más allá de las cifras, Edenor le advirtió al ente regulador que los datos brindados "no implican renuncia alguna a los cuadros tarifarios que hubieran resultado de la aplicación de la RTI 2017-2021, ni pueden ser interpretados como un consentimiento, ni aceptación de ciertos términos y normas cuyos contenidos significasen la prohibición de aplicar aumentos o la privación de ingresos que corresponden en virtud del contrato de concesión y marco normativo vigente".
Por lado de Edesur, los técnicos de la compañía reclamaron una asistencia estatal de 43.236 millones de pesos para este año en el caso de que se decida mantener las tarifas sin cambios para los usuarios.
Según las proyecciones que realizó la empresa, los gastos operativos y salariales que deberá afrontar se ubican en 134.531 millones de pesos. En tanto, en materia de ingresos por cobro de facturas, el monto a recaudar sumaría un total de 96.483 millones de pesos.
La documentación remitida al ENRE destacó que "la evolución financiera y el plan de inversiones requeridos 2022 responden a las pautas macroeconómicas de inflación y tipo de cambio establecidas por los funcionarios".
Agregó también que el escenario impuesto por el organismo de control "se contrapone a lo previsto en la revisión tarifaria integral vigente desde febrero de 2017, las actualizaciones reconocidas en el contrato de concesión y las disposiciones contenidos en los artículos 40 y 41 del marco regulatorio eléctrico".
La empresa reconoció que "en los flujos de fondos no se han contemplado aportes, ni reconocimientos por parte del Estado Nacional sobre las deudas por la compra de energía con Cammesa, ni los recursos necesarios para afrontar la cancelación de esos pagos".
Las autoridades de Edesur reclamaron la puesta en práctica de "las adecuaciones tarifarias necesarias o bien la implementación de medidas conducentes para dotar a la empresa de los fondos suficientes para poder atender los costos operativos del servicio y el pago de impuestos y obtener una tasa de retorno compatible con una operación eficiente y en línea con otras actividades de riesgo similar o comparable a nivel nacional e internacional.}
Al igual que Edenor, la distribuidora de la zona sur dejó en claro que "la información vertida en la presentación solicitada por el ENRE no puede ni debe ser interpretada como una renuncia a ejercer y sostener los derechos resultantes del contrato de concesión, la ley 24.065 y normas concordantes".
Para los dueños de Edesur "toda renuncia o desistimiento deberá ser expreso y resultante de un acuerdo que refleje y no vulnere los términos del contrato de concesión y reconozca o compense la totalidad de los ingresos tarifarios no percibidos por aplicación de la normativa de emergencia vigente desde a fines de 2019".
Fuente: www.iProfesional.com