Por Antonio Rossi
Mientras aguardan que la Secretaría de Energía cumpla con la promesa de actualizar sus ingresos tarifarios antes de que expire el año, las gasíferas privadas nucleadas en ADIGAS salieron a activar un "protocolo de alerta temprana" ante la embestida estatizadora que puso en marcha el gobierno provincial de Entre Ríos contra la distribuidora GasNEA.
La Asociación de Distribuidores de Gas de la República Argentina (ADIGAS) manifestó su "preocupación institucional" por la situación que enfrenta su asociada GaSNEA -la distribuidora de la región mesopotámica y las provincias de Chaco y Formosa- tras la ofensiva de la administración entrerriana que busca quedarse con el control de negocio servicio gasífero que fue concesionado por el gobierno nacional.
Creada en 1994 tras la privatización de Gas del Estado, ADIGAS está integrada por las empresas Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, GasNEA, Gasnor y Litoral Gas que, en conjunto, operan una red de 160.000 kilómetros de gasoductos y redes de distribución y prestan servicios a casi 9 millones de usuarios en el territorio nacional.
Por medio de un comunicado, la entidad –presidida por el representante de Ecogas, Rubén Vázquez-- destacó que "la distribución de gas natural es un servicio público de jurisdicción nacional, según lo establece la ley 24.076 de Marco Regulatorio, y las nueve empresas distribuidoras que hoy prestan un servicio seguro, confiable y eficiente a nueve millones de hogares en todo el país han sido las adjudicatarias de las licencias otorgadas por el Estado Nacional, como resultado del proceso de privatización definido en la misma ley".
Tras manifestar el "respaldo a GasNEA en su defensa de la institucionalidad y la seguridad jurídica de las licencias vigentes", los directivos de ADIGAS remarcaron que "los causales y mecanismos para una eventual caducidad de una licencia están definidas en el corpus normativo del Marco Regulatorio y se encuentran fuera de una jurisdicción provincial".
La reacción de ADIGAS –destinada a reforzar la defensa que comenzó a ejercer la propia GasNEA- apunta contra el decreto 3912 firmado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet en la primera semana de noviembre que dispone unilateralmente la "revocación" del contrato de concesión vigente con gasífera privada y le solicita al Enargas que proceda a nombrar como nueva licenciataria del servicio a la estatal Compañía Entrerriana de Gas S.A. (CEGSA).
Entre Ríos: distribuidoras de gas, contra intento de estatización
Para justificar la revocación de la concesión de GasNEA, el gobierno provincial esgrimió como argumentos la existencia de "visibles incumplimientos de las obligaciones asumidas por la firma distribuidora y el quebrantamiento de la ecuación económica del contrato".
Citando las conclusiones de una auditoría contratada a la firma Dreicon SA (una consultora privada que en el sector energético vinculan con el polémico empresario Sergio Taselli y con el actual subsecretario de Hidrocarburos y ex interventor del Enargas, Federico Bernal), el decreto firmado por Bordet consigna que GasNEA "no ha efectuado un mantenimiento adecuado de las obras de infraestructura gasífera que realizó la provincia con fondos propios; llevó a cabo una deficiente política comercial en comparación con otras distribuidoras del país y carece de un plan de negocio, por lo que sólo ha logrado la conexión de la mitad de los usuarios potenciales".
Agregó, además, que "no ha expandido el servicio a las demás provincias de la Región Novena; se ha presentado en dos oportunidades en concurso preventivo y que el Enargas promovió acciones tendientes a la revocación de su licencia debido a que no cumplió las inversiones obligatorias comprometidas".
Tras disponer la revocación en el ámbito provincial de la concesión de GASNEA, el decreto estableció que se notifique la medida al Enargas y se solicite a ese organismo nacional "la habilitación provisoria para que la Compañía Entrerriana de Gas S.A. se haga cargo de la prestación del servicio".
Ante la movida de Bordet, la conducción de GasNEA salió al ruedo y anticipó que prevé "acudir a todas las instancias administrativas y legales para defender sus derechos".
La empresa—por medio de un comunicado-- rechazó los supuestos incumplimientos señalados por la provincia y aseguró que cuenta con "un patrimonio adecuado y suficiente a los fines de solventar la prestación del servicio".
Desde 2013, la distribuidora gasífera está en manos de un grupo empresario local que también controla las transportistas eléctricas regionales del NOA y NEA y que logró poner en caja a la empresa tras la convocatoria de acreedores que había heredado de la anterior sociedad controlante que estaba liderada por Alejandro Urtubey—hermano del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey-- y la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF).
Tras indicar que "se cumplió con creces con las inversiones comprometidas en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017, pese a la interrupción registrada en los mecanismos de actualización tarifaria", la empresa sostuvo que, a contramano de lo que dice la provincia, en la última década se registró un incremento del 62% la cantidad de usuarios y no existe ningún trámite, ni expediente del Enargas tendiente a revocar la concesión.
"GasNEA ha demostrado a lo largo de los últimos años capacidad y vocación de inversión y de pleno cumplimiento de las obligaciones comprometidas, junto con una preocupación constante por el mejoramiento de la calidad de la prestación de su servicio y la ampliación de la capacidad de las redes para llegar a más usuarios", afirmó el comunicado de la distribuidora.
Mientras la empresa pone a punto su estrategia legal, todas las miradas han comenzado a enfocarse en la inevitable intervención en el asunto que deberán tomar la Secretaría de Energía—que conduce la massista y salteña Flavia Royón—y la conducción del ente regulador que encabeza el abogado kirchnerista Osvaldo Pitrau,
Tanto las empresas, como los especialistas del sector advierten que el área energética y el Enargas deberían bajar una respuesta concreta que no deje dudas acerca de que el negocio gasífero se rige por las reglas de juego fijadas por el gobierno nacional. De no ser así, se abriría una puerta para que otros mandatarios provinciales imiten la postura de Entre Ríos y procedan a desmembrar las concesiones nacionales para transferir la operación del servicio gasífero a sus propias compañías energéticas.
Fuente: iProfesional
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