09/10/22

Autopistas de Macri: la estatización se frena para no chocar con el Club de París

La ofensiva para anular las concesiones de Ausol y GCO en los accesos Norte y Oeste se ralentiza para no complicar las negociaciones de Massa.

Por Antonio Rossi



Tres semanas después de que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la anunciaran en la Casa Rosada, la “inminente ofensiva” oficial para dar de baja la concesiones y estatizar los accesos Norte y Oeste sigue en veremos y sin fecha cierta de concreción. La medida, enmarcada en la ola estatizadora que el Gobierno viene aplicando en rutas y autopistas y que tuvo su máxima expresión el año pasado con la anulación de las concesiones de los PPP viales heredados de la era macrista, habría quedado congelada hasta nuevo aviso debido a las diferencias de criterio planteadas entre los equipos letrados oficiales y la necesidad política del ministro de Economía, Sergio Massa, de no agitar las aguas con los gobiernos europeos que integral el Club de París.

Justo el día en que se difundió el índice de inflación de agosto que alcanzó el 7%, Fernández y Katopodis sacaron a la luz el decreto 633 que, tras calificar los contratos de Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) renegociados por el gobierno de Mauricio Macri como “distorsivos, ilegítimos y lesivos para el Estado y los usuarios”, dispuso la presentación de una acción judicial de lesividad para obtener la nulidad de las concesiones, junto con una medida cautelar para que los accesos Norte y Oeste vuelvan a la órbita del Estado para ser operados por la empresa estatal Corredores Viales.

Pese a que había sido anunciado por el timonel de Obras Públicas hace más de un año, el demorado embate judicial contra las concesionarias de los dos únicos accesos privados que quedan en pie y que están bajo el control del grupo español Abertis apunta a voltear cuatro puntos clave a favor de las empresas que había concedido la gestión macrista: la dolarización tarifaria, la actualización constante de los peajes, la extensión de los contratos por una década mas y el reconocimiento de un paquete inicial de deudas por $ 813 millones como compensación por supuestas inversiones no amortizadas.

De acuerdo con los números estimados por los equipos técnicos de Obras Públicas, si se hubieran aplicado todos los ajustes tarifarios previstos en los contratos macristas, el peaje actual en la Panamericana para un automóvil costaría $ 1.830, mientras que en el acceso Oeste, la tarifa básica sería de $ 1.072 por viaje.

El freno de mano que el Gobierno aplicó a la movida contra Ausol y GCO fue confirmado en off the record por Massa a los principales directivos de la Cámara Argentina de la Construcción en la visita efectuada el miércoles último con la excusa de la celebración del Día del Camino. En medio de las señales de tranquilidad y calma que trató de transmitir ante los crecientes reclamos por atrasos en los pagos de las obras públicas y demoras en la redeterminación de precios de los contratos más desactualizados, Massa deslizó ante la crema de la construcción que, por ahora, el avance contra las concesionarias de las autopistas ha quedado en “stand by”.

Más allá de las diferencias de criterio que habrían aflorado entre la Procuración del Tesoro comandada por Carlos Zannini y el área letrada de Obras Públicas y Vialidad por el tenor y alcance de la movida judicial, existe otro motivo por el cual Massa habría maniobrado para frenar el ímpetu estatizador.

A fines de octubre, el ministro tiene agendada una visita al Club de París para negociar una reprogramación de la deuda de US$ 2.450 millones que había cerrado el exministro Martín Guzmán. Si llega a esa reunión con la demanda judicial en marcha contra el grupo Abertis, controlado por la constructora ACS del dueño del Real Madrid, Florentino Pérez, y que también tiene entre sus accionistas a la italiana Atlantia, lo más probable es que se tope con una fuerte resistencia de las autoridades europeas del grupo acreedor.

Hace dos semanas, en la presentación del proyecto de Presupuesto 2023 en Diputados, Massa reconoció que hay negociaciones en curso para extender los plazos de pago, redefinir la tasa de interés y aliviar los pagos pendientes. En el texto que acompaña las partidas e inversiones para el próximo año, la cartera de Economía destacó que “en las próximas semanas se espera avanzar con las negociaciones que permitan arribar a un nuevo acuerdo que involucre un perfil de pagos sostenible en el tiempo”.

Una de las condiciones aceptadas por Guzmán que ahora Massa quiere modificar es la referida la tasa de interés: pretende bajarla del 9% anual al 3,05% que se pactó en el último acuerdo con el FMI.

Si bien en principio se mostró predispuesto a negociaciones “abiertas y sinceras”, el staff del Club de París le advirtió al Gobierno que, para alcanzar un entendimiento, debe cumplir con dos condiciones insoslayables: mantener vigente el acuerdo firmado con el FMI y no arrastrar ninguna demanda en contra por incumplimiento de contratos de empresas europeas.

Mientras tanto y sin hacer demasiado ruido, Vialidad Nacional, la repartición que conduce el exintendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, viene siguiendo una sistemática y constante hoja de ruta para ponerle fin a la concesión que abarca el corredor del Mercosur de las rutas nacionales 12 y 14 y los puentes Zárate-Brazo Largo y Rosario-Victoria.

Nota Editada en Letra P