Por Antonio Rossi
Tras las modificaciones e injertos que aceptó incorporar el oficialismo para destrabar el tratamiento en la Cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto 2023 dejó en pie tres artículos que prometen generar ruido y un marcado cambio en el escenario regulatorio del sector eléctrico, que podría derivar en la creación de un ente de control tripartito entre el Estado nacional y la provincia y la ciudad de Buenos Aires.
Por medio de los artículos 78 , 79 y 80, la administración de Alberto Fernández busca que el Congreso conceda el visto bueno al “acuerdo tripartito sobre el ejercicio conjunto de la regulación y control del servicio público de distribución de energía eléctrica” que fue firmado en enero de 2021 por el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y el gobierno porteño.
La implementación de dicho acuerdo se vio trabada por los conflictos políticos y diferencias económicas planteadas entre la Casa Rosada y la administración de Horacio Rodríguez Larreta. El texto contempla dos movidas relevantes. En primer lugar, da por caído de manera oficial el reordenamiento del servicio eléctrico de la región metropolitana del AMBA que habían aprobado a principios de 2019 los gobiernos de las tres jurisdicciones que estaban bajo el mando de las principales figuras de Cambiemos: Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Larreta. En segundo lugar, abre la puerta para crear el próximo año un nuevo ente regulador eléctrico que tendrá la particularidad de contar con un manejo tripartito entre la Nación, la provincia y la Ciudad.
La “reconfiguración” del negocio eléctrico metropolitano que el macrismo intentó llevar adelante en 2019 comprendía tres cambios salientes: la cesión del poder concedente del servicio operado por Edenor y Edesur a la provincia y la ciudad de Buenos Aires; la conformación de un nuevo ente regulador bipartito a cargo de los gobiernos bonaerense y porteño y la regularización de los reclamos cruzados con las distribuidoras por los aumentos tarifarios no otorgados y los incumplimientos de obras e inversiones que habían acumulado aduciendo la falta de ingresos.
Pese a que lograron avanzar con la constitución del denominado "Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico" designando a los integrantes del primer directorio conjunto, Vidal y Rodríguez Larreta llegaron al cambio de mando en la Casa Rosada a fines de 2019 sin haber podido completar todos los cambios en juego.
Tras haber puesto ese replanteo regulatorio en el freezer, el gobierno de Fernández procedió a delinear nuevas reglas operativas y de control para el servicio eléctrico del AMBA. En los primeros días de enero 2021, el entonces ministro de Economía Martín Guzmán; el gobernador Axel Kicillof, Rodríguez Larreta y las autoridades de Edenor y Edesur suscribieron un nuevo convenio que remplaza al anterior y da paso al armado de un ente regulador tripartito.
El nuevo acuerdo conjunto, que ahora el ministro de Economía, Sergio Massa, quiere ratificar dentro del marco de la ley de Presupuesto, establece que “la titularidad del servicio público de energía eléctrica en el área de concesión de Edenor y Edesur continuará permaneciendo en cabeza del Estado Nacional” y que ambas empresas “seguirán rigiéndose por sus contratos de concesión, las normas nacionales, las resoluciones del ENRE y las que adopte en el futuro el ente regulador tripartito”.
Con respecto al nuevo organismo de regulación y control, determina que debe ser “autárquico, con personalidad jurídica propia e independencia funcional y con plena capacidad jurídica para actuar en el ámbito del derecho público y privado”. Según el artículo 79 del Presupuesto, el nuevo ente regulador será financiado con los recursos provenientes de la tasa de fiscalización y control que deben abonar Edenor y Edesur.
El nuevo convenio también estipula que “hasta tanto se encuentre constituido el nuevo ente de control, el ENRE mantendrá sus funciones y facultades” y que las distribuidoras “prestan su conformidad a los cambios y renuncian a realizar o continuar reclamos y recursos administrativos o acciones judiciales en contra del Estado Nacional, la provincia y la Ciudad por los alcances y acciones derivadas de la implementación del acuerdo”.
Si bien en el Gobierno justifican la ratificación del acuerdo conjunto como un paso necesario para salir de la emergencia y normalizar el negocio eléctrico metropolitano, la creación de un nuevo ente regulador tripartito es mirada con recelo por las empresas y consultoras energéticas. No solo porque consideran que va en sentido contrario de la austeridad fiscal y reducción del gasto público que, según Massa, forman parte de su estrategia económica; sino también porque añade un factor adicional justo en un año electoral clave, en el que tienen que aprobarse las demoradas “Revisiones Tarifarias Integrales” (RTI) con los planes de obras e inversiones y los cuadros tarifarios que regirán hasta 2028.
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