Por Antonio Rossi
A menos de un mes de haber asumido en remplazo de Mario Meoni, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, se ha topado con un inesperado conflicto judicial en el puerto de Buenos Aires que podría extenderse durante varios meses y retrasar el llamado a licitación para reprivatizar las terminales porteñas, que estaba previsto para el segundo semestre.
La disputa tiene como protagonista central a la empresa Bactssa, la concesionaria de la terminal 5. Controlada por el holding portuario asiático Hutchinson Ports, la firma logró obtener, a pocas horas de que caducara su concesión, un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que le permite seguir en actividad, mientras se resuelve la cuestión de fondo vinculada con la extensión de la última prórroga contractual que habían aprobado las autoridades nacionales.
El origen de la controversia se remonta a los distintos plazos de concesión otorgados en 1994, cuando la gestión menemista llevó adelante la privatización del puerto capitalino. En ese momento, se había fijado para la terminal 5 un período contractual de 18 años, a diferencia de las otras cuatro terminales que fueron concesionadas por un período de 25 años.
En 2011, un año antes de que venciera el plazo, la intervención de la Administración General de Puertos (AGP) le concedió a Bactssa una primera prórroga hasta 2015. Ese año se llamó a una licitación abreviada por 48 meses que fue ganada por la misma firma. La nueva concesión, que arrancó legalmente en 2016, finalizaba el 15 de mayo de 2020. En agosto de 2019, el timonel macrista de la AGP, Gonzalo Mórtola, le concedió anticipadamente a Bactssa una nueva prórroga hasta mediados de mayo de este año.
Tras anular la licitación del puerto que había encarado el extitular de Transporte Guillermo Dietrich, en abril de 2020 la cartera que encabezaba Meoni decidió dejar firme el plazo de Bactssa que caducaba este año y extender hasta 2022 los contratos de los otros dos operadores del puerto capitalino que quedaron en pie: TRP (el concesionario de las terminales 1, 2 y 3, que controla el holding estatal de Emiratos Árabes Dubai Ports Word, asociado con el grupo local Román) y APM (la adjudicataria de la terminal 4 que pertenece al grupo danés Maersk).
En setiembre pasado, la conducción local de Bactssa piloteada por Carlos Largui solicitó en la Justicia una nueva prórroga a la concesión de la terminal 5 hasta 2022, para quedar en igualdad de condiciones que sus competidores TRP y APM.
Ese planteo fue denegado por el juez contencioso administrativo Enrique Alonso Regueira y, en los últimos meses de 2020, los gerentes de Bactssa comenzaron a negociar con los funcionarios de AGP un esquema de salida y traspaso del personal y las instalaciones a los otros dos concesionarios portuarios.
Cambio de rumbo
Tras tomar nota de que debían retirarse antes que sus competidores y que iban a mirar desde afuera la licitación que tiene en carpeta el Gobierno para reprivatizar el puerto capitalino, la cúpula ejecutiva de Hutchinson Ports en Hong Kong decidió cambiar de estrategia y resistir la salida que estaba programada para el 15 de mayo.
Bajó la orden a los directivos de Bactssa para que lanzaran una nueva ofensiva judicial y dos días antes de la fecha establecida para su retiro obtuvo un amparo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que le sirve de paraguas para seguir con sus actividades por un plazo inicial de seis meses o hasta que se defina el planteo de fondo referido a la igualación de las prórrogas.
Los camaristas Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti (este último en disidencia) revocaron la sentencia de primera instancia y le ordenaron a la AGP que “suspenda” la celebración del inventario y constatación del estado de obras de la concesión y “se abstenga de imponerle a Bactssa cualquier medida o sanción estipulada en el contrato de concesión o en los respectivos pliegos o normas complementarias, por la suspensión referida”.
Los funcionarios de la AGP, que conduce el santacruceño José Beni, desconocieron inicialmente el fallo y el sábado 15 a las 18 horas concurrieron con escribanos a la terminal 5 con el fin de levantar un acta notarial e iniciar las tares de restitución del predio y las instalaciones. El personal de seguridad de Bactssa les impidió el ingreso por tratarse de “terceros ajenos a la concesión”, que habían asistido un día inhábil y sobre el límite del horario que prohíbe la atención al público por las restricciones de circulación vigentes para combatir la pandemia del Covid-19.
A primera hora del lunes pasado, el gerente general de AGP, Marcelo Peyregne, procedió a intimar por nota a Bactssa para que desaloje inmediatamente el lugar bajo la doble amenaza de aplicarle una multa equivalente al 0,66% diario de la tasa anual portuaria que tiene fijada la terminal y no devolverle las garantías contractuales presentadas al hacerse cargo de la concesión.
La movida de AGP fue retrucada por Bactssa con dos nuevas presentaciones judiciales en las cuales denunciaron el “alzamiento e incumplimiento de la medida cautelar por parte de los funcionarios nacionales”. Los camaristas precisaron que el fallo fue "lo suficientemente claro" en cuanto a que la AGP tiene vedada la aplicación de cualquier tipo de sanción o penalidad a la compañía mientras se mantiene la causa en curso.
La pulseada promete reavivarse en los próximos días. Para los funcionarios, la empresa terminará aceptando su salida en los primeros días de junio cuando tenga que abonar las tasas portuarias y los sueldos de sus 500 empleados, inactivos por la falta de cargas y la caída operativa que registra la terminal.
En tanto, los voceros de Bactssa sostienen que en unos días recuperarán los permisos aduaneros y de Prefectura que tienen caídos para volver a operar y que la casa matriz de Hutchinson Ports está dispuesta a afrontar los costos económicos que sean necesarios para mantenerse en pie y participar en la futura licitación del puerto porteño.
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