19/12/21

Un reajuste en los subsidios caldea el clima en las empresas de colectivos

Las líneas del Conurbano rechazan la modificación que impulsa Transporte, que favorecería a las más grandes. Provincias golpeadas por la caída del Presupuesto.

Por Antonio Rossi



Las empresas de ómnibus urbanos de la región metropolitana transitan los últimos días del año en medio de un clima interno caldeado y con las luces de alerta encendidas ante una iniciativa oficial que busca modificar los parámetros utilizados para la asignación de los subsidios tarifarios que desembolsa el Gobierno. Tras tomar conocimiento del expediente iniciado en el Ministerio de Transporte, la cartera que conduce el massista Alexis Guerrera, para cambiar los criterios de distribución de las compensaciones económicas, un gran número de líneas que operan en municipios del Gran Buenos pusieron el grito en el cielo y advirtieron que la medida en juego implicaría un marcado recorte en los subsidios que reciben mensualmente.

Los reclamos de las empresas locales cuyos recorridos no llegan hasta la Capital Federal también resonaron puertas adentro en las cinco cámaras representativas del sector: AAETA, ACTA, CTPBA, CEAP y CETUBA. Las firmas dueñas de las líneas comunales con más pasajeros les endilgan a la directiva de esas entidades que no quieren poner la cara por ellas y que la pasividad mostrada hasta ahora tiende a beneficiar a las empresas más grandes, que serían las principales ganadoras.

El detonante de la bronca de las líneas del Conurbano fue el borrador de una resolución que circula desde hace dos semanas, que introduce nuevos criterios de ponderación para el reparto de los subsidios tarifarios destinados a las empresas de ómnibus del Área Metropolitana (AMBA).

La nueva norma que impulsa el subsecretario de Política Económica y Financiera de Transporte, Carlos Alfredo Vittor, y el secretario de Articulación Interjurisdiccional, Marcos Farina, prevé darle una mayor incidencia a la hora de asignar los subsidios a la cantidad de personal empleado en lugar de al número de pasajeros transportados por cada empresa.

Esa alteración en la ecuación interna que define las ayudas económicas va a contramano de lo que recomendado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el último informe que evaluó la situación del sector y el andamiaje legal y contable de la distribución de los subsidios metropolitanos.

Hasta ahora, los distintos niveles de compensación tarifaria que recibe cada línea surgen de una fórmula compuesta en un 80% por la cantidad de personas transportadas, un 10% por las nóminas salariales y un 10% por los kilómetros recorridos.

Esa fórmula se aplica sobre un “tablero operativo” definido por la resolución de Transporte 422/2012 que tiene sin actualizar tanto la cantidad de vehículos, como el cupo de gasoil diferencial que se toman como referencia para calcular el monto final de los subsidios específicos de cada línea.

En la práctica, las empresas más grandes que concentran la operación de varias líneas lograron ampliar y actualizar esas variables mediante autorizaciones individuales de Transporte, pero no ocurrió lo mismo con las líneas locales que, ante el crecimiento registrado en varios partidos del Conurbano, tuvieron que ampliar los servicios sin que hasta ahora hayan sido reconocidos en las planillas de los subsidios.

Para justificar los cambios en danza, Vittor y Farina se agarran del artículo de esa resolución de hace nueve años que habilitó a las autoridades de Transporte a “proceder a la adaptación de los parámetros y criterios de asignación en la medida que se obtenga mayor cantidad de datos del sistema SUBE y/o de cualquier otro mecanismo de información que permitan una mejor y más eficiente asignación de las compensaciones, considerando las variables del sistema de transporte en general y de cada operador en particular”.

El problema, según sostienen las líneas locales e intermunicipales, radica en que, al darle mayor preponderancia a la cantidad de personal empleado, las más beneficiadas serían las empresas y los grupos que pisan fuerte en la Capital Federal y en los principales partidos del AMBA. Ante la posible salida a la calle de la nueva resolución, algunas empresas afectadas ya habrían decidido pasar la ofensiva en la Justicia con la presentación de medidas cautelares que apuntan a mantener el statu quo y frenar los cambios en marcha.

Mientras siguen de cerca el movimiento administrativo de la polémica resolución, los empresarios del sector cruzan los dedos para que el funcionariado de Transporte actualice y destrabe antes de Navidad los pagos de los mayores costos operativos derivados de la última paritaria salarial. Si la llegada de esos fondos adicionales se demora más de lo previsto, varias líneas del Conurbano no estarían en condiciones de poder afrontar, en tiempo y forma, los pagos de aguinaldos y sueldos de diciembre.

Sin regalo de Papá Noel

Mientras tanto, las empresas de colectivos del interior se quedaron sin el regalo de Papá Noel que ya daban por descontado. El rechazo del Presupuesto 2022 en el Congreso dejó en el aire el aumento de subsidios que había concedido el Gobierno para conseguir el apoyo de los legisladores y las autoridades provinciales.

Según el proyecto inicial enviado en setiembre, las empresas del interior iban a recibir una compensación global de $ 27.000 millones. Tras negociar el acompañamiento de las provincias más afines, la administración nacional aceptó elevar la partida total de subsidios para las líneas del interior a $ 46.000 millones. Ese mayor desembolso se evaporó en el mismo instante en que Diputados rechazó el Presupuesto para el próximo año que impulsaba la Casa Rosada.

Ahora, las gobernaciones deberán volver a la carga para que la el Gobierno respete el compromiso asumido y apruebe por decreto el aumento del 70% anual que había habilitado para los colectivos del interior.

Nota Editada en LetraP