Por Antonio Rossi
A dos meses de que la Administración General de Puertos (AGP) debutara como la nueva concesionaria estatal y empezara a cobrar los peajes a los barcos, la hidrovía Paraguay-Paraná volvió a acaparar la atención de propios y extraños. Esta vez las miradas están focalizadas en el proceso licitatorio que tiene en curso el Gobierno para adjudicar las obras de dragado de la vía navegable troncal (VNT) por competencia de precios y por un plazo inicial de 180 días.
Se trata de la denominada “licitación corta” que apunta a elegir a la empresa que se ocupará de dragar y mantener las condiciones de navegabilidad de la hidrovía entre los meses de enero y setiembre de 2022 a la espera de que el Gobierno concrete la anunciada y varias veces prometida “licitación internacional larga” de donde saldrá el futuro concesionario privado del corredor fluvial más importante del país.
Luego de varios meses de idas y vueltas y una breve prórroga dispuesta en mayo, la administración de Alberto Fernández dio por terminado el contrato que estaba vigente desde 1995 con el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa y procedió a otorgarle a la AGP la “concesión temporaria” de la hidrovía por un plazo de 12 meses que empezó a correr desde el 11 de setiembre junto con la recaudación estatal de los peajes.
Sin dragas, ni equipos propios y sin tiempo para llamar a una licitación antes de asumir su nuevo rol de “concesionario transitorio”, el organismo portuario decidió salir del paso manteniendo en pie a las empresas que conformaban la operadora saliente. Lo hizo por medio de dos contratos directos firmados con Compañía Sudamericana de Dragados (CSD) –la empresa local de Jan de Nul– y con Emepa SA, que se extenderán hasta el 20 de enero de 2022.
Tras la contratación directa de CSD, la AGP que comanda el santacruceño José Beni puso en marcha una licitación pública para seleccionar a la operadora que deberá tomar la posta del dragado en la segunda quincena de enero. Para sorpresa de funcionarios y empresas usuarias de la hidrovía, la convocatoria despertó el interés de 15 compañías locales y extranjeras que buscan quedarse con las obras de mantenimiento de la VNT, valuadas oficialmente en 97 millones de dólares.
Encabezada por la sociedad de Jan de Nul que quiere revalidar sus pergaminos para segur reinando en la hidrovía, la lista de interesadas incluye a cinco dragadoras de nivel internacional y nueve empresas locales del ámbito naviero y portuario.
En el bloque de extranjeras aparecen las holandesas Boskalis y Van Oord, la china CCCC Shangai Dredging Co., la danesa Rodhe Nielsen y la belga Dredging International NV.
Por el lado doméstico, la nota más destacada es la aparición de Emepa, la empresa piloteada por el empresario radical Gabriel Romero que ha logrado conservar el contrato de balizamiento. Asociada con Jan de Nul, Emepa formó parte de Hidrovía SA, la concesionaria privada que durante 26 años se encargó del dragado y señalamiento de la vía navegable mediante el cobre de peajes a las navieras. Tras las elecciones de 2019 ganadas por el Frente de Todos, Romero quedó en la mira de las huestes kirchneristas por haber declarado en la denominada “causa de los cuadernos” el pago de un soborno de U$S600.000 por el decreto 113/2010, por el cual el gobierno de Cristina Kirchner le había extendido la concesión a Hidrovía SA. Si ahora afina los números y lleva como socia a una compañía que acredite los antecedentes técnicos exigidos en el pliego, Emepa podría pasar al frente y quedarse también con las obras de dragado para disgusto de aquellos que defienden a la vicepresidenta.
En la lista de empresas locales que se anotaron para competir también figuran Dragados Argentinos SA, Pentamar, DyOPSA, Servimagnus, Argenmar, Dredging International Argentina, Marítima Maruba y Sabavisa, la firma manejada por Victorio Gualtieri, el empresario que tuvo su época de auge con Eduardo Duhalde y que actualmente es uno de los principales contratistas nacionales de obras ferroviarias y de proyectos hidráulicos en la provincia de Buenos Aires.
Dragas y antecedentes
Las reglas de juego de la licitación prevén que las empresas podrán realizar los trabajos con dragas propias o alquiladas que estén tanto bajo bandera nacional, como extranjera. Los oferentes que se propongan la utilización de equipos inscriptos bajo bandera argentina correrán con ventaja con respecto a los que tengan o alquilen dragas extranjeras y podrán quedarse con las obras aunque sus precios sean un 5% superiores a las ofertas más bajas.
Si no hay un cambio de fechas a último momento, el 24 de noviembre las firmas oferentes tendrán que presentar sus propuestas en dos sobres. En el primero, deberán incluir el programa de trabajos, el plan de inversiones y un documento que certifique la disponibilidad de los equipamientos necesarios para las obras. Además, tendrán que demostrar su competencia técnica con la acreditación de obras de dragado similares realizadas en los últimos cinco años y un volumen de sedimentos extraídos equivalente a 26 millones de metros cúbicos anuales, el doble de lo que está previsto ejecutar durante los seis meses del contrato en juego.
En el segundo sobre, las empresas deberán cotizar sus ofertas desagregando los valores referidos a la movilización de los equipos y el precio a cobrar por cada metro cúbico de dragado.
Si bien la duración inicial del contrato fue fijada en 180 días corridos que llegan hasta mediados de julio del próximo año, los técnicos de la AGP dejaron la puerta abierta para poder prorrogar ese plazo todos los meses que sean necesarios en caso de que se atrase la licitación internacional que tiene que llevar adelante el nuevo Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable para elegir al concesionario privado que, en teoría, debería hacerse cargo de la hidrovía en setiembre del próximo año.
Nota Editada en LetraP
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