Por Antonio Rossi
Piloteada por el exintendente de Cañuelas Gustavo Arrieta, Vialidad Nacional afronta el tramo final de la campaña electoral, que tiene al oficialismo jugando a fondo para tratar de revertir la derrota de las PASO, envuelta en una situación muy particular y contrastante. El organismo vial no ha dejado pasar un día sin anunciar o inaugurar nuevas rutas, puentes y repavimentaciones de caminos. Al mismo tiempo, ha recibido fuertes críticas y objeciones que provienen tanto de sectores internos, como de exfuncionarios de la gestión macrista que, ante la falta de una política clara de comunicación, se animan a cuestionar las realizaciones de la repartición que está bajo la órbita de la cartera de Obras Públicas encabezada por Gabriel Katopodis.
Con la presencia del ministro en la mayoría de los casos y de quienes integran las listas del Frente de Todos para los comicios del 14N, en los últimos 30 días Vialidad protagonizó alrededor de diez actos con claro tinte electoral en los que se cortaron cintas de inicios y habilitaciones de obras en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, San Juan, Santiago del Estero, Misiones, Salta, Corrientes y Tucumán.
De acuerdo con los datos oficiales, Vialidad tienen en marcha un “paquete” de 200 obras a nivel nacional que abarcan la construcción de 1.103 kilómetros de nuevas autopistas y autovías y 11.213 kilómetros de trabajos de repavimentación y mantenimiento que implican una inversión en tres años de 390.000 millones de pesos. En medio de esa movida, la Asociación de Profesionales y Personal Superior Vialidad (APPSVN) salió al ruedo con un duro informe que puso el acento en el hecho de que “el 60% de la red troncal nacional se encuentra muy deteriorada y con un índice de estado por de debajo de lo aceptable”.
Remitido al despacho de Arrieta, el documento de los técnicos de Vialidad atribuyó el deterioro de las principales rutas del país al recorte de las partidas asignadas para obras que se son desviadas hacia la empresa estatal Corredores Viales y a los gobiernos provinciales y municipales que licitan y ejecutan distintos proyectos con los fondos que aporta el organismo nacional.
Estructurada como una sociedad anónima que tiene como accionistas al Ministerio de Obras Públicas (51%) y a Vialidad (49%), Corredores Viales se hizo cargo de todas las concesiones que venían de la época menemista y de los fallidos PPP heredados de la gestión macrista. El nucleamiento de profesionales advirtió que la peajera estatal no logra cubrir sus costos operativos con la recaudación de las cabinas y cada vez más necesita del auxilio económico de Vialidad para pagar sueldos y los trabajos menores de mantenimiento que tiene a su cargo. En lo que va del año, ya recibió 12.300 millones de pesos y no se descarta que después de las elecciones requiera una nueva asistencia para cerrar las cuentas de 2021.
El otro punto cuestionado por la APPSVN es el referido a los “convenios específicos” que Vialidad ha venido firmando desde diciembre de 2019 con provincias y municipios. Por medio de esos convenios, las autoridades distritales llevan adelante obras de nuevas rutas, repavimentaciones e intervenciones en avenidas y accesos a las ciudades que son cubiertas con recursos económicos que salen del “inciso 4 “del presupuesto que tiene Vialidad para la ejecución de obras en la red troncal nacional.
En 2020, el total desembolsado por los convenios específicos rozó los $ 25.000 millones y representó el 41,70% de los fondos para obras de Vialidad. En tanto, en los primeros ocho meses de este año, los contratos de los gobiernos provinciales y locales ya se llevaron $ 47.818 millones que equivalen al 43,4% de los recursos presupuestarios pautados para obras de Vialidad Nacional.
El documento de la APPSVN generó un fuerte revuelo interno y disparó la reacción de quienes comandan los distritos provinciales de Vialidad y se encolumnan con Arrieta. Tras una reunión realizada en Buenos Aires, las jefaturas distritales emitieron una nota dirigida a Katopodis y Arrieta en la que, tras rechazar el planteo del ente de profesionales, manifestaron su respaldo a la “gestión vial extremadamente federal” del gobierno de Alberto Fernández.
En la misiva, que fue suscripta por la totalidad de responsables provinciales con la única excepción del titular de Tucumán, Jorge Correa, defendieron los “convenios específicos” porque constituyen “una redistribución equitativa de los fondos, con el objetivo de que las obras viales lleguen a todos los y las habitantes de la Argentina, sin discriminación por motivos políticos o partidarios”.
Fuego cruzado macrista
Una de las últimas obras que habilitaron Katopodis, Arrieta y la candidata bonaerense Victoria Tolosa Paz fue tomada como bandera por exfuncionarios macristas para denunciar lo que califican como “seudo inauguraciones demagógicas”.
Se trata del sector de la ruta nacional 8 que une San Antonio de Areco con Capitán Sarmiento. Tanto el extitular de Vialidad e intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, como el excoordinador de Gestión Eduardo Plasencia salieron por distintas vías a señalar que ese tramo había sido construido en un 90% en el gobierno anterior, al cual solo le faltaban arreglos menores y parte de la señalética que fue instalada ahora, para exhibir una inauguración oficial de la obra.
Frente a esa crítica, ingenieros e inspectores de Vialidad contraponen otro “relato” que sostiene que a fines de 2019 los trabajos estaban paralizados y con una gran cantidad de certificados de obras adeudados. Para poder reactivarla, primero se pagó lo atrasado y después se encararon las obras pendientes en puentes y sectores sobre nivel que estaban sin hacer. En total, según la versión oficial, se habilitaron 26 kilómetros entre los arroyos Gómez y Cahuané, tres distribuidores y otros 6,9 kilómetros entre Capitán Sarmiento y el acceso a Arrecifes. Lejos de cerrarse, la polémica vial promete nuevos capítulos con las próximas inauguraciones del oficialismo.
Nota Editada en LetraP