Por Antonio Rossi
La pelea interna sobre el manejo de la hidrovía Paraná-Paraguay que mantienen el ministerio de Transporte, conducido por el massista Mario Meoni, y el sector kirchnerista del Frente de Todos sumó un nuevo capítulo conflictivo que evidencia la disparidad de visiones en la coalición de gobierno sobre el rumbo que debe tomar la autopista fluvial.
A menos de una semana del primer plenario del Consejo Federal de la Hidrovía, en el que Meoni prevé exponer el lunes 22 en Rosario el estado de situación del sector y los próximos pasos de la licitación del dragado y balizamiento de la vía navegable, dirigentes K liderados por el senador nacional Jorge Taiana resisten la línea ministerial con el planteo de tres medidas relevantes que se contraponen con el accionar que lleva adelante el Gobierno.
En los últimos días, desde las usinas del Senado y del Instituto Patria hicieron circular en distintas áreas oficiales y en el ámbito naviero y portuario el borrador de un decreto que altera en forma sustancial la modalidad y las condiciones establecidas para la nueva concesión de la hidrovía que fueron publicadas a fines de noviembre por medio del decreto 949/20. Según esa norma, el nuevo contrato mantendrá las bases principales que tiene la actual licencia que vence en mayo: ninguna clase de subsidio estatal, financiación privada de las obras y la recaudación por peaje para el concesionario.
El proyecto K va en la dirección opuesta. Sostiene que los ingresos de los peajes fluviales no vayan a la caja del operador privado y pasen directamente a ser cobrados por el Estado. Con esos recursos, los funcionarios pagarían las obras de dragado contratadas al nuevo concesionario, las cuales serían previamente controladas y verificadas.
En segundo lugar, promueve la creación de un “Órgano de Control de Concesiones de Obras Públicas de los Sistemas de Navegación Nacionales e Interjurisdiccionales”, que deja al margen a la cartera de Transporte y a las provincias y estaría integrado solamente por representantes del ministerio del Interior y de la Jefatura de Gabinete.
Y en tercer lugar, la iniciativa que impulsa el kirchnerismo plantea que el actual contrato con el consorcio Hidrovía SA que expira en mayo no sea extendido transitoriamente hasta la llegada del nuevo operador. Una vez que se concrete el vencimiento contractual, el ministerio de Transporte “debería instrumentar los medios necesarios para garantizar la continuidad de las obras de dragado” contratando en forma temporaria a otras empresas.
Contraataque
Ante el ruido que comenzó a generar la movida de Taiana y de los exfuncionarios de Puertos y Vías Navegables, Horacio Tettamanti y Sergio Dorrego; desde las oficinas de Meoni salieron a contrarrestar los planteos K por considerarlos contraproducentes y contrarios a la política oficial que busca captar nuevas inversiones y operadores privados para el sector. Según la visión de Transporte, el texto que echaron a rodar los referentes alineados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es un “borrador” de propuestas remitido al ministerio y no tiene -al menos por ahora- destino de decreto.
Con respecto a los peajes, apuntan que el decreto 949/20 dejó su percepción a cargo del nuevo concesionario. Con esa condición se están elaborando los pliegos para la nueva licitación y cualquier cambio en este punto lo tendría que definir la Casa Rosada. En cuanto al ente de control, señalan que esa cuestión ya había sido prevista en la “hoja de ruta” de la licitación que fue anunciada a principios de año.
Tras destacar con cierta ironía que los exfuncionarios que ahora se preocupan por el control no hicieron nada al respecto durante sus gestiones, los hombres de Transporte explican que la iniciativa oficial contempla la conformación de un nuevo organismo de control con participación de representantes provinciales, universidades y especialistas en transparencia institucional.
En cuanto a lo que se debe hacer a partir de mayo ante la finalización de la actual concesión, sostienen que lo más lógico y económico sería estirar la permanencia de Hidrovía SA por unos meses hasta que se conozca al ganador de la licitación. No obstante, para evitar nuevas críticas y objeciones, Meoni prevé elevarle al presidente Alberto Fernández un informe con los detalles y los costos de las dos alternativas en juego -prórroga al actual operador o contratación de otros dragadores privados- para que tenga la última palabra y defina el camino a seguir.
El factor Romero
Privatizada a mediados de los 90 y renegociada durante la gestión de CFK, la concesión de la autopista fluvial y marítima que enlaza los puertos del Litoral y bonaerenses está bajo el control de Hidrovía S.A., el consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la local Emepa. En los pasillos de Transporte como en las empresas del sector consideran que detrás de la movida de Taiana, que invoca cuestiones de “soberanía y defensa de las navieras y puertos locales”, estaría la sombra de la expresidenta que busca tomarse revancha del concesionario y especialmente de Gabriel Romero, el dueño de grupo Emepa.
Romero declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas que había pagado 600.000 dólares por el decreto 113/2010, con el cual el gobierno de Cristina Kirchner le prolongó la concesión de la hidrovía por diez años. Por ese motivo, sostienen, la vicepresidenta del Senado le habría bajado el pulgar al grupo de Romero y ordenado que se haga todo lo posible para dejarlo afuera del negocio.
El nudo de la interna
La grieta interna en el Frente de Todos por el manejo de la licitación se hizo visible tras la marcha atrás oficial de no constituir la nueva empresa estatal anunciada en la firma del “Acuerdo Federal de la Hidrovía” que tuvo lugar en Rosario en agosto pasado. En ese momento, Fernández y Meoni habían confirmado que estaba en camino la creación de una nueva “sociedad del Estado” para pilotear la futura concesión que iba a estar integrada por la Nación -con una participación del 51%- y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, con el 49% restante.
Cuatro meses después de ese anuncio, el Gobierno dejó de lado la conformación de la empresa estatal y en su lugar avanzó con el armado de otros dos organismos. Uno es el Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), integrado por representantes de las carteras Transporte, Interior y Desarrollo Productivo y por las siete provincias ribereñas, que no interviene en la licitación. El otro, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, encargada de “licitar y adjudicar la nueva concesión”, que depende directamente de Meoni y está encabezada por Pablo Barbieri, un especialista en derecho comercial, que fue asesor legal de la Secretaría de Deportes e integra actualmente el Tribunal de Ética de la AFA.
Nota Editada en LetraP
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